Así constaría en el informe IDI-DFPP-001-2022 enviado por el TSE al Ministerio Público (órgano acusador del Estado), con fecha del 8 de junio del 2022. Existen dos causas abiertas en las que se investiga “todo lo relacionado con el financiamiento del PPSD”.

El presidente Rodrigo Chaves rechazó referirse al informe del TSE este miércoles 24 de agosto, en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El rechazo, en sus palabras, es “porque no ha sido notificado”. Incluso, criticó que el expediente haya sido publicado por la prensa, al alegar que hubo una filtración “ilegal”.

“Yo no puedo responder a algo que no se me ha notificado y que fue filtrado de manera ilegal en violación al código correspondiente. Tengo la conciencia absolutamente tranquila, duermo en paz, pero no voy a responder a algo que no tiene ni forma ni legitimidad porque fue filtrado ilegalmente”, afirmó el mandatario.

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El informe fue remitido por el TSE a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA); sin embargo, como las causas se siguen contra el presidente Rodrigo Chaves, ahora le corresponde a la Fiscalía General tramitar y dirigir las pesquisas.

—  La Nación.

La discusión además calentó con la circulación en redes sociales de un audio de 21 minutos que se adjudica, supuestamente, al primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, y que hace referencia al manejo de las finanzas de la campaña del mandatario Chaves y del PPSD.

Casa Presidencial confirmó la veracidad del audio el mismo 26 de agosto por medio de un vídeo colgado en sus redes sociales oficiales, en el cual el mandatario indicó que en la comunicación del vicepresidente no hay ningún asunto “ilegal o censurable”.

“En lo personal, yo me siento muy complacido de que el Tribunal Supremo de Elecciones y eventualmente hasta el Ministerio Público, investigue todo lo relacionado con el financiamiento de las campañas políticas, ojalá de todos los partidos”, dijo Chaves.

Por su parte, Brunner expresó haber ejercido una tesorería “muy responsable” durante la campaña del PPSD.

No obstante, la misma voz atribuida a Brunner pronuncia, en el audio: “Ya esos activos vienen contaminados en el sentido de que hay donaciones de personas jurídicas y el trasladarlo a una persona física es meramente recibir una donación de persona jurídica, mediante interpósita persona. (...) Y que ya yo no puedo alegar que no sé nada de eso porque ya ha salido mucho en los periódicos”.

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En este contexto, El Financiero explica qué es una estructura paralela de financiamiento, qué es lo que se investiga con relación a la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, y cuáles podrían ser las posibles sanciones penales que estos ilícitos conllevarían.

¿Qué es una estructura paralela de financiamiento?

En materia electoral, una estructura paralela de financiamiento es una organización de fondeo que funciona al margen de la legalidad. Son recursos que no pasan por los controles partidarios ni por el sistema de transparencia público que la ley exige.

La legislación electoral prohíbe el financiamiento paralelo y establece que todo el dinero privado que use un partido político durante su campaña política debe ser canalizado a través de una cuenta única, administrada por la tesorería oficial del partido, o bien por personas autorizadas por el Comité Ejecutivo superior del partido para realizar actividades de recaudación de fondos. Cada persona autorizada para administrar esa cuenta única debe ser presentada debidamente ante el TSE.

Además, todos los gastos electorales deben ser tramitados mediante las cuentas partidarias y la norma electoral prohíbe las donaciones de sociedades anónimas a las campañas.

¿Qué encontró el TSE con respecto a las finanzas del PPSD, durante la campaña política?

Según el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, la campaña de Chaves podría haberse favorecido de dos estructuras paralelas, es decir, de recursos que no pasaban por los controles partidarios ni por el sistema de transparencia público que la ley exige.

- Una primera estructura habría estado vinculada al fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual fue administrado por la sociedad ATA Trust Company, vinculada al actual canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, y con participación del banquero Jack Loeb Casanova.

Esta figura habría cancelado facturas por poco más de ¢95 millones, como el alquiler de la sede del PPSD en San José ($5.000 mensuales), gastos por publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, salarios del personal, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliario de oficina, entre otros.

- Una posible segunda estructura tendría relación con el pago de facturas por miles de dólares desde las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, una asistente de administrativa de 24 años, quien es hija del diputado electo por San José, Waldo Agüero, y quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021.

Agüero habría recibido más de $195.000 en sus cuentas en el Banco Nacional (BN) de parte del banquero Jack Loeb, y reconoció a La Nación, en marzo pasado, que esos recursos se usaron para cubrir gastos electorales como comunicación y material proselitista.

¿Quiénes son los implicados?

Según el informe del órgano electoral, entre “las principales personas intervinientes en el primer presunto esquema paralelo de financiamiento partidario y posibles delitos conexos”, se identificó a 20 personas. Entre ellas están:

-El presidente Rodrigo Chaves

-El vicepresidente Stephan Brunner

-El empresario Jack Loeb

-El canciller Arnoldo André

-La asistente administrativa Sofía Agüero

-Tres diputados del PPSD: Luz Mary Alpízar (quien también es presidenta del partido), Paola Nájera y Waldo Agüero

Además, sobre esta primera posible estructura del fideicomiso, el TSE determinó que “se habría desarrollado y ejecutado con el conocimiento y participación de miembros de la cúpula del partido Progreso Social Democrático, diseñada para el beneficio directo de esa agrupación y de varias de sus candidaturas″.

Como intervinientes del posible segundo esquema, el informe cita a Loeb, a Agüero y a su hija, Sofía Agüero. No obstante, el Tribunal advirtió de que estos hallazgos tienen corte al 30 de mayo del 2022 y que podrían ampliarse en un informe final —cuando concluyan todas las pesquisas—. Esta estructura habría funcionado “a espaldas del PPSD”.

¿Cuál es el proceso que sigue el TSE para determinar si un partido político cometió una incorreción?

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, de manera cotidiana, monitorea reportes financieros que hacen los partidos políticos y ejecuta otra serie de auditorías y revisiones. También, tiene un área de recepción de denuncias ciudadanas.

Cuando se detecta una eventual o presunta incorrección, se suele abrir una investigación preliminar, en la cual uno de los objetivos fundamentales es determinar si la conducta que se investiga o que se ha denunciado podría encuadrar, en grado presuntivo, en alguna de las normas prohibitivas que están en el Código Electoral. Esa es la información que recopila el informe.

En este caso específico, el Tribunal abrió el 22 de diciembre del 2021 una investigación sobre el origen del dinero que financió la campaña Chaves. Luego, el 27 de abril del 2022 el Ministerio Público le solicitó al Tribunal la información relacionada con el fideicomiso.

A ese momento, Gustavo Román, asesor político del TSE precisó que las diligencias de la Fiscalía habían iniciado en enero del 2022, un mes antes de la primera ronda electoral, mientras el TSE avanzaba con la investigación preliminar.

El expediente fue remitido por el TSE a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) al Ministerio Público a principios de junio. Ahora, le corresponde a la Fiscalía General tramitar y dirigir las pesquisas. Si se supera esta fase, el proceso penal pasaría a fase de debate o de juicio, y serían los jueces penales quienes determinen la eventual responsabilidad o no de las personas investigadas.

¿Cómo deben ser los financiamientos en campaña, según la ley?

En línea con los rasgos del financiamiento público y de las reglas para el financiamiento privado, según la Constitución Política, el Código Electoral de 2009, sus reglamentos y reformas, y considerando la jurisprudencia que ha dictado el TSE como parte del sistema de fiscalización de sus finanzas, los partidos políticos tienen la obligación de informar periódicamente (de forma mensual o trimestral, según se trate de período electoral o no electoral) al Tribunal sobre su gestión económico-financiera.

Esto con el objetivo de que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos verifique la trazabilidad y mantenga los controles apropiados.

La tesorería de cada partido político es la principal obligada a remitir esos informes, los cuales deben incluir la siguiente información:

1. Un reporte completo y detallado de las contribuciones recibidas en el período para el cual se informa. Ese reporte debe indicar el nombre y cédula del contribuyente, así como el monto donado. En caso de contribuciones en especie, deberá reflejarse la tasación de dicha donación.
2. Un juego completo de estados financieros intermedios correspondientes al período, de conformidad con la normativa técnica atinente y los lineamientos establecidos por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
3. Estados de todas las cuentas bancarias, con sus respectivos auxiliares.
4. La totalidad de los registros auxiliares que le dan soporte a la contabilidad.
5. Los libros contables legalizados debidamente actualizados.

Cuando un partido político omita la presentación de estos requisitos o la información presente inconsistencias o se encuentre incompleta, el TSE podrá prevenir al tesorero de la agrupación para que aporte lo correspondiente, o bien corrija los errores cometidos en la presentación de los datos. De lo contrario, la agrupación podría exponerse a las sanciones asociadas con dicho incumplimiento.

¿Cuáles presuntos delitos se pueden haber cometido?

El Código Electoral de 2009 autorizó al TSE para investigar la solvencia económica de quienes contribuyan con los partidos y el acceso a información bancaria de estos y de quienes administren fondos partidarios.

Los ilícitos electorales son de dos tipos: las faltas y los delitos. Las faltas son castigadas con multas impuestas por la Dirección General del Registro Electoral y revisables ante el TSE. En cambio, los delitos tienen como sanción la pena de prisión y son competencia de la jurisdicción penal ordinaria.

El TSE le indicó a la Fiscalía que estas vías de financiamiento podrían configurar, según cada caso, los delitos tipificados en los artículos 273, párrafo primero; 274, incisos d y e; 275, párrafo primero e incisos a, b y c; y 276, inciso d, del Código Electoral.

Esos apartados no solo sancionan con penas de hasta seis años de cárcel el pago de facturas y la recepción de contribuciones, donaciones o aportes a candidaturas y precandidaturas mediante estructuras paralelas, sino que también castigan la recepción de contribuciones, donaciones o aportes privados proveniente de fuentes prohibidas, como sociedades anónimas o personas extranjeras.