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El ímpetu de los sindicatos para oponerse a la reforma fiscal se desgasta ante la ciudadanía, los empresarios privados y el propio gobierno de Carlos Alvarado, principal impulsor del paquete tributario que se tramita en el Congreso.
Es cierto, el movimiento sindical de este lunes 25 de julio provocó afectación en numerosos servicios públicos como hospitales, escuelas y atención en entidades gubernamentales, también hubo manifestaciones en carreteras dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) y fuera de ella.
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Sin embargo, algunos ciudadanos reprocharon, en redes sociales, la protesta de los sindicatos y los efectos colaterales de estos movimientos. En la terminal de trenes de Heredia, por ejemplo, un solo manifestante impidió la salida de algunos viajes a San José, pero tras la presión de decenas de usuarios que estaban en el lugar, finalmente el servicio se brindó.
El Gobierno desestimó la validez de la huelga. Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, aseguró en cadena nacional la noche de este domingo, que el llamado de los sindicatos es "injustificado" y pidió prudencia a los gremios.
El sector empresarial también levantó la voz en contra de la huelga de este lunes. Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) destacó la importancia de resolver la crisis fiscal que atraviesa el país y calificó como un "desatino" las acciones sindicales.
"Los privilegios de unos cuantos no deben estar por encima del bien nacional. Mucho de la crisis fiscal se produjo porque hubo un aumento desmedido en las remuneraciones del sector público y hoy todos debemos hacer un esfuerzo para contener el gasto y mejorar los ingresos. No se vale que los sindicatos no quieran colaborar cuando el sector productivo sí lo está haciendo", apuntó.
El déficit fiscal del país llegará al 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de este año y se elevará a un preocupante nivel del 7,9% de la producción nacional para el 2019, según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Para minimizar el bache entre los ingresos y los gastos -más intereses- en las finanzas estatales, el Gobierno anunció a finales de mayo una serie de 28 medidas para contener y recortar el gasto público, estas acciones incluyen modificaciones a los salarios, pluses y anualidades de los trabajadores públicos, lo que finalmente generó incomodidad en los sindicatos.
Carlos Alvarado también presentó la semana anterior 10 medidas para cerrar filas ante la evasión fiscal y el contrabando de mercancías en el país, con esta ruta el Ejecutivo pretende recuperar ¢50.000 millones solo este año.
La vieja receta de la huelga
Los sindicatos, habituados a tomar las calles y afectar servicios públicos, apelaron a la vieja receta de la huelga para declararle la guerra a la reforma fiscal, rebautizada por ellos mismos como 'combo fiscal' con el fin de despertar los ánimos que en su momento levantó el controversial 'combo del ICE'.
Los argumentos de los sindicatos ya son conocidos. No pueden aceptar más impuestos para la clase trabajadora, la desigualdad crece y la economía atraviesa un momento complejo.
A las calles saltaron este lunes los dos bandos sindicales más grandes del país y sus grupos afiliados. El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) opera como una organización sombrilla que agrupa a sindicatos de educación principalmente, mientras que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aglomera a grupos de salud, municipalidades e instituciones de Gobierno Central y descentralizadas.
Las caras visibles del movimiento son dos viejos conocidos. Albino Vargas, secretario general de la ANEP y Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), este último tuvo un papel protagónico en la huelga de maestros que recibió a Luis Guillermo Solís en el poder durante el 2014 y que se prolongó por un mes.
Justamente Cascante envió una señal a Casa Presidencial la mañana de este lunes cuando hizo un llamado al Gobierno para que abra el diálogo con los sindicatos, el objetivo es generar modificaciones al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se dirime en la Asamblea Legislativa.
Vargas fue más tajante en la conferencia de prensa del pasado 14 de junio -cuando los sindicatos anunciaron la huelga de este lunes-. El líder sindical aseguró que la desigualdad en el país alcanzó niveles que no se registraban desde 1980 y por eso no pueden aceptar los recortes al gasto público ni los cambios a los impuestos de ventas y renta que se proponen en la reforma fiscal.
Los líderes sindicales bautizaron la reforma fiscal con el nombre de 'combo fiscal' en alusión al combo del ICE, un paquete de tres proyectos de ley aprobados durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez para abrir el monopolio de telecomunicaciones y electricidad, lo que desencadenó una oleada de fuertes protestas en el país.
Los efectos del movimiento
Pese a que el grito de guerra sindical es bastante vehemente, los grupos en huelga lograron levantar un movimiento de apenas un día.
El pasado 14 de julio alegaron en conferencia de prensa que analizarían una huelga indefinida, pero el discurso cambió este lunes cuando dijeron que la protesta era apenas una primera acción.
Entre los efectos que provocó la huelga de este lunes se cuentan un 98% de afectación en los servicios de salud del Hospital México, atrasos en el transbordo de los servicios de tren entre San José, Heredia y Alajuela, suspensión de clases en algunas escuelas y colegios y 37 cirugías que no se realizaron en el Hospital San Juan de Dios.
El Gobierno informó que los servicios de carga y descarga de contenedores en el puerto de Moín se ofrecen con normalidad, tampoco se dieron atrasos en las operaciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ni en los aeropuertos.
El impacto directo más importante del movimiento sindical es el cierre total o parcial de vías importantes conforme avanzan las manifestaciones. Los sindicatos caminaron desde el Hospital México, en La Uruca, hasta la Asamblea Legislativa, durante el trayecto recorrieron el Paseo Colón, la Avenida Segunda -en donde hicieron un mitin frente al Ministerio de Hacienda- y continuaron hacia Cuesta de Moras.
Las oficinas de prensa de los sindicatos también reportan manifestaciones en comunidades como Santa Cruz y Liberia, en Guanacaste; Quepos y Buenos Aires, en Puntarenas; Heredia centro; Tibás, Goicoechea, Coronado, Curridabat y Moravia, en San José.
Ruptura de la paz social
La huelga de este lunes contra la reforma fiscal rompe con la paz social que imperó a lo largo del Gobierno de Luis Guillermo Solís.
Esta afirmación se sostiene con base en datos del Informe Estado de la Nación 2017. La investigación detalla que las protestas sociales se redujeron en el periodo 2014-2016.
El Programa Estado de la Nación (PEN) cuenta con una base de datos de manifestaciones sociales que se nutre desde 1992.
Entre enero y diciembre del 2016, se contabilizaron 323 protestas en todo el país -incluye movimientos pequeños y grandes-, esta cifra es menor al promedio histórico de manifestaciones que es de 395 por año.
Sin embargo, la disminución en los niveles de protesta social inició en el 2014, de manera coincidente con el inicio de gobierno de Solís.
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El país no vivía dos años consecutivos de reducción de las acciones colectivas desde el periodo 2004-2006. En ese año, se dieron fuertes reacciones sociales a la decisión del Gobierno de otorgar la revisión técnica vehicular a una empresa privada.
La última oleada de protestas sociales ocurrió entre enero y julio del 2014. Durante esos siete meses consecutivos se registraron niveles por encima del promedio mensual de 33 acciones colectivas y en uno de esos meses se superaron las 77 protestas, cifra a partir de la cual el evento se considera de intensidad extrema.
