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El segundo presupuesto extraordinario de la República avanzó la tarde de este lunes 20 de julio en su trámite ante la Asamblea Legislativa para convertirse en ley esta misma semana mediante un procedimiento especial que acelera el paso del expediente.
Con nueve votos a favor, de forma unánime, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron el proyecto de ley 20.080. Este texto plantea recortes al gasto público por ¢328.000 millones e incluye ¢90.000 millones para financiar los bonos Proteger y ¢45.800 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El plan de gastos que presentó el Gobierno el pasado 13 de julio no sufrió cambios en la propuesta de recorte al gasto público, ni tampoco en el incremento de ese rubro necesario para destinar recursos a la atención sanitaria de la pandemia.
Uno de los principales ajustes se dio con una orden de subejecución del 10% en todas las partidas y transferencias presupuestarias, excepto las remuneraciones.
Laura Guido, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), externó su preocupación por este cambio que se aprobó en la comisión a pesar de que la Contraloría General de la República (CGR) había señalado la improcedencia de aplicar esa norma.
“Obliga a una subejecución del 10%, lo cual podría significar un recorte adicional, por ejemplo, en el caso de las municipalidades que ya tienen una caída importante de sus ingresos. También habría afectación en otros títulos como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), donde se daría una reducción contraria a la constitución. Esta moción es peligrosa y puede ser inconstitucional”, advirtió la legisladora.
Otro de cambios que sufrió el texto en la comisión es un recorte de ¢7.500 millones al presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), con el fin de trasladar ese dinero a las municipalidades para saldar la reducción del 10% en las transferencias a los gobiernos locales.
“Esta moción es preocupante porque no hace una revisión de cuál es la obra que se vería afectada, sobre lo cual se pronunciara pronto el ministro de Obras Públicas y Transportes (Rodolfo Méndez Mata), y deja una situación compleja porque se trata de fondos que ya estaban autorizados y aprobados”, agregó Guido.
El plan de gastos presentado por el Gobierno pasará al plenario legislativo donde todavía los diputados podrán presentar mociones y hacer cambios antes de someterlo a votación en primer debate entre miércoles y jueves de esta semana.
Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, recalcó que se hizo un importante esfuerzo entre todos los grupos políticos para apurar el paso del proyecto por ese foro legislativo.
“Este texto no representa ni los ¢458.000 millones en recortes al gasto, ni los ¢328.000 millones que también se mencionaron por el Ejecutivo. El monto de reducción neta es cercano a los ¢195.500 millones, ese mismo monto que representa el 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), es lo que dictaminamos en la comisión”, añadió Hernández.
Corte pide 38 votos
La Corte Plena analizó el proyecto del presupuesto extraordinario en su sesión de este lunes y determinó que los recortes planteados por el Gobierno afectan el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que piden 38 votos para que se convierta en ley de la República.
14 de los 22 magistrados votaron a favor de acoger un informe presentado por la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial en el que se desarrollaron varios argumentos sobre los efectos negativos que tendría el ajuste presupuestario.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, comentó a los jueces magistrados que el proyecto de ley planteaba inicialmente un recorte de ¢2.500 millones para este año, pero la suma creció a ¢5.147 millones.
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De acuerdo con la jerarca, el reacomodo de gastos implicaría reducir pagos de cargas sociales, limpieza y vigilancia, horas extras, publicación de edictos, entre otros rubros.
Emilia Navas, fiscala general de la República y Wálter Espiniza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), también mostraron su preocupación frente a la propuesta del Ejecutivo ya que implicaría tomar decisiones drásticas sobre la continuidad de algunos servicios.
“Va a ser imposible realizar todas nuestras tareas. En esta gestión hemos tratado de atender todo bien, pero creo que nos están llevando al límite para tener que tomar decisiones tristes, pero drásticas en el sentido de ver a qué le damos prioridad”, aseveró la fiscala general.
¿Qué plantea el presupuesto?
El proyecto de ley contempla una reducción de los ingresos corrientes del Gobierno por ¢1,28 billones para este año. Esta caída se debe a una menor recaudación de tributos como el de Valor Agregado (IVA), renta, importaciones y propiedad de vehículos, entre otros.
Los nuevos ingresos del Ejecutivo rondarán los ¢213.000 millones, una parte de esos recursos provienen de fuentes como la transferencia de ¢75.000 millones que otorgó el Instituto Nacional de Seguros (INS) para financiar los bonos Proteger y ¢15.000 millones por el congelamiento del precio de los combustibles. Además del dinero que entra por impuestos regularmente.
Este escenario supone una brecha entre los ingresos y gastos del Gobierno por ¢1,07 billones que se debe cubrir de diferentes maneras.
Hacienda propone tres acciones para cerrar esa diferencia de recursos: incrementar el límite de endeudamiento por ¢663.000 millones, recortar el gasto público en ¢195.517 millones y usar ¢217 millones del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
En el reajuste presupuestario del 2020, el Gobierno planea recortar el gasto en ¢327.975 millones, pero también incrementa algunos rubros por ¢132.000 millones con el fin de enfrentar la pandemia en los frentes social, sanitario y económico.
