Impuesto mínimo global, ¿cómo avanza en Costa Rica?

Antes de involucrarse en el IMG, el país debe concretar varias reformas que están pendientes y sobre las que algunos actores hacen un llamado por concretar, pero el Ejecutivo persigue un marco equilibrado para lo que espera lograr consenso de diversos sectores.

Mientras tanto, varias decenas de territorios ya han dado señales sobre la aplicación del IMG en sus jurisdicciones.

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¿Qué dicen las voces en Costa Rica?

El Colegio de Contadores volvió a poner el IMG sobre la discusión pública cuando, a finales de abril, emitió un comunicado en el que recordó al gobierno y a los diputados sobre la importancia de legislar en este tema, en un esfuerzo por promover la equidad fiscal y combatir la evasión.

El IMG forma parte de una norma adoptada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20, con el fin de abordar los desafíos de la economía digital.

El objetivo final es establecer un nivel mínimo de imposición sobre las ganancias de las empresas multinacionales con ingresos consolidados de, al menos, 750 millones de euros. Esto quiere decir que deberá existir un mínimo de tributación efectiva a los sistemas fiscales de los países en los que opera una entidad de cada multinacional. La tarifa efectiva del IMG acordada es de un 15%.

Si bien la fecha de entrada en vigencia de este tributo ha tenido retrasos, se espera que para 2025 empiece a tener efecto, aunque dependerá de las legislaciones en cada país.

Por esta razón, el Colegio de Contadores pidió prontitud al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa para crear la normativa necesaria. La entidad cree que el IMG es una ventana para que el país se retribuya por la inversión de infraestructura y los beneficios que esas empresas obtienen de la prestación de sus servicios en territorio nacional.

Sin embargo, el Gobierno no ve premura en el IMG. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que es un tema de interés y que la entidad ha desarrollado una asistencia técnica con el Banco Mundial, entidad que ayuda a los gobiernos en la elaboración de los estudios que sustenten estas reformas normativas.

“No existe una fecha límite en la que el país deba implementar el impuesto mínimo global, por eso no es correcto creer que el país se está quedando atrás con respecto a sus socios de la OCDE”, afirmó el jerarca.

Por el contrario, Hacienda dejó ver que el país podría incluso quedarse por fuera de la aplicación del IMG. Acosta dijo que, “en el caso que Costa Rica desee implementarlo”, se deben evitar distorsiones y definir cuándo interactuarían con las disposiciones emitidas por los otros países.

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Antes de presentar cualquier iniciativa ante la Asamblea Legislativa, el Gobierno buscará consenso “con los sectores involucrados que podrían tener un efecto con esta normativa”, aunque Acosta evitó especificar cuáles. La intención del Ejecutivo es propiciar un marco normativo equilibrado y de competitividad para la inversión extranjera directa (IED).

Rafael Sayagués, socio director de Impuestos y Legal de EY, explicó que Costa Rica firmó el acuerdo político para la Solución de Dos Pilares de la OCDE, que incluye el IMG, por lo que el país adquirió el compromiso, no vinculante, de aplicar estas reglas.

Además, Costa Rica es miembro pleno de la OCDE desde 2021, hecho de lo que el Gobierno suele presumir, por lo que el país deberá seguir las reglas de esta organización en caso de que decida implementar el IMG.

Reformas

La aplicación del IMG obligará a Costa Rica a hacer reformas tributarias importantes. Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores, precisó que se necesita una reforma fiscal para incorporar el concepto, la fiscalización y los mecanismos de cálculo del IMG y una aprobación legislativa para establecer el impuesto.

También debe establecer acuerdos internacionales para generar una armonía entre las diferentes jurisdicciones que participan del IMG y cómo sería la operación del impuesto.

El proceso no queda ahí. Una vez aprobado, el Costa Rica debe cumplir tareas como la divulgación, la capacitación a funcionarios, la actualización de la infraestructura tecnológica, la implementación de los mecanismos de control y fiscalización, la transparencia sobre el uso de los fondos generados por el IMG y la posterior evaluación constante del impacto del IMG.

Una de las preocupaciones del Gobierno y otro sectores es cómo incidirá el IMG en el modelo de atracción de inversiones, puesto que podría afectar de forma significativa los incentivos relacionados con las exenciones del impuesto sobre la renta que se otorgan a los beneficiarios del régimen de zona franca.

“Eventualmente si alguna de estas entidades que busca gravar este impuesto se ubica en zona franca, va a tener una afectación. Sin embargo, dentro de las exclusiones del IMG están las actividades de manufactura de bienes con o sin beneficios fiscales. Como en Costa Rica muchas de las empresas en zona franca son de manufactura no tendría una afectación directa. Esto es parte de lo que requiere de un análisis detallado”, explicó Zamora.

Varios actores, incluida la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), han abogado por una modernización en el esquema de atracción de inversiones del país. Costa Rica puede optar por un equilibrio entre cumplir con los requerimientos de las reglas de la OCDE y ofrecer una carga tributaria efectiva final mínima para las compañías que inviertan o reinviertan en el país, contó Sayagués.

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Por ejemplo, el país puede considerar la implementación de un impuesto mínimo doméstico calificado que permitiría que el tributo se determine y recaude a nivel local. Pero esto debe acompañarse de una oferta de incentivos y medidas para mantener la competitividad, proteger la inversión, permitir la atracción de nueva IED y mitigar el impacto de la nueva carga tributaria.

EF intentó conocer la posición de la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras), pero no se obtuvo respuesta.

Escaso avance

El empuje de esta normativa lo auspició la OCDE, por lo que la mayoría de los países de esta organización ha tenido algún avance en el IMG, principalmente en Europa.

Sin embargo, fuera de la OCDE el IMG parece estar ausente de las políticas gubernamentales del resto de países.

Según un recuento de EY, para finales de abril el mapa se mostraba así: 33 jurisdicciones (incluida la Unión Europea) tenían legislaciones finales en algunas o todas las reglas. Entre estos están Alemania, Rumania, Catar o Nueva Zelanda.

Otros ocho países cuentan con borradores, por ejemplo Australia, Barbados o Canadá. Mientras que 11 territorios han externado su intención de implementar el IMG, entre los que están Taiwán, Hong Kong, Bahamas o Polonia.

Ningún país de América Latina aparece ni siquiera en ese último grupo de territorios. También están rezagadas grandes economías como Estados Unidos, China, India, Rusia o Arabia Saudita.

Cada país ha establecido fechas distintas de entrada en rigor de sus leyes. En la mayoría tendrán efecto a partir de este año, aunque otros las han aplazado a 2025 o incluso 2029.