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Familiares de opositores presos en Nicaragua denunciaron desconocer la situación de los detenidos, calificados de “criminales” por el presidente Daniel Ortega, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió ayer jueves la “liberación inmediata” de cuatro de ellos.
Cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones, se cuentan 19 detenidos por "incitar a la injerencia extranjera" y "aplaudir sanciones" contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega.
“Ya han pasado varios días y aún no logramos ver a nuestros familiares. No sabemos exactamente dónde están ni como están. A pesar de llegar diario y varias veces a preguntar por ellos, la policía no brinda información”, dijeron en un comunicado que fue leído durante una conferencia de prensa por videollamada.
Madres, esposas e hijos acuden a la cárcel policial conocida como “el nuevo Chipote”, en una colina al descampado, al suroeste de Managua, un lugar señalado por organismos de derechos humanos como de tortura. Han tratado de llevar alimentos y medicinas, sin éxito.
El gobernante manifestó el miércoles que no están juzgando a precandidatos sino a "criminales que han atentado contra el país", y los acusó de querer darle un "golpe de Estado", con el apoyo económico de Estados Unidos.
Criminalizar la protesta
Ortega, un exguerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas.
Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
La oposición da por descontado que intentará un cuarto mandato consecutivo y que con la prisión de posibles rivales está despejando el camino para su propósito.
“Llevamos 11 días sin ver a mi padre, ¿qué es lo que pasa?, solo permiten que pase agua, no dejan al abogado que lo vea; ¿Es que los tienen golpeados?”, dijo Cristian Tinoco, hija del exguerrillero y exvicecanciller Víctor Tinoco, arrestado el 13 de junio.
"No tenemos noticia fidedigna sobre su situación dentro de la cárcel y la preocupación se va convirtiendo en angustia", sobre todo por su salud, comentó la esposa del exvicecanciller José Pallais, Hilma Herdocia.
Ana Álvarez, pariente de las activistas Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil, a quienes no ha visto desde su arresto el 13 de junio, manifestó que durante la captura se allanó sus viviendas con violencia. "Tenemos testimonio de que fueron golpeadas", agregó.
Álvarez dijo que la "narrativa" de criminalizar a los opositores "no es nueva", pues el gobierno "criminaliza toda protesta social, a los activistas, líderes barriales y al que se oponga".
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Apoyo de Maduro
Ortega insistió ayer jueves en que los detenidos son “criminales” en una cumbre del bloque político Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que tuvo lugar en Venezuela y en la que participó por videoconferencia desde Managua.
En el evento, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, le dio su apoyo a Ortega al denunciar una "campaña brutal contra Nicaragua solo por hacer justicia".
El presidente nicaragüense, en tanto, también lanzó críticas contra la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que llamó "cloaca" y acusó de ensuciar a los pueblos de América.
La OEA aprobó una resolución de condena contra Managua el 15 de junio.
Liberación inmediata
En medio de la incertidumbre de familiares de los detenidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, emitió una resolución en la que pide al Estado de Nicaragua la "liberación inmediata" de cuatro de ellos.
El tribunal determinó "requerir al Estado que proceda a la liberación inmediata" de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como del empresario José Adán Aguerri y la activista Violeta Granera.
La entidad valoró que puede actuar en favor de estas cuatro personas pues la situación cumple tres premisas: ser de "extrema gravedad", debe atenderse con "urgencia" y debe tratar de "evitársele daños irreparables". Esto se ampara en la Convención Americana.
En esta decisión conocida como medida provisional de la Corte IDH, se pide al Estado de Nicaragua que informe "a más tardar el 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión".
Las medidas provisionales de la Corte IDH, se suelen dar "en casos de extrema gravedad y urgencia" y su cumplimiento es obligatorio para los países miembros. Nicaragua es un país que acepta la jurisdicción de este tribunal.
La resolución del tribunal ocurre un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas provisionales para los cuatro opositores detenidos.
