EscucharEl refugio nacional Gandoca-Manzanillo ha acaparado titulares de la prensa en las últimas semanas. Sentencias de la Sala Constitucional incumplidas; investigaciones, allanamientos y declaraciones por parte del Ministerio Público; así como la detención de un conocido del presidente Rodrigo Chaves son solo algunos de los múltiples ingredientes que forman parte de esta amalgama informativa.
A gran escala, la trama de este caso incluye una serie de aparentes irregularidades e incumplimientos institucionales que habrían provocado la desprotección de 188 hectáreas de patrimonio boscoso, incluidos humedales, en beneficio de personas y sociedades nacionales y extranjeras.
Por otra parte, un caso puntual plantea presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos para talar árboles en favor de un vecino del presidente Chaves, cuya familia era propietaria de una finca que se utilizó para eventos de campaña electoral y dos reuniones sociales de funcionarios del gobierno a finales de 2022, incluida una “fiesta bailable” del gabinete y de sus parejas, según mensajes filtrados del entonces jefe de despacho del presidente, Jorge Rodríguez Vives, quien luego pasó a ser ministro de Comunicación y ahora es titular de Cultura.
El empresario en cuestión es Allan Pacheco Dent, representante legal de la firma Playa Manzanillo S. A., tiene 57 años y fue detenido por las autoridades judiciales este 16 de julio, al igual que otros presuntos implicados.
EF resume algunos de los principales eventos de este caso hasta el momento.
El caso de la tala
El 16 de julio pasado se realizaron varios allanamientos en diversos puntos del país y se ordenó la detención de Pacheco Dent, así como de un funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y de la administradora del Refugio Gandoca-Manzanillo, en medio de una causa por los presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Antes, el 21 de mayo, ya se habían realizado allanamientos en la Municipalidad de Talamanca y otros sitios por el mismo caso.
Al parecer, informó la autoridad judicial a través de su despacho de prensa, hubo una serie de irregularidades que facilitaron la emisión de permisos de aprovechamiento forestal en favor del empresario, particularmente para la sociedad Playa Manzanillo S.A.
Asimismo, se habrían realizado gestiones con el fin de cambiar el uso de suelo en zonas de bosque y humedales, con el fin de desarrollar infraestructura urbanística, incluidas vías de acceso a la zona marítimo terrestre.
Un día después de las primeras tres detenciones, se confirmaron otras dos más: otro funcionario del Sinac y una regente forestal, quienes también habrían estado implicados en las actividades investigadas.
Además de las gestiones judiciales, organizaciones ecologistas y vecinos de la zona han difundido vídeos de las extracciones de madera en los últimos meses.
El caso capturó la atención pública porque Dent, el empresario aparentemente beneficiado de forma irregular, está relacionado con el presidente Chaves. El mandatario reconoció en conferencia de prensa, este 19 de julio, que el empresario “vive (...) o vivió” a la par de su casa, “literalmente a la puerta que sigue”; y en el mismo acto planteó que “si encuentran alguna ilegalidad en los permisos” debe “proceder la justicia”.
Esa postura de duda sobre la legalidad de los actos varió en las últimas semanas, pues Chaves y su ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, antes habían sido férreos defensores sobre el buen actuar institucional ante cuestionamientos sobre la actividad extractiva de madera en la zona.
En una conferencia de prensa, el 15 de mayo, Tattenbach leyó información por parte del Área de Conservación La Amistad-Caribe que, según dijo, hacía constar la legalidad de los procedimientos para aprovechar el recurso forestal.
La finca de 3,5 hectáreas se habría catalogado como “de uso agropecuario sin bosque” a la hora de asignar los permisos de tala, pero la Fiscalía sospecha que esa propiedad en realidad sí tenía cobertura boscosa y que entonces las autorizaciones habrían tenido vicios de origen.
La relación de Pacheco Dent con Chaves y su gobierno no solo respondía a la de ser un vecino.
Una propiedad ligada con la familia del empresario en San José de la Montaña, en Heredia, fue utilizada por el Ejecutivo para dos fiestas en octubre y diciembre de 2022, las cuales fueron dadas a conocer por el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, y por el periódico La Nación.
El mismo lugar (el centro de eventos V Entertainment) también fue utilizado como sede de entrenamientos por la Unidad de Intervención Especial (UIE) del Ministerio de la Presidencia que, entre otras labores, se encarga de la protección del mandatario. Según afirmó el gobierno, el lugar también es utilizado por otros cuerpos policiales como la Fuerza Pública, aunque más tarde el ministro de Seguridad, Mario Zamora, contradijo esa afirmación.
El empresario, además, visitó en al menos siete ocasiones la Casa Presidencial entre junio de 2022 y octubre de 2023, dos de ellas para acudir al despacho del presidente Chaves, según dio a conocer el medio CRHoy. El presidente rechaza haber hablado con él en ese recinto. Consultado sobre cuáles temas se trataron durante los encuentros, aseguró que habría que preguntarle eso “a quienes se reunieron con él”, el 18 de julio.
Asimismo, Dent llegó a ser nombrado por el Ejecutivo como representante propietario del sector privado en la Comisión Fílmica Nacional, que se encarga de propiciar alianzas público-privadas para producciones audiovisuales.
A pesar de estas conexiones, el presidente Chaves descarta cualquier intento de beneficiar a Dent con los permisos aparentemente irregulares de tala. Si hubiese querido “hacer algo raro, oscuro”, dijo 18 de julio, el empresario solo habría tenido que pasar por su casa y no a la Presidencia.
“¿Que me metan a mí en acusaciones porque tengo vecinos? Todos tenemos. Eso no me preocupa en lo más mínimo. Son grupos políticos que no tienen absolutamente nada de fondo para acusar y lo que quieren es mentir”, añadió.
Sobre la propiedad familiar de Dent en la que se organizaron las fiestas, también dijo, “las acusaciones cuáles son, ¿que hubo una fiesta particular pagada por empleados públicos para celebrar la Navidad?”.
A pesar de estas explicaciones, la Fiscalía General de la República confirmó que abrió una investigación desde el 13 de junio sobre estos hechos, por el presunto delito de tráfico de influencias. Se trata del expediente N.° 24-000041-0033-PE, contra ignorado.
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El caso del refugio
La propiedad de Pacheco Dent en las cercanías del refugio Gandoca-Manzanillo es una de 137 fincas que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) entregó a manos privadas en 2014, por medio de una ley que cinco años después fue declarada inconstitucional por la Sala IV, por afectar y trasladar a manos privadas el patrimonio ambiental del Estado costarricense.
La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) recuperar esos terrenos para el patrimonio del Estado desde marzo de 2022, pero esa orden nunca fue acatada.
El coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, Luis Diego Hernández, explicó a La Nación que este caso podría configurar un tráfico de tierras del Estado en el Caribe sur a manos de privados en el mercado inmobiliario. “Estamos viendo cómo 188 hectáreas de humedales y bosques desaparecerán por arte de magia y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) parece que no lo comprende”, afirmó.
La norma que permitió el traspaso en 2014 fue la Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur (9.223), impulsada por el entonces diputado socialcristiano y actual alcalde de Matina, Wálter Céspedes.
Esta norma desafectó 188 hectáreas de territorio boscoso del refugio Gandoca-Manzanillo, para poder cederlo a terceros en la zona. Sin embargo, una revisión hecha por el periódico La Nación determinó que la mitad de las fincas concedidas a propietarios privados en 2014 cambiaron de manos a partir de ese momento y que hasta un 87% de ellas, además, quedaron en manos de personas jurídicas o extranjeras, a pesar de la supuesta intención de atender a habitantes de la región.
La Sala Constitucional también ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) que certifique el patrimonio natural de la zona marítimo terrestre de Talamanca, con el fin de que el patrimonio pudiese quedar debidamente delimitado en los planes reguladores y evitar actividades nocivas para el ambiente en la zonas protegidas. Según la PGR, dicha instrucción ha sido incumplida.
“Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional de esa costa sur de la provincia de Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga oportunidad de generar prosperidad con eso”, respondió el presidente Chaves el 15 de mayo, al ser consultado sobre esta situación, así como sobre las denuncias de tala irregular en el Caribe Sur.
Asimismo, dijo estar en contra de construir “hoteles enormes de cinco estrellas” en el sitio, al igual que de “dejárselo a los monitos”. Es “el balance de la sostenibilidad”.
Por entonces, todavía faltaban dos meses para que saltaran las alarmas judiciales sobre los permisos de tala en la zona.
