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El Gobierno presentó la tarde de este martes los detalles de la segunda versión del plan para negociar un ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir del próximo lunes 11 de enero.
Para buscar más ingresos, específicamente un 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), plantearon aumentar el impuesto a las casas de lujo y optar por una tarifa más alta de renta global.
Aunque diputados participantes en la reunión con el Gobierno afirman que se conversó sobre retomar la discusión conjunta del tributo a las transferencias bancarias y aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 14% con devolución a los dos grupos más pobres.
Un día después del encuentro en Casa Presidencial, el Ministerio de Hacienda envió un comunicado de prensa para aclarar que estas dos medidas no tienen viabilidad política por lo que se no se tomarán en cuenta para incluirlas en la propuesta.
Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, explicó en entrevista con EF, que a los diputados se les mencionó que subir el IVA o gravar las transacciones generaría el rendimiento del 0,6% del PIB requerido, pero no tienen opciones en el Congreso; por lo tanto apostarán por el tributo a las casas de lujo, la renta global, o una combinación de ambos.
La propuesta incluye medidas para recortar el gasto, vender activos estatales y aumentar los ingresos entre 2021 y 2022. El Ejecutivo plantea una reforma a la Ley de Aduanas, pero no detalla los cambios ni ofrece datos sobre el posible rendimiento.
Se presentará un proyecto de ley para crear un impuesto de 0,5% a las casas de lujo con valor superior a los ¢200 millones, este tributo sustituiría al actual y generaría un 0,17% del PIB al año.
Otra propuesta nueva es una iniciativa de ley para que no crezcan las pensiones con cargo al presupuesto nacional que son superiores a un salario base (¢450.200), mientras la deuda pública se mantenga igual o superior al 60% de la producción nacional. No se afectarían las jubilaciones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Estas medidas forman parte del plan 2.0 para negociar un acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI por $1.750 millones, que permitiría acceder a otros créditos con diferentes organismos como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La misión virtual del Fondo arrancará reuniones en el país a partir del próximo lunes 11 de enero.
Este es el detalle del plan con cada una de las medidas y rendimientos que presentó el Gobierno a los diputados la tarde del martes y que contempla tanto los acuerdos alcanzados durante el diálogo multisectorial desarrollado por el Ejecutivo y nuevas propuestas.
Los planes fueron detallados por Dinarte y Pilar Garrido, ministra de Planificación, a los jefes de las fracciones legislativas durante una reunión convocada por el Ejecutivo la tarde de este martes.
Al encuentro fueron invitados todos los líderes de las bancadas del Congreso, pero por razones de tiempo (la invitación se extendió el pasado domingo 3 de enero), solo acudieron Luis Fernando Chacón y Karine Niño, de Liberación Nacional (PLN); Enrique Sánchez, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC); Jonathan Prendas, del bloque Nueva República; Patricia Villegas, de Integración Nacional (PIN); y la independiente Zoila Volio.
No participaron en la reunión legisladores de la Unidad Social Cristiana (PUSC), ni de Restauración Nacional (PRN).
Nuevos ingresos
Elian Villegas, ministro de Hacienda, explicó en entrevista con EF el pasado 30 de diciembre, que la mayoría de detalles de la iniciativa base para iniciar conversaciones con este organismo multilateral ya trascendió, y solo quedaba por definir las acciones para aumentar ingresos en un 0,6% del producto nacional.
Para alcanzar ese faltante de 0,6 puntos del PIB, las ministras plantearon a los diputados este martes dos alternativas que deben ser evaluadas:
1- Casas de lujo: se aplicaría un cambio en el hecho generador y una tasa más elevada para las viviendas con valores superiores a ¢200 millones, esto también generaría 0,4% del PIB.
2- Aumentar renta global: aunque este proyecto de ley está en construcción, la mesa de diálogo multisectorial aprobó el pasado 20 de noviembre promover este tributo a partir del 2023.
Además, el sector empresarial se comprometió a aceptar una tarifa máxima de 27,5% de renta global y en una modalidad dual, es decir, que no globalice las rentas pasivas porque estas ya están gravadas.
El Ejecutivo detalló a los diputados que se si aplica un aumento en las tarifas se podría lograr un 0,4% del PIB adicional.
Ahora los diputados y el Gobierno deben discutir estas cuatro ideas iniciales para evaluar cuál o cuáles podrían aportar ese 0,6% del PIB que se requiere en ingresos.
El contenido de las propuestas fue confirmado a este medio por diputados que participaron en el encuentro en Casa Presidencial.
Karine Niño, subjefa de fracción del PLN, aseguró que entre los representantes de las bancadas legislativas privó una posición de mucha cautela frente a las ideas planteadas por el Ejecutivo.
“No hubo datos finos, fueron muy generales. En la reunión no participaron todos los miembros del equipo económico ni tampoco el presidente de la República, pero la ministra de la Presidencia nos dio la seguridad de que esta es la propuesta para iniciar conversaciones con el FMI”, indicó la diputada.
De acuerdo con Niño, hubo consultas puntuales sobre, por ejemplo, la tasa que se aplicaría a las transacciones bancarias o los montos de renta global, pero no les brindaron cifras específicas ni tampoco un documento de respaldo del plan.
Propuestas viejas
Para conseguir el otro 1,03% del PIB de ajuste, la propuesta busca gravar los premios de lotería mayores a ¢225.100, aplicar renta global, fijar el pago de un dividendo a empresas estatales como el Instituto Nacional de Seguros (INS), y eliminar un conjunto de exoneraciones.
El proyecto de ley del impuesto a los premios de lotería fue presentado a la Asamblea Legislativa el 9 de diciembre y convocado a sesiones extraordinarias.
Mientras que el jueves 17 de diciembre se envió al Congreso el texto para eliminar cuatro exoneraciones. Se trata de levantar la exención del impuesto sobre la renta al salario escolar, medida con la cual esperan recaudar 0,12% del PIB anual.
También buscan quitar el 50% de la exoneración en el tributo de renta a los rendimientos de los fondos de pensiones con el fin de acreditarse 0,17% de la producción nacional.
Se harían ajustes a los gravámenes que se aplican a las rentas de capital, el primero es homologar la tasa al 15% para generar un rendimiento del 0,13% del PIB; y el segundo, es aumentar por dos años esa tarifa al 16,5%, lo que agregaría 0,02% al resultado.
Además, se aumentaría en cinco puntos porcentuales la tasa del impuesto sobre las remesas al exterior que actualmente inicia en 8,5% y llega hasta el 50%, según el tipo de bien gravado. Esta acción produciría un 0,14% del PIB para el fisco.
Apuesta por la regla fiscal
Uno no de los componentes más importantes de la propuesta es la ya existente regla fiscal aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), desde el 3 de diciembre del 2018; pero levantada para municipalidades y otras entidades estatales.
El Gobierno prevé que la aplicación de la regla, que se hará más estricta a partir del 2022 cuando la relación deuda/PIB supere el 80%, se convertirá en una de las principales camisas de fuerza sobre el gasto corriente.
En 2021 este rubro crecerá a un ritmo del 4,14%, a partir del 2022 tendrá tasas de aumento que no llegan al 2%. Esto limitará el gasto gubernamental en rubros clave como remuneraciones, transferencias corrientes y bienes y servicios.
La meta del Ejecutivo es reducir el gasto corriente del 16,4% del PIB en 2020 al 13% en 2025, un recorte del 3,45 puntos porcentuales, con la aplicación de la regla fiscal de manera estricta sobre los diferentes componentes de este rubro.
Sin embargo, para futuras administraciones la aplicación de la regla fiscal puede convertirse en una limitante para inversiones de capital y otros gastos que −especialmente en los primeros dos años de administración− son fundamentales para cumplir objetivos políticos y promesas de campaña.
Para el economista José Luis Arce esta podría ser una de las principales barreras que enfrentará la regla fiscal y que podría verse amenazada en el futuro de acuerdo con diferentes visiones o intenciones según la línea del nuevo gobierno.
Superávit primario
El plan 2.0 tiene como meta principal revertir el déficit primario (ingresos menos gastos) hasta convertirlo en un superávit del 1,2% del producto nacional a partir del 2023.
Para lograrlo propondrán medidas de corto plazo orientadas a estabilizar la adversa coyuntura de las finanzas públicas y otras de mediano plazo de carácter temporal y estructural. Sin embargo, no ofrecen detalles puntuales sobre unas y otras.
El Gobierno buscará reuniones en los próximos días con los diputados del PUSC y Restauración Nacional para conversar sobre la propuesta y explorar la viabilidad política de las iniciativas planteadas.
Nota del redactor: noticia actualizada a las 5:55 a.m. del miércoles 6 de enero para agregar la posición del Ministerio de Hacienda que fue enviada 24 horas después de la reunión entre el Gobierno y los jefes de las fracciones legislativas.
