EscucharEl proyecto de ley que empuja el Gobierno en la Asamblea Legislativa para que se le autorice una nueva emisión de títulos valores en el mercado internacional –popularmente conocidos como eurobonos– se atasca en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa por una única, pero muy importante, cuestión: los legisladores se dividen entre las posibilidades de aprobar cuatro emisiones por $6.000 millones en cinco años, o $1.500 millones en solo uno tracto.
La comisión rechazó la semana pasada una propuesta de texto sustitutivo que impulsaban algunos diputados de oposición para reducir el monto propuesto; sin embargo, la discusión sigue abierta y el número de congresistas que aboga por un número más bajo es suficiente para que la negociación se torne compleja.
Por los $1.500 millones abogan un bloque compuesto por la mayoría de diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberal Progresista (PLP) que son minoría en la comisión, pero que conforman una mayoría técnica en el Plenario Legislativo (encargado de la decisión final). Este grupo de diputados consideran que el Gobierno no ha sido claro, ni se ha comprometido con una “ruta fiscal” específica y que entonces aprobarle un acceso de $6.000 millones sería una especie de “cheque en blanco” para relajar su voluntad para hacer un gasto más eficiente de los recursos públicos y mejorar la recaudación.
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Por otro lado, el Gobierno y algunos diputados de oposición –un par del PLN, las fracciones de Nueva República (PNR) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)– consideran que es oportuno admitir un permiso de $6.000 millones para mejorar el perfil de la deuda costarricense en el largo plazo. Sin embargo, a pesar de que son mayoría en comisión, representan una minoría en el plenario.
El debate está en el ambiente y no se resuelve todavía. Sin embargo, el proyecto debería aprobarse a más tardar el 29 de agosto por sus plazos reglamentarios. En ese período la comisión podrá votar mociones para modificarlo, incluida una propuesta actualmente en discusión que permitiría la emisión de $6.000 millones, sujeta a algunos controles.
El trámite sigue más o menos crudo, a pesar de que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, no se cansa de llamar la atención sobre la urgencia de una aprobación pronta en el Congreso. La disponibilidad del dinero es urgente para pagar un vencimiento de deuda por $1.000 millones pactado para el 26 de enero próximo, sin la necesidad de presionar más las tasas de interés del mercado local y el tipo de cambio.
Además del vencimiento de enero, Hacienda tiene otros por $1.000 millones más entre deuda externa e interna que debe cancelar en lo que resta de ese año.
¿Cheques en blanco?
Con excepción del presidente legislativo Rodrigo Arias y de la diputada Carolina Delgado, el resto de la bancada del PLN (compuesta por 19 legisladores) opta por una autorización de apenas $1.500 millones, al menos por el momento. El dato se lo confirmó a La Nación la jefa de esa bancada, Kattia Rivera.
A esa postura mayoritaria en Liberación se suma la de las bancadas del FA y del PLP, que piden al Gobierno más claridad sobre sus planes futuros en materia de ingreso y gasto público antes de darle mayor oxígeno financiero para el pago de la deuda.
Entre los 17 diputados del PLN, los seis del FA y los seis del PLP, se conforma un bloque de al menos 29 legisladores en el Plenario Legislativo: una cifra que dificultaría al Gobierno obtener cualquier crédito externo en ese foro, pues este tipo de proyectos deben ser aprobados por al menos 38 de los 57.
Si el Gobierno quiere los $6.000 millones (o cualquier suma superior a los $1.500 millones) tendría que convencer a una buena parte de ese bloque de que es el movimiento más razonable.
El proyecto de ley de eurobonos original impulsaba un permiso para acceder a $6.000 millones de deuda externa en los próximos cinco años, así como a su debido refinanciamiento en el momento de su vencimiento. También incluía un permiso para que el Poder Ejecutivo acuda a líneas de crédito exprés por hasta $500 millones cada año con entidades nacionales o internacionales, cuando así lo requiriese por necesidad de liquidez.
Esa propuesta la dejó en marcha el gobierno de Carlos Alvarado, conociendo sobre los vencimientos; y ahora el presidente Chaves la retomó.
No obstante, el debate legislativo parace completamente negativo para los refinanciamientos y para las líneas de crédito exprés. Lo que sigue en discusión es si se aprueba solo el primer tracto de $1.500 millones o cuatro, por $6.000 millones totales, para los próximos cinco años.
Según acotó la diputada Monserrat Ruiz, en la comisión de Asuntos Económicos, la preocupación relacionada con aprobar un paquete de $6.000 millones (nunca antes autorizado en esas proporciones) radica en que sería “generar una especie de estabilidad artificial en las finanzas del Gobierno Central” a un gobierno que aún no deja patentes compomisos en planos urgentes como “la reducción del gasto público, la reforma del Estado, la reducción de la evasión fiscal y la mejora en la recaudación”.
Las puertas, sin embargo, no están cerradas para futuras nuevas negociaciones, observó.
Prontos anuncios
El presidente Rodrigo Chaves afirmó este 9 de agosto, tras una reunión con el presidente legislativo Arias, que intensificará sus esfuerzos para explicar por qué considera necesaria la autorización para emitir $6.000 millones en cuatro años y no menos. Dijo que realizará anuncios el próximo 16 de agosto, cuando se cumplan los primeros 100 días de su gobierno, relacionados con la “ruta fiscal” que tanto le piden los diputados.
Según afirmó, el país debe pagar varias “torres de vencimientos” de deuda y “tal vez se debe explicar de manera más clara que esos eurobonos no son para financiar más gasto fiscal, ni para crear más déficit, sino para amortizar más deudas y obligaciones que tenemos”.
La solicitud de mayor claridad y transparecia es la tónica en el Congreso, y el Gobierno buscará convencer a los diputados.
Sofía Guillén, representante del FA en la comisión de Económicos, dice tener un ánimo constructivo y que mucho también dependerá del ánimo del Ejecutivo para definir una planificación conjunta, en medio de las diferencias ideológicas entre fracciones.
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Lejos de la zona de conflicto, las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Nueva República (PNR) son receptivos a aprobar las intenciones del Gobierno. El PUSC incluso es la fracción que defiende más comunmente que se aprueben los $6.000 millones en el foro de Económicos.
Tanto Nueva República como la Unidad abogaron por reducir la última emisión de eurobonos que hizo Costa Rica. Pidieron reducir el monto de $6.000 millones a solo $1.500 millones en 2019, e incluso los primeros finalmente votaron en contra de cualquier emisión (como bloque independiente y no como partido electo, en aquel entonces). Pero ahora ambas bancadas parecen tener más confianza en el Ejecutivo.
María Marta Carballo, del PUSC, afirmó en Comisión de Económicos este miércoles que los $6.000 millones son una cifra importante, pero realmente necesaria. Además, indicó que se pueden establecer controles a las colocaciones, como el hecho de que el Gobierno solo pueda efectuarlas cuando mantenga determinados niveles de superávit primario o cuestiones similares.
Consultada por EF la semana pasada, la presidenta de la comisión Vanessa Castro, del PUSC, afirmó considerar necesario seguir una ruta de $6.000 millones y más controles. Pero reconoció que queda mucho por discutir en ese sentido.
El Gobierno esperaba optener la aprobación para emitir deuda externa antes de la primera mitad de agosto, algo que ahora parece complicado.
La prisa es tal porque está en el ambiente el vencimiento de $1.000 millones en enero, y la aprobación legislativa de la nueva emisión es apenas el primer paso de un proceso de varias semanas que requiere de varias contrataciones internacionales, la elaboración de documentos y la realización de visitas a inversionistas, entre otras cuestiones.
Ese trámite tomaría al menos unos tres meses al Gobierno, según ha dicho el ministro Nogui Acosta y, además, las colocaciones son más ventajosas antes del día de Acción de Gracias (Thanksgiving), el 26 de noviembre, para el que apenas faltan tres meses y un par de semanas. Luego de ese momento aún se pueden realizar las colocaciones, pero es común que algunos inversionistas se retiren del mercado para cerrar sus resultados anuales con más calma y que funcionarios suyos salgan de vacaciones, lo que merma el premio por ir al mercado internacional.
El escenario habla de un Gobierno que deberá amarrarse las mangas y negociar con mayor fuerza en el Congreso. Será su primer gran pulso en Cuesta de Moras y quedan por verse los resultados.
La discusión sigue abierta y el tiempo corre.
