EscucharEl Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está diferenciando su postura frente a los generadores privados con respecto a la administración anterior. Los nuevos objetivos se plasmaron en la última versión del Plan de Expansión de la Generación (PEG).
El PEG es un documento que se actualiza cada dos años y es la guía para la planificación de la producción de energía a mediano y largo plazo.
El documento previo de 2020 postulaba que las plantas privadas cuyos contratos finalizaban no se iban a recontratar, por lo menos no antes del 2024. Sin embargo, la actual administración dio marcha atrás con esa decisión desde finales del 2022.
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La autorización de compra se reanudó en setiembre mediante un decreto que se publicó en el diario oficial La Gaceta, firmado por el presidente Rodrigo Chaves.
La nueva edición del PEG, publicada el 29 de marzo y que abarca el periodo 2022-2040, terminó de concretar las intenciones de la entidad estatal.
Debido a la proyección de un requerimiento mayor en la capacidad instalada a partir del 2024, y ante el poco tiempo para la implementación de soluciones distintas, el ICE esbozó la estrategia de generación privada en tres pasos.
Para 2024 se agregan como proyectos fijos todas las plantas que están ociosas, bajo contratos de dos años.
Un año después, en 2025, se recontrataría la compra de energía por un año a las dos centrales cuyos contratos vencen ese año.
Luego, a partir de 2026, se cortan lazos con las plantas conforme vencen los contratos y el programa de optimización decidirá las capacidades óptimas del sistema. Este paso no significa el retiro o cancelación de activos que prueben ser valiosos para el sistema, indica el documento.
“Se puede suponer que la gran mayoría de las plantas existentes que quedan sin contrato servirán para llenar al menos parte de estas necesidades de capacidad adicional”, asegura el Instituto. No obstante, todo dependerá de que el precio de compra fijado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) o por concurso sea “suficientemente atractivo” para el ICE.
Según informó la institución estatal mediante un comunicado, el 15 de abril las hidroeléctricas Don Pedro y Río Volcán reiniciaron su operación comercial de venta de energía al ICE, bajo un contrato por cinco años y una capacidad máxima pactada de 31 megavatios conjuntamente. La energía pactada equivale a la demanda de 42.000 hogares.
En las próximas semanas se espera que se otorgue la habilitación a la planta hidroeléctrica Tapezco.
La no contratación de generación privada, que fue la norma en años previos, comprometió el futuro de 12 plantas cuyos contratos terminaron o terminarán entre 2020 y 2024.
El sector privado está anuente a retomar su relación con el ICE pero algunas plantas que ya encontraron un negocio están a la espera de una mejor propuesta.
Recontrataciones
Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), calificó la decisión del ICE como “adecuada” y confirmó que las negociaciones entre la institución y los generadores se retomaron desde el año anterior.
Hasta el momento, tres plantas privadas mencionadas ya han sido recontratadas mientras las otras están aún en negociaciones con la entidad pública.
“Siempre ha habido disposición de volver a la relación de compraventa de energía con el ICE, aunque se requiere de una negociación con términos adecuados para ambas partes”, manifestó Alvarado.
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En este interín, la mayoría de las plantas se han mantenido detenidas, lo que implica gastos fijos pero sin ingresos, situación que ha llevado a recortes de personal en algunos casos. Otras han encontrado en la criptominería un nuevo negocio.
Eduardo Kopper mantiene dos plantas hidroeléctricas en Poás, Alajuela, y tiempo después de que concluyó su contrato con el ICE optó por dedicar la energía para la minería de criptoactivos con el nombre de Data Center CR.
Kopper mencionó que ha estado en conversaciones con el ICE desde noviembre. Sin embargo, la propuesta que recibió aún no satisface sus expectativas.
El Instituto le propuso en enero un contrato por cinco años que incluye la facultad para el ICE de decidir cuándo, dentro de ese periodo, le comprará energía, siempre con el menor costo que fije la Aresep.
“Es un poco más de lo mismo. Llevo tres años sin contrato y ahora solo me dicen ‘firmame y te compraré cuando quiera’. Evidentemente seguiré buscando otras alternativas mejores que venderle al ICE”, afirmó Kopper.
El empresario está a la espera, desde marzo, de recibir por parte del ICE el borrador del contrato, el cual quiere revisar con sus abogados y para ver opciones de negociación.
Los generadores privados tienen permitida la venta exclusiva al ICE, lo que les impide negociar con empresas distribuidoras. Eso sgnifica que, al terminar el contrato, las plantas están destinadas a la paralización.
La legislación tampoco les permite la exportación, pero está en trámite una iniciativa legislativa para abrirles canales de negocio.
“Es un poco más de lo mismo. Llevo tres años sin contrato y ahora solo me dicen ‘firmame y te compraré cuando quiera’. Evidentemente seguiré buscando otras alternativas mejores que venderle al ICE”, afirmó Eduardo Kopper, generador privado.
