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El Gobierno presentó un nuevo proyecto de Ley de Educación Dual y Formación Técnica Dual, iniciativa con la que pretende dotar a los estudiantes de conocimientos y habilidades que faciliten su posterior incorporación al mundo laboral.
El plan, que se evaluará en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, contempla la educación dual tanto para colegios públicos como privados. Asimismo, no importa la actividad a la que se dediquen las empresas que accedan a recibir estudiantes para formarlos.
El objetivo, según el Ministerio de Educación (MEP), es que los estudiantes adquieran experiencia profesional alternando el tiempo entre las instituciones educativas y las empresas formadoras. A la vez, fortalecer las competencias profesionales y fomentar una transición adecuada de las aulas al trabajo.
Para que un estudiante pueda ser parte del plan de educación dual, el proyecto de ley plantea una edad mínima de 15 años. Sin embargo, hay una excepción para casos específicos donde el estudiante debe ser mayor de edad. Esto dependerá de la actividad en la que se va a formar.
La propuesta establece una serie de “derechos de los estudiantes” con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para los colegiales.
En todo momento la persona deberá ser reconocida y respetada como estudiante y persona menor de edad dentro de la empresa formadora, según detalla el texto.
El espacio en el que se desarrolle la formación dual, debe estar libre de todo tipo de discriminación. El estudiante podrá recibir visitas del docente asignado dentro de la empresa formadora. En caso de que el menor sufra algún maltrato, podrá solicitar un cambio de compañía.
La firma deberá entregarle al estudiante todos elementos de seguridad personal que requiera durante la duración del programa.
Además, tanto los estudiantes de instituciones públicas como privadas, podrán optar por una beca del fondo especial del Instituto Nacional de Aprendizaje —institución que dedicará al menos un 1 % de su presupuesto para este programa—, para cubrir rubros como transporte, alimentación, vestimenta y equipo mínimo de protección especial, así como el costo del programa.
No obstante, cuando sea la firma la que busque al centro educativo para contratar el programa de educación dual, deberá cubrir la beca del estudiante —que será girada a través del colegio— así como el costo total del programa educativo.
El proyecto de ley también especifica algunas obligaciones para los estudiantes. Entre ellas, cumplir con las reglas de convivencia y comportamiento en la empresa formadora y seguir las normas de seguridad de la misma.
Además, los colegiales serán sometidos a evaluaciones dentro de la compañía.
Ninguna empresa podrá recibir más estudiantes de los que le permita su capacidad instalada. La cantidad de estudiantes por mentor será detallado en el reglamento en caso de que el proyecto sea aprobado en la Asamblea Legislativa.
El proyecto contempla la creación de una Comisión Asesora y Promotora de la Educación y Formación Técnica Profesional (ETFP) Dual, con carácter consultivo.
Esta comisión estará adscrita al Ministerio de Educación Pública y será integrada por los ministros de Educación y de Trabajo y Seguridad Social, y el presidente ejecutivo del INA.
Además, habrá un representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare), la Unidad de Rectores de Universidades Privadas (Unire), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y del sector sindical.
Con excepción de los puestos delegados por el Gobierno, los demás representantes tendrán una duración de dos años dentro de la comisión. Deberán reunirse bimensualmente y extraordinariamente cuando sea convocado por el presidente.
El proyecto pasará a ser dictaminado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa donde ya hay un proyecto de ley sobre educación dual, presentado en abril del 2018 por el entonces diputado liberacionista Ronny Monge.
