EscucharEl presidente peruano Pedro Castillo anunció que disuelve el Congreso e instaura un gobierno de emergencia, antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su destitución.
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“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, dijo Castillo en un mensaje a la nación desde el palacio de gobierno, transmitido por televisión.
En un mensaje televisado a la nación, el mandatario dijo que se convocará en la mayor brevedad a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, que deberá elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.
“A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy (...) desde las 22H00 (03H00 GMT del jueves) hasta las 04H00 (09H00 GMT del jueves)”, indicó el mandatario, de traje azul y con la banda presidencial puesta.
“Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional”, señaló.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su “rechazo de manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”, y exhortó al mandatario a “respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado”.
“El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe”, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.
El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.
El Congreso de Perú, dominado por la derecha, tenía programado debatir el miércoles una moción de destitución contra Castillo por “permanente incapacidad moral”, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018.
