La disponibilidad de agua potable en algunas zonas del Área Metropolitana de San José (AMSJ) está entrando en una situación crítica, que se suma también a la falta de infraestructura para transportar el recurso hídrico.

La situación golpea principalmente al sector de la construcción privada justo cuando la actividad, medida por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), se recupera después de dos años de estar deprimida. En agosto de este año, la construcción registró un crecimiento del 29% y alcanzó los niveles de 2018.

Obtener la certificación de disponibilidad de agua es uno de los primeros requisitos para cualquier edificación. Este año, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha denegado más de mil de estos documentos en el AMSJ. La Cámara de la Construcción denuncia que esto ha provocado retrasos en, al menos, 20 proyectos.

Por su parte, AyA trabaja en solventar este déficit pero una solución temporal vendría hasta el 2023. Mientras tanto, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) señala poca capacidad y cortoplacismo en las soluciones propuestas por el Instituto.

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Compleja situación

La red de acueductos del Área Metropolitana de San José se compone de 31 subsistemas que operan de forma independiente, todos ellos administrados por el AyA.

Esta red abarca desde Mora hasta Tres Ríos, y desde las partes altas de Desamparados y Escazú hasta Coronado; también algunas zonas de Heredia y Cartago.

El Instituto ejecuta diversas obras con el fin de interconectar todo el sistema, pero, por el momento, cada uno tiene sus características particulares. Algunos poseen suficiente disponibilidad de agua, mientras que otros carecen de capacidad hídrica o hidráulica.

La capacidad hídrica se refiere a la existencia del líquido vital como tal en la zona, mientras la hidráulica concierne a la infraestructura y a la capacidad de bombeo del agua.

Según los datos del AyA, las regiones más afectadas son las partes altas de los cantones de Mora, Santa Ana, Escazú y Desamparados, así como algunas áreas de Goicoechea, Moravia y Coronado, y el cantón de Tibás casi en su totalidad.

Esas zonas se encuentran en categoría roja, lo que significa que están sin capacidad hídrica o hidráulica, por lo que el AyA no está entregando nuevas cartas de disponibilidad de agua para construcciones en esos puntos.

El cantón central de San José y la mayor parte del este de la capital, además de los alrededores del centro de Cartago, están en situación amarilla.

Las mejores condiciones se observan en los cantones del oeste capitalino (en las zonas bajas) y en Heredia, pues estas regiones cuentan con superávit hídrico. No obstante, el AyA aclaró que, de igual forma, se debe revisar la capacidad hidráulica (capacidad de caudal en las tuberías), “pues en algunos sectores no existen tuberías para garantizar la disponibilidad, pero sí existe la posibilidad de la carta de capacidad hídrica”.

Algunos subsistemas como el de Salitral (en Santa Ana), Guatuso-Patarrá (Desamparados), Vista de Mar (Goicoechea) o el sur de Escazú proyectan incluso una situación crítica hasta, por lo menos, el 2024. Otros como el de Tres Ríos, Los Cuadros (Goicoechea) o Alajuelita tendrán una mejoría en los próximos tres años.

“Cada vez va a ser más difícil construir en la capital debido a un tema de planificación y reajuste urbano para encontrar nuevas disponibilidades”.

—  Bertha Mora, gerente de Inteligencia de Mercado de Colliers.

Aunque los subsistemas llevan nombres de ciertas comunidades, estos pueden suministrar agua a otros barrios o distritos del mismo cantón o cantones cercanos.

EF solicitó al AyA los datos de las cartas de disponibilidad de agua aprobadas y rechazadas desde el 2015 en cada subsistema. No obstante, el Instituto solo envió la información del 2021 (hasta el 5 de octubre), pues comentaron que los datos de años previos se compilaron en diferentes sistemas e incluso en Excel, por lo cual no podían asegurar la fiabilidad de la información ni tampoco permitía hacer comparaciones al no ser compatibles los sistemas de registro.

Según los datos disponibles, desde enero hasta el 5 de octubre de este año se entregaron 2.686 documentos de disponibilidad y se denegaron 1.175 solicitudes. Además, se dieron 84 permisos condicionados, que significa que hay agua pero no la infraestructura adecuada.

Aunque a nivel general el balance es positivo, en siete subsistemas se rechazaron más disponibilidades de las que se concedieron. Esto sucedió en los de Salitral, San Jerónimo de Moravia, Lámparas de Alajuelita, Barrio España, Matinilla (ambos en Santa Ana), Lajas y Jericó (Desamparados).

“El cálculo de la disponibilidad hídrica se hace considerando la demanda más alta que es la del verano. Nosotros en el verano también tenemos un poco de déficit de producción, pero en esa época aumenta el consumo y eso limita el otorgamiento de las disponibilidades hídricas”, explicó a inicios de setiembre a este medio Eric Bogantes, gerente general del AyA.

Para el 2021, la demanda en verano provocó mayor afectación en comunidades servidas por seis subsistemas: Salitral, San Jerónimo, Tres Ríos, San Juan de Dios, Puente de Mulas y La Valencia.

Esta realidad también la tiene bajo el radar la Aresep, a través de la Intendencia de Agua. La Autoridad prevé que la demanda crecerá y, por ende, se agravará la falta de disponibilidad de agua en San José.

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Aunque en el Valle Central la problemática toma mayor relevancia por la concentración de población y la alta demanda de construcción, la problemática se presenta en todo el país.

“La mayor parte de las asadas también presenta esta situación porque estas tienen permiso para explotar un pozo o recurso hídrico en función de la demanda”, explicó Marco Cordero, intendente de Agua.

Cuando las Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asadas) carecen del agua suficiente para atender el crecimiento en sus jurisdicciones, deben solicitar permiso al AyA. El trámite puede requerir hasta dos años en caso de que se requiera abrir un nuevo pozo.

Demora en construcciones

A inicios de setiembre, un grupo de cámaras empresariales denunció que la falta de cartas de disponibilidad hídrica debido a la baja disponibilidad de agua estaba atrasando, al menos, 20 proyectos de construcción.

Consultada por EF, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) afirmó que dicho número ha aumentado, aunque no brindó una cifra exacta.

Estos inmuebles paralizados varían en características, ya que van desde viviendas unifamiliares hasta desarrollos de comercios o industria.

Los sectores que la CCC ha detectado con más afectación son San José centro, Mata Redonda, Los Yoses, San Pedro, Curridabat, Tibás, Coronado, Guadalupe y Tres Ríos.

“El primer trámite en el ciclo de permisos de un proyecto es la disponibilidad de agua. Muchos de los proyectos paralizados se encuentran aún en etapa de conceptualización y otros tantos no han podido avanzar a la etapa tramitológica”, comentó Carlos Trejos, presidente de la CCC.

Trejos consideró que el costo de no dar agua es un costo país, pues trunca la reactivación económica y la generación de empleo.

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Algunas de las zonas que recientemente se han vuelto atractivas para grandes desarrollos, como Curridabat o La Sabana, se encuentran en categoría amarilla, mientras que el oeste cuenta con superávit hídrico.

De acuerdo con la firma Colliers, el este de San José se proyecta como un imán para desarrollos de oficinas, mientras el oeste presenta cierta expansión en los sectores de industria y comercio.

Además, según datos de la firma Newmark, actualmente se levantan cerca de 90.000 m² solo en desarrollos mixtos, principalmente en Heredia y San José este y oeste.

Los voceros de ambas empresas coincidieron en que la baja disponibilidad de agua limitará el desarrollo de proyectos a largo plazo, pero a corto plazo no se vislumbra una contracción.

“Cada vez va a ser más difícil construir en la capital debido a un tema de planificación y reajuste urbano para encontrar nuevas disponibilidades”, aseguró Bertha Mora, gerente de Inteligencia de Mercado de Colliers.

Por su parte, el presidente de la CCC ve difícil el desarrollo de nuevos proyectos en las áreas con déficit de disponibilidad. Trasladar los proyectos a zonas con superávit hídrico es una posibilidad, pero también influyen factores como la necesidad de la industria o el clima de negocios del cantón respectivo.

Posibles soluciones

El AyA está en busca de una solución que permita solventar la falta de disponibilidad de agua en el Valle Central, para lo que ejecuta y planea proyectos a corto, mediano y largo plazo con el fin de aumentar la capacidad hídrica en los subsistemas.

Actualmente, la Unidad Técnica de Perforación de Pozos (UTP) del Instituto está atendiendo los requerimientos de construcción de nuevos pozos en el Gran Área Metropolitana (abreviado GAM) por medio de perforadoras de la propia entidad y también a través de contratación de obra pública con empresas de perforación privadas.

Se están perforando seis nuevos pozos ubicados en Santo Domingo y San Pablo de Heredia, Moravia, Invu Las Cañas y El Coyol. En los próximos años se sumarán tres más en Tibás y La Valencia.

Según la entidad, el plan de inversión 2015-2020 para el GAM contempla cerca de ¢30.000 millones en diversos proyectos, la mayoría de ellos ya finalizados pero otros en fase de diseño o ejecución.

La institución espera contar con una red en la que esos 31 subsistemas trabajen de forma interconectada.

Sin embargo, el intendente de Agua aseveró que las inversiones no están dando abasto y apuntó que el factor preponderante es la gestión del recurso hídrico.

“De cada 100 litros de agua, 55 no se venden; se pierden en fugas, mala medición y otros factores. No es un asunto de falta de agua, es de gestionar correctamente el recurso (...). Si AyA fuera una empresa privada estaría quebrada hace mucho tiempo”, manifestó Cordero.

Además, el funcionario criticó el traslado de sobrecostos a los usuarios y llamó a pensar en proyectos con visión de largo plazo.

Bogantes aseguró a EF que la disponibilidad podría tener una mejoría para finales del 2022 y una solución más definitiva para el 2023, lo que daría un respiro y margen de tiempo para ejecutar otros proyectos de largo plazo, como el mismo Orosi 2 o el Reducción de Agua No Contabilizada (RANC).

Mientras tanto, en la Cámara de la Construcción ven un panorama sombrío si el problema no se soluciona. La entidad abogó por atender la situación con carácter de urgencia e hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que la atención de este tema sea una prioridad en la agenda del próximo gobierno.