EscucharAllá en el monte Olimpo, donde solo se sientan los doce dioses de la mitología griega, también hay sillas para los miembros de las juntas directivas de los bancos públicos de Costa Rica.
Es cierto, ni Zeus, ni Hermes, ni Atenea asumen posiciones en las mesas redondas para decidir sobre planes estratégicos, gestión de riesgo, ni mucho menos, créditos concedidos a empresarios para importar y nacionalizar cemento chino.
Quienes toman esas decisiones son personas con conocimientos en finanzas, economía, derecho y, sobre todo, con idoneidad para ocupar esos cargos. Así debería ser según la ley.
Pero entonces, ¿quiénes son esas personas que ostentan las sillas de las juntas directivas de los bancos estatales?, ¿cómo llegan a esos cargos?, ¿los evalúan cada año para saber cuán eficiente es su gestión?, ¿quién hace esas mediciones de seguimiento?
Para responder estas preguntas, EF comparó normativas nacionales e internacionales para determinar vacíos en la operación de las juntas directivas de las entidades bancarias estatales.
Uno de los resultados es que, en el caso costarricense, existen muy pocas evaluaciones o mecanismos para revisar el trabajo de los directores, así es como se observa desde abajo a quienes están en el Olimpo.
¿Perfiles o dedo político?
En Costa Rica, los directivos de los bancos públicos son nombrados por el Consejo de Gobierno.
La selección es prácticamente “a dedo”, reconoció Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, en entrevista con este semanario.
Consultado sobre cómo se hicieron los nombramientos de los actuales directores de los bancos, indicó que no sabe los detalles porque no era ministro cuando se dieron esas designaciones.
Alfaro recordó que cuando estuvo en la directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), él mismo llevó propuestas de nombres para que ocuparan cargos en ese órgano colegiado.
Más o menos así se nombra a los directivos de los bancos públicos. El Consejo de Gobierno recibe nombres de personas, valora sus currículos, sus experiencias de vida, y los aprueba.
Un documento llamado “Prácticas de gobierno corporativo para bancos”, elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en Suiza, define un camino diferente para seleccionar a las personas que integran las juntas directivas.
Los bancos deben tener perfiles específicos para cada una de las posiciones que se requieren en ese consejo superior.
La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, normativa que data de 1953 con los últimos cambios en el 2002, establece únicamente que las juntas deben ser integradas por cuatro personas con grado académico de licenciatura, uno de ellos debe ser abogado, y el otro, economista.
La normativa de Basilea apunta a la creación de perfiles más específicos con conocimientos en economía, finanzas, tecnologías de información, banca, análisis y gestión de riesgo, entre otras.
Es cierto que la formación académica no puede ser todo en la designación de los directores, también se deben considerar la experiencia y la idoneidad.
Gerardo Corrales, economista y exgerente general de BAC San José, consideró que históricamente en Costa Rica se han nombrado personas sin conocimientos en banca, gestión de riesgo y gobierno corporativo.
“Estos puestos se usan como botín político, con perfiles de diputados o amistades con políticos, dejando de lado el interés de la gestión de la administración bancaria y por eso se presentan los conflictos de interés, tráfico de influencias y conexiones políticas”, fustigó Corrales.
Gina Ampié, exdirectiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), cree que se deben “despolitizar” las juntas directivas, sacando personas que no tienen experiencia en banca, y que deben favores políticos.
Entonces, ¿quién define cuando alguien es idóneo o no, para ocupar un cargo?
Sergio Alfaro precisó que en esta materia hace falta desarrollar mecanismos concretos, y reconoció que es uno de los vacíos del modelo actual.
El Poder Ejecutivo trabaja en la creación de un plan para fortalecer el gobierno corporativo en empresas públicas, esta normativa se implementaría en el último trimestre del 2017 mediante mecanismos de control interno, decretos y directrices.
La nueva iniciativa iría más allá de los bancos públicos y toca a todas las empresas del Estado, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Entre los principales cambios, destaca la creación de una unidad –adscrita al Consejo de Gobierno– que hará más transparente el nombramiento de los directivos, generará mecanismos de evaluación, y centralizará los informes que emita cada cuerpo colegiado mediante un sistema de rendición de cuentas.
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Empero, la ley impide quitar de las manos del Gobierno la elección y el nombramiento de las personas que integran las directivas de los bancos del Estado.
José Luis Arce, exjerarca del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), llamó la atención sobre la importancia de que el presidente de la República y el consejo de Gobierno tomen con seriedad estos nombramientos.
“El caso del Banco Anglo (1994) al final se resume en problemas de gobernanza corporativa: juntas inefectivas, gerencias con agendas propias y sin controles”, recordó.
Dioses sin evaluación
El Comité Bancario de Basilea recomienda evaluar una vez al año la gestión individual de cada director y, por supuesto, el trabajo grupal que hace la junta.
Sin embargo, eso no ocurre en Costa Rica de forma sistemática.
Alfaro reconoció que no hay ningún mecanismo de evaluación del Poder Ejecutivo sobre la labor de los directores.
El Gobierno nombra siete directivos por cada banco público para que ejerzan su cargo por ocho años, pero nadie revisa el trabajo de estas personas una vez que están en la junta y en los diferentes comités bancarios.
Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif, dijo que actualmente hay normas claras en el Reglamento de Gobierno Corporativo que entró a regir en diciembre del 2016, pero reconoció que hay áreas por mejorar.
“Existen debilidades y retos importantes en cuanto a los procesos de selección y determinación de la idoneidad, experiencia suficiente y evaluación de los miembros de sus órganos de dirección”, apuntó.
Jeannette Ruiz, actual directiva del Banco Nacional de Costa Rica, señaló que no existen mecanismos de evaluación por parte del Gobierno, y los procesos de revisión del regulador –Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)– se centran más en la labor de toda la junta.
Conassif y Sugef promueven una propuesta de proyecto de ley para fortalecer la gestión del gobierno corporativo de los bancos públicos y privados del país.
La elección perfecta
No existe una fórmula escrita en piedra para nombrar a las personas idóneas en consejos bancarios, las reglas no son infalibles.
La historia dejó lecciones de las cuales el país debió aprender.
23 años después del cierre del Banco Anglo, una entidad que se ahogó en un mar de malas decisiones de sus directivos y su cuerpo gerencial; el zoom in ahora se centra en la actuación de los actuales directores del Banco de Costa Rica (BCR).
La junta de esta entidad aprobó dos créditos en condiciones dudosas que están bajo investigación en el Congreso y la Fiscalía.
El primer préstamo se otorgó a Sinocem Costa Rica, firma del empresario Juan Carlos Bolaños, para importar cemento de China, con el mismo material de construcción como garantía.
El segundo crédito se giró a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para la compra de una planta hidroeléctrica. Esta transacción se realizó en el bufete donde labora Alberto Raven, directivo suspendido del BCR, quien además era fiscal de Holcim.
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Las buenas prácticas internacionales dan una luz del camino a seguir, los jerarcas de las diferentes entidades tienen claro que se deben implementar cambios, pero el peso político puede teñir los cargos directivos en el futuro.
Entonces, en el Olimpo bancario, allá arriba, donde se toman decisiones importantes, sin duda deben estar las mejores personas por su conocimiento, experiencia, transparencia, pero sobre todo, por su independencia.
¿Cuántos errores más deben cometer las juntas de los bancos para aprender la lección?
