Mientras Costa Rica enfrenta grandes desafíos, como el incremento de la cobertura del alcantarillado sanitario o el abastecimiento del recurso en época seca, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no percibe ingresos por aproximadamente el 50,2% del líquido que inyecta en el sistema de la Gran Área Metropolitana (GAM) y siete sistemas periféricos.

La situación no es nueva, representa uno de los mayores desafíos para el país, y además, tiene un nombre técnico: agua no contabilizada. En palabras sencillas, es el líquido que se pierde por conexiones ilegales, hidrómetros en mal estado o fugas y, por lo tanto, no se factura.

El concepto incluye, por ejemplo, desde un catastro que no esté actualizado hasta una casa que se haya construido en un lote baldío y no tenga número NIS, a pesar de consumir recursos, explicó Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA.

No existe una estimación actualizada de la problemática, ya que los datos con los que se cuenta son del 2012. Durante año se produjeron 232,4 millones de metros cúbicos de agua en la GAM y siete sistemas periféricos. El promedio anual del recurso hídrico que se perdió y no se facturó fue del 50,2%, según cálculos de la institución.

A pesar de que esta situación afecta a todo el país, no hay datos de todas las regiones; el AyA solo cuenta con mediciones de la GAM y de siete sistemas periféricos.

La falta de cifras actualizadas causa que diferentes especialistas hablen de porcentajes de agua no contabilizada de entre el 40% y el 55%.

En Latinoamérica la problemática se da, sobre todo, en zonas de bajos recursos. De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Reúso del Agua (Aladyr), el promedio ronda entre el 35% y el 55%.

Los reportes del AyA indican que en el país hay medidores que marcan cero, hidrómetros alterados con miel de abeja, conexiones ilícitas y fugas.

¿Cuál es la solución?

La solución tiene nombre y apellidos: Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética (RANC-EE). La iniciativa tiene como objetivo reducir el agua no contabilizada en un valor no menor de 17 puntos porcentuales, optimizando las instalaciones existentes.

El proyecto tiene un costo de $162 millones y se realiza a través de una cooperación no reembolsable con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mediante un convenio con el banco de desarrollo alemán KFW por un monto de $130 millones, $30 millones de fondos del AyA y $2 millones de cooperación no reembolsable.

La ejecución de los recursos inició en el 2016; hasta el primer semestre del 2019 se habían ejecutado ¢2.454 millones, según datos suministrados por la Dirección de Planificación Estratégica del AyA.

En el 2019 se contratará a un consultor especializado por un valor de $16,7 millones para estudios básicos, programación y ejecución. Aunado a eso, la institución trabaja en el desarrollo de otros componentes, como la adquisición de equipos operativos, la sustitución de tuberías y el catastro de usuarios, entre otros.

El proyecto permitiría sustituir paulatinamente los medidores actuales por otros digitales; esto evitaría que un funcionario pase, casa por casa, haciendo la lectura. Además, los dispositivos son más herméticos, por lo que habría menos probabilidad de que los alteren.

La iniciativa significará una mayor disponibilidad de agua potable para satisfacer la demanda de los clientes, así como una mejoría en la calidad y continuidad del servicio.

Según el estudio de factibilidad del proyecto, al haber sistemas de presión regulados y un sistema confiable de facturación a través de la micromedición, también existirá un menor deterioro en las calles, pues habrá menos fugas.