EscucharEl Ministerio Público allanó este martes las instalaciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y ordenó la detención de cuatro personas, incluido el secretario general de la institución, por un caso de presunta corrupción relacionado con la entrega de permisos ambientales.
“La Fiscalía inició esta investigación luego de que ingresara una denuncia en contra de funcionarios de Setena y particulares, ya que, en apariencia, estas personas se dedicaron a la comisión de delitos de corrupción, para la presunta obtención de beneficios indebidos en los trámites de viabilidad ambiental”, explicó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa.
Entre los funcionarios detenidos destaca el secretario general de Setena, Ulises Álvarez, según confirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, consultado por diversos medios de comunicación esta mañana.
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El OIJ confirmó que una de las personas detenidas este martes fue Ulises Álvarez, secretario general de Setena. (CFIA)
Además, se ordenó la detención de otros dos funcionarios de servicios técnicos y de TI (tecnologías de la información) de Setena, de apellidos Quirós Brenes y Gutiérrez Durán; así como de un empresario privado de apellidos Murillo Martínez, que trabaja como gestor externo.
Solo se detuvo a cuatro personas para tomarles declaración y evaluar eventuales medidas cautelares, aunque existen nueve imputados, según Zúñiga.
”En apariencia”, explicó el director del OIJ a Telenoticias, “lo que hacían estas personas era facilitar todas las herramientas y los insumos para que los permisos pudieran salir completamente bien” a cambio de dinero, “presuntamente”.
Además de las oficinas de Setena, se realizaron allanamientos simultáneos en otros 13 lugares, incluidas las casas de los sospechosos.
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El OIJ allanó 13 lugares, incluidas las casas de los sospechosos y las oficinas centrales de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Los operativos, informó el Ministerio Público, “permitieron a las autoridades judiciales decomisar prueba documental, equipos electrónicos y otros indicios relevantes”.
El caso fue identificado como “Comején” por las autoridades judiciales, y se tramita bajo el número de expediente 21-011218-0042-PE. En él, se investigan los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio (sobornos), y penalidad del corruptor.
El caso se mantiene en la etapa preparatoria; es decir, en recolección y análisis de prueba.
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