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No fue el 2% que quería Casa Presidencial y tampoco fue el 0% que promovían Carlos Avendaño y sus aliados. Las negociaciones del Gobierno terminaron por mover los hilos del Congreso y consiguieron que el joven diputado Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), regresara a la línea de su bancada y apoyara la aplicación del 1% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la canasta básica.
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La semana que recién terminó en el Congreso dejó una reforma tributaria drenada, sí, pero no tanto como la que se aprobó el pasado 22 de agosto con tarifas del 0% del IVA para la canasta básica y los servicios de educación privada.
El golpe fue tan fuerte que Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, tuvo que ir al plenario -de sorpresa- para explicarle a los diputados que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no es un instrumento para hacer política. El documento es un “ejercicio de sacrificio fiscal” en el que todos debían contribuir y los legisladores lo estaban desangrando.
Tensiones por el IVA y la canasta básica
El pasado 24 de agosto, ante la mirada de propios y extraños, la Comisión Especial de Reforma Fiscal fue el escenario de un verdadero drama legislativo. Gustavo Viales, diputado liberacionista, rompió la voluntad de su partido y votó a favor de una moción que eliminaba el IVA para los productos de la canasta básica.
Por su parte, Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se alió con el bloque impulsado por Avendaño para exonerar los servicios de educación privada del pago del IVA.
La gente nunca entenderá que mi lucha valió para bajar un impuesto del 2% al 1% para dirigir parte de esos recursos al régimen no contributivo para dar pensión y seguro médico a los más pobres que hoy hacen fila en más de 10mil solicitudes que no se atienden por falta de recursos
— Gustavo Viales (@GustavoVialesCR) September 5, 2018
Después de los episodios negativos, la semana del 3 al 7 de setiembre trajo nuevos bríos para el Gobierno. Era frecuente ver en los pasillos del Congreso a lobistas de diferentes sectores, pero también se reforzó la presencia del Ejecutivo con Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, mucho más presente en el lugar de los hechos.
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En la sesión nocturna del pasado martes 4 de setiembre, la discusión cambió de rumbo. Minutos antes de que iniciara la actividad en la Comisión Especial de Reforma Fiscal, Piza entró al recinto, tomó asiento y se quedó en silencio, pensativo, eludiendo a los lobistas de los sindicatos de salud quienes se le acercaban para defender el enganche salarial de los médicos.
“El Gobierno no se va a meter en eso, estamos concentrados en el IVA”, rechazaba el Ministro de la Presidencia.
Viales quien anunció su cambió de posición: tras un acuerdo con el Gobierno apoyaría la imposición de una tarifa del 1% del IVA para la canasta básica con el entendido de que ese dinero se utilice para financiar las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En la votación y Viales levantó la mano -ante la incredulidad de Carlos Avendaño- para aprobar la moción 700 que revivía todo el capítulo del IVA que se había desechado una semana antes en ese mismo foro legislativo.
El Gobierno no obtuvo los ¢66.000 millones que pretendía con el 2% del IVA a la canasta básica, pero al menos se aseguró unos ¢30.000 millones cada año.
Golpes que no cambiaron
La semana pasada también dejó un cambio en el camino. En la sesión de la mañana del miércoles 5 de setiembre, los diputados también revirtieron la moción que eliminaba el enganche salarial de los médicos.
El 22 de agosto, el oficialista Welmer Ramos había dado su voto para eliminar este beneficio que obliga al Estado a aumentar los salarios de los médicos de la CCSS cada vez que se hacen ajustes de sueldos a otros funcionarios del sector público como abogados, asistentes administrativos o misceláneos.
El argumento del legislador del PAC -más tarde respaldado por el Gobierno- es que si se eliminaba el enganche salarial para los médicos se podría cometer un vicio de constitucionalidad que finalmente se traería abajo las aspiraciones del Ejecutivo de que se apruebe y entre en vigor la reforma fiscal cuanto antes.
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El otro gran tema que se dilucidó en la comisión la semana pasada fue la exoneración del 2% del IVA para todos los servicios privados de educación, incluidos kínder, primaria, secundaria, parauniversitaria, técnica y universitaria.
La moción fue promovida por los diputados Pedro Muñoz, del PUSC y Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Esta exoneración para la educación privada se traducirá en ¢27.000 millones que Hacienda dejaría de percibir cada año por no gravar los servicios.
Más ajustes
La comisión que ya ha aprobado y revisado cientos de mociones también hizo otros ajustes a la reforma fiscal, entre los que destacan que solo los empleados públicos que reciban calificaciones de “excelente” y “muy bueno” podrán recibir el pago de anualidades.
Los legisladores también le bajaron el tono a los impuestos que deberán pagar los afiliados a las asociaciones solidaristas cada vez que reciben sus excedentes. Ese tributo se había fijado originalmente en un 10% y se cobraría cuando las entidades depositaban a sus socios los dividendos.
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La modificación aprobada la semana anterior deja en un 5% la tarifa del gravamen para quienes reciban menos de ¢431.000 colones de dividendos (un salario base).
También se crearon dos nuevos tramos del impuesto de renta para los dividendos: un 7% para ganancias de entre ¢431.000 y ¢862.000 y un 10% para las que superen los ¢862.000.
Los servicios turísticos que ofrezcan las empresas inscritas ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) estarán exentos del IVA durante el primer año, para el segundo año pagarán el 4%, el tercer año la tarifa será del 8% y a partir del cuarto año serán gravados con el 13%.
Los congresistas fijaron un impuesto del 15% para las rentas y ganancias de capital con algunas excepciones. Por ejemplo, los bienes y derechos adquiridos antes de la entrada en vigor de la ley tendrán una tarifa del 2,25%.
En el caso del impuesto sobre las ganancias de capital se cancelará ante Tributación una vez que la persona reciba el dinero -ganancia- por la venta de una casa, lote, acción, licencia, programa informático, entre otros.
Las asociaciones de desarrollo y las juntas de educación no tendrán que pagar el IVA y quedarán exentas siempre que cumplan con sus funciones.
Se aplicará una exención para liberar del IVA a los equipos ortopédicos, sillas de ruedas, prótesis y equipamiento para programas de rehabilitación y educación especial.
La primera reforma fiscal presentada por este Gobierno pretendía recaudar ¢562.000 millones por año, pero fue rechazada por la Comisión Especial. Luego llegó el texto sustitutivo con aspiraciones de obtener ¢468.000 millones anuales.
Con los cambios a probados hasta el cierre de edición de esta nota, Hacienda solo perdió ¢68.000 millones de los ¢468.000 iniciales. Los ajustes más sensibles se dieron en canasta básica (¢36.000 millones), educación privada (¢27.000 millones) y otras exenciones (¢5.000 millones).
Lo cierto es que la recaudación y las medidas de ahorro todavía se quedan cortas para subsanar un déficit financiero que llegará al 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al final del año y que amenaza con presiones constantes que continuarán deteriorando la economía del país.
