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Cientos de guatemaltecos volvieron a manifestarse este domingo para reclamar la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, a quien le reprochan no destinar suficientes recursos a combatir la pobreza y la desigualdad en su nuevo presupuesto.
"Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo" y "Fuera Giammattei" se leía en las pancartas de algunos de los manifestantes que llegaron con mascarillas a la plaza central, frente a la antigua sede del gobierno, ubicada en el centro histórico de la capital, observó un fotógrafo de la AFP.
Las protestas del domingo transcurrían de forma pacífica, un día después de que un grupo de guatemaltecos quemara la sede del Congreso en protesta por la aprobación de un presupuesto que no contempla aumentos en las partidas sociales y prevé un fuerte endeudamiento público.
El mandatario emitió el domingo por la tarde un comunicado en el que reprochó las manifestaciones violentas al considerar que son grupos "minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado", y anunció que su gobierno ha invocado la Carta Democrática Interamericana de la OEA, un instrumento del organismo supranacional con capacidad para sancionar o tomar las medidas adecuadas para garantizar el respeto del orden constitucional de los países.
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Giammattei abogó en el comunicado por hablar con distintos sectores para analizar la situación, ya que "no es sino a través del diálogo y la concentración (...), que nuestro país podrá superar los desafíos que hoy confronta".
La Universidad de San Carlos, la única estatal del país, hizo un llamado para convocar un paro nacional el lunes y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció que ese día bloqueará carreteras importantes del país.
El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos "por el bien del país", pidió este domingo al Ministerio Público (MP, fiscalía) que investigue la quema de oficinas del Congreso pero también la represión policial.
Si llegaran a renunciar ambos gobernantes, el Congreso tendría que juramentar al canciller, Pedro Brolo.
El secretario general OEA, Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron el presupuesto y la violencia contra los manifestantes, tras condenar los incidentes del Congreso.
No más corrupción
El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez, por un caso de fraude aduanero.
La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a enfrentar la pandemia de coronavirus así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio que encabezará un joven cercano al mandatario.
El Congreso había aprobado préstamos por más de $3.800 millones para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos.
El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido criticada por su vicepresidente, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los grupos afectados por los confinamientos.
Según datos oficiales, la COVID-19 dejó casi 120.000 contagios y más de 4.000 muertos en este país de 17 millones de habitantes.
Hartazgo y repudio
En la protesta del sábado frente al Congreso, la policía capturó a casi 40 personas, entre ellos dos menores de 18 años, según la Corte Suprema de Justicia.
Cruza Roja informó que atendió alrededor de medio centenar de manifestantes y una quincena fueron trasladados a hospitales, uno de ellos en estado grave pero estable, informaron los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios.
Los uniformados lanzaron el sábado gases lacrimógenos a los manifestantes pacíficos de la plaza central donde había decenas de niños.
"Estamos cansados, no hay otra forma más para poder demostrar nuestro repudio, nuestro hartazgo, estamos cansados ya de tanto abuso por parte de las autoridades", aseveró el sábado una manifestante que no se identificó.
El presupuesto
El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobó esta semana un presupuesto para 2021 de casi $12.800 millones, un 25% más abultado que el de este año.
La mayoría de los fondos están dirigidos a infraestructuras con el sector privado y no prevé aumentos en las partidas de salud ni de educación, ni tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.
El 59,3% de la población vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años.
