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El juicio de la filial francesa de Ikea, acusada de haber creado un sistema de vigilancia ilegal de sus empleados, incluidos sindicalistas, empezó este lunes en un tribunal penal de Versalles, cerca de París.
La filial del gigante sueco del mueble --procesada como persona jurídica y representada legalmente por su consejera delegada y directora financiera Karine Havas-- se enfrenta a una multa de hasta 3,75 millones de euros (4,4 millones de dólares).
También se juzgan a quince personas, entre ellas gerentes de tiendas, funcionarios de policía, y antiguos ejecutivos, como el exdirector general Stefan Vanoverbeke (2010-2015) y su predecesor Jean-Louis Baillot.
El caso, revelado en 2012 por el semanario satírico Le Canard Enchaîné y la web de información Mediapart, fue denunciado por un sindicato y provocó el despido de cuatro altos directivos de la empresa.
El lunes, las personas implicadas tuvieron que responder cómo recababan las informaciones confidenciales de sus empleados. Con "imaginación e ingenio", respondió Jean-Pierre Fourès, jefe de una compañía privada de investigación de la que Ikea Francia era cliente.
La investigación sacó a la luz, según la fiscalía de Versalles, la existencia de un "sistema de espionaje" de los empleados pero también de los candidatos al empleo e incluso de clientes en todo el país.
Según la acusación, se recabó información de varios centenares de personas, entre ellas sindicalistas, y se analizaron escrupulosamente sus antecedentes penales y su estilo de vida.
"Estamos aquí hoy para demostrar que hay este tipo de maniobras en las empresas que vigilan a los sindicatos y sobre todo a los empleados", afirmó Amar Lagha, responsable del sindicato CGT en el sector del comercio.
Pero según algunos abogados defensores, la investigación tiene muchos puntos débiles. Olivier Baratelli, abogado de la exdirectora de recursos humanos Claire Héry, dijo que abogaría por la nulidad del caso, denunciando una "fábula fabricada por los sindicatos".
Listas de personas
En este juicio, que durará hasta el 2 de abril, los acusados responden, entre otros cargos, a los de recabar y divulgar información personal ilegalmente, violación del secreto profesional y ocultación de estos delitos, lo que expone a algunos de ellos a una pena máxima de diez años de prisión.
Los acusados comparecen por hechos que abarcan el periodo 2009-2012 pero estas prácticas se remontan a principios de la década de 2000, según la acusación.
En el corazón de este "sistema" estaba Jean-François Paris, exdirector de gestión de riesgos de Ikea Francia, presente en la audiencia este lunes.
Según la investigación, Paris enviaba listas de personas "para examinar" a empresas de investigación privada a las que la filial de Ikea asignaba un presupuesto de entre 30.000 y 600.000 euros anuales (entre 35.000 y 715.000 dólares).
"A partir del año 2000, nos enfrentamos a una serie de robos a mano armada en comercios", se justificó el lunes ante el tribunal el acusado. "Sólo continué lo que hacía mi predecesor", agregó.
La presidenta de la sala, Angélique Heidsieck, citó varios correos electrónicos. En uno de ellos, en 2003, Paris pidió informaciones sobre una pareja de Toulouse, "en principio gitana y peligrosa".
Estas listas, que el exdirectivo afirma haber recibido de los responsables de las tiendas, fueron enviadas a Fourès, director de la empresa de "consultoría empresarial" Eirpace.
Este último está acusado a su vez de haber utilizado, por medio de agentes de policía, el llamado STIC, un fichero policial informatizado, para acceder a datos confidenciales, algo que negó durante la audiencia.
"¿Cómo lograba entonces usted recuperar estas informaciones?", le preguntó la presidenta. "Imaginación e ingenio", respondió este hombre de 73 años, que aseguró hacer uso de informaciones de dominio público para informar de sus "sospechas" a Paris.
Los interrogatorios deben continuar el martes.
