EscucharLuego de años de crecimiento sostenido y acelerado, la tendencia de la inversión pública de Costa Rica cambió a partir de 2019. Con el agua hasta el cuello por una deuda pública asfixiante, Costa Rica se enfrentó desde entonces a un escenario poco conocido hasta ese momento: la estrechez fiscal.
Esa estrechez, que hoy constriñe los presupuestos públicos duramente, proviene de una una decisión política: la de gastar menos de lo que se ingresa por medio de impuestos para ir pagando el endeudamiento público que se acumuló por años.
Se trata de una decisión tan política como fue, en el pasado, la de priorizar el crecimiento de la inversión pública; a pesar de que no se tenían —ni se creaban— las fuentes de financiamiento necesarias para sostener ese comportamiento.
Sin nuevos ingresos para el Gobierno Central en el horizonte, la estrechez financiera hoy se traduce en una baja capacidad para aumentar los presupuestos públicos, principalmente en los campos cruciales como educación, seguridad u obras públicas, que son los que, ya de por sí, consumen más recursos.
El Financiero revisó los presupuestos nacionales de los últimos 18 años (el período comprendido entre 2007 y 2024) y ajustó las cifras a colones actuales. Así es como se ve la estrechez presupuestaria en los principales rubros de la inversión pública nacional en gráficos.
La amenazante deuda
A finales de 2018, Costa Rica experimentó un punto de inflexión en relación con su endeudamiento público.
Aquel año, el acumulado de endeudamiento del Gobierno Central superó el 50% del Producto Interno Bruto y, a mediados de septiembre, el Gobierno tuvo que activar el mecanismo de emergencia conocido como “Letras del Tesoro”, por medio del cual pudo acceder a unos ¢500.000 millones de financiamiento por parte del Banco Central (BCCR), porque no encontraba otra alternativa en el mercado a tasas de intereses aceptables.
Aquella situación encendió las alarmas, pero pronto se aprobaron reformas en materia fiscal.
En diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó definitivamente la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), que no solo aumentó los ingresos tributarios de Hacienda, sino que también incluyó una regla fiscal para mantener a raya el crecimiento del gasto en el Presupuesto Nacional.
Junto con esos cambios legales, además, hubo un cambio de conciencia política sobre la necesidad de contener las erogaciones; el cual se ha visto reflejado en las acciones del gobierno anterior y de la administración en curso.
Desde ese año, el acumulado de deuda siguió creciendo en términos nominales, pero a un ritmo mucho menor.
El impacto general
Si se traen a colones actuales las cifras del pasado, se puede observar que el Presupuesto Nacional de 2024 es casi de la misma magnitud que el de hace seis años, mientras que en 2019 había conseguido más que duplicar el de hacía 12 años.
En los últimos años, el dinero disponible prácticamente dejó de aumentar o decreció para gran cantidad de instituciones públicas.
En términos generales, antes de 2019 —sin la preocupación instalada por el endeudamiento público— el presupuesto del Gobierno Central para las entidades que reciben su financiamiento había crecido un 153% en términos reales (tomando en cuenta el efecto de la inflación); pero, en los últimos seis años, este dinero se redujo en un 6,4%.
Tanto la administración Alvarado como la administración Chaves han defendido la necesidad de generar más fuentes de recursos para que el Estado pueda incrementar su inversión. Alvarado planteó nuevas fuentes de impuestos, mientras que Chaves ha enfocado su discurso en la venta de instituciones públicas. Sin embargo, ninguna de esas intenciones se ha cristalizado.
Por tipo de gasto
A pesar de que podría pensarse que la restricción del gasto afecta a todas las áreas de inversión por igual, decir esto sería un error.
La inversión social contemplada en el presupuesto ha sido la más restringida y hoy es menor que hace seis años, si se toma en cuenta la inflación. Este bloque incluye recursos como aquellos que se destinan para educación, becas y pensiones no contributivas, y cuestiones similares.
Por otra parte, los gastos relacionados con servicios públicos generales y las transferencias no asociadas a funciones (como el pago de la deuda) sí han experimentado algunos crecimientos en los últimos años, pues se tratan de cuestiones menos flexibles para la aplicación de recortes.
Esta dinámica también se refleja en la composición general del Presupuesto Nacional. La inversión social llegó a representar un 50% del Presupuesto Nacional en 2014; pero, 11 años después, apenas alcanzan un 40%.
Por institución
La contención del gasto público se ha concentrado en las instituciones con presupuestos más grandes, susceptibles de recibir mayores recortes.
Carteras como los ministerios de Educación, Trabajo, Obras Públicas, Salud o Seguridad hoy tienen presupuestos casi iguales a los de hace seis años o inferiores, si se analizan en valores actuales.
En el caso de Educación, la cartera con un mayor peso relativo del Ejecutivo (con amplia diferencia), el freno se empezó a aplicar desde 2018 y representa una pérdida de valor de un 14% (unos ¢425.000 millones) desde ese momento.
Los ministerios pequeños, por otra parte, tienen realidades más fluctuantes. Como sus presupuestos son más ligeros, los cambios interanuales son mucho menos significativos en las cuentas finales de Hacienda.
En el siguiente gráfico, puede observar los cambios presupuestarios de los últimos 18 años por cada institución que recibe recursos del Gobierno Central. Todas las cifras están traídas a valor presente, de modo que se expresan en colones actuales para reflejar los cambios verdaderos en el poder adquisitivo de las entidades:
En cuanto a los demás Poderes de la República, el Poder Judicial enfrenta una situación similar a la de los ministerios más grandes del Gobierno, que han sufrido una mayor contención; mientras que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Asamblea Legislativa reciben financiamientos mucho menores.
El freno en el crecimiento de algunos presupuestos coincide con crisis en áreas como la educación pública y la seguridad, así como con el estancamiento de indicadores como la pobreza. Sin embargo, el gobierno sostiene que las restricciones actuales son necesarias para evitar una nueva crisis de endeudamiento.
“Ya logramos empezar a abonarle a la deuda y hay que ir por ese camino; no volviéndonos a endeudar y no dilapidando lo que vamos haciendo”, declaró el ministro Nogui Acosta, en una reciente entrevista con EF. “Eso sería pagar el mínimo de la tarjeta y gastar ese mínimo de una vez”.
La contención, sin embargo, es pesada. Tomando en cuenta la inflación, el Ministerio de Vivienda incluso cuenta hoy con un plan de gastos inferior al que tenían hace 18 años, mientras que otras entidades como la Contraloría o la Cancillería reciben casi los mismos recursos.
Nota del redactor: Para realizar este artículo, EF revisó los datos presupuestarios disponibles en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y Financiera (Sigaf) de los últimos 18 años, correspondientes al período 2007-2024. Todos los registros hasta 2023 son las cifras presupuestarias definitivas al cierre de cada período; mientras que los de 2024 son preliminares, al primer semestre de ese año. Asimismo, las cifras se deflactaron; es decir, se ajustaron a colones actuales, eliminando el efecto de la inflación.
