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La discusión acerca del registro de accionistas propuesto por el Poder Ejecutivo no es un tema reciente. Desde el 2013 el Ministerio de Hacienda ha perseguido múltiples intentos para la creación de un registro similar, que hoy bloquea el debate en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa y, con ello, los proyectos de ley orientados a la reducción del gasto público y el cobro de nuevos impuestos.
Pero, ¿por qué resulta tan polémica esta discusión? En estas seis preguntas le explicamos los ejes principales del debate.
¿Existe ya un registro de accionistas?
El artículo 137 del Código de Comercio requiere que las personas jurídicas lleven un registro que incluya nombres, nacionalidades, domicilios, acciones y movimientos de cada accionista. Sin embargo, según el Ministerio de Hacienda, actualmente no existe una base de datos actualizada que recopile los datos de todas las empresas.
En el último año, Hacienda ha solicitado este tipo de registros a 377 entidades privadas, en relación con los procesos usuales de fiscalización que realiza. Hoy en día, si Hacienda requiere esta información y una empresa decide no suministrarla, la persona jurídica puede verse multada con un mínimo de 10 salarios base y un máximo de 100 (entre ¢4 y ¢40 millones). Una empresa puede ser multada en varias ocasiones, si se niega a responder a varias solicitudes.
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¿Por qué Hacienda propone cambiarlo?
Sin una base de datos, Hacienda asegura que la carencia de acceso a la información inmediata dificulta el trabajo para conocer los beneficiarios finales de una empresa, lo que también entorpece la gestión tributaria y el cobro de impuestos.
Las multas tampoco son suficientes, según el Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda:
“Para que tengan una idea de su tamaño, (hay empresas que) tienen ingresos de ¢40.000 millones en promedio en un año, unos $80 millones y utilidades de unos $5 millones, o dos millones y medio en promedio, de dólares al año. ¿Una multa de $80.000 para una empresa que tiene utilidades de $5 millones será disuasiva? Evidentemente, no”, señalaba el Viceministro en la comisión de Hacendarios el 20 de enero de este año.
El trabajo es aún más complejo si existen sociedades encadenadas o concatenadas. Por ejemplo, una sociedad puede ser accionista de otra sociedad y crear cadenas extensas que dificultan encontrar los verdaderos accionistas físicos de una empresa.
¿Qué les preocupa a los empresarios? ¿Quiénes se oponen?
“Uccaep se opone y se seguirá oponiendo a tener un registro de accionistas hasta tanto no se garantice la confidencialidad de empresas y ciudadanos”, aseguró Ronald Jiménez, Presidente de Uccaep.
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Se trata de la principal preocupación que externa la Unión Costarricense de Cámaras, que pide “criterios estrictos”, “seguridad informática” y “sanciones severas” que impidan la filtración de este tipo de informaciones a cualquier entidad ajena a los controles tributarios del Poder Ejecutivo.
En la comisión de Hacendarios del 20 de enero, sin embargo, la postura de la entidad era aún más radical. Luis Mesalles, miembro directivo de la Uccaep destacaba su oposición a un registro centralizado.
“Nosotros insistimos en que el registro de accionistas centralizado es un tema que no es adecuado, no solamente para las grandes empresas” señaló.
En ese mismo panel, los diputados Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana, y Otto Guevara del Partido Movimiento Libertario, han destacado sus diferencias a la propuesta del Poder Ejecutivo.
¿Existen registros de accionistas en el extranjero?
"En todo el mundo hace un montón de tiempo hay registros de quiénes son los accionistas de las empresas” zanjó Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el 15 de febrero ante todo el plenario legislativo
“Es muy difícil entender cómo, quién y porqué se pueden oponer a que el Estado tenga información sobre quién es el dueño de las empresas (...) Esto es una puesta al día. Ustedes no van a ser pioneros, originales o diferentes, simplemente se van a poner al día de lo que ya están haciendo todas las democracias modernas” comentaba.
Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Hacienda asegura que este tipo de registros están vigentes en la región en países como Argentina, Chile, España, México y Colombia.
¿Qué opciones existen en este momento?
Existe un consenso relativo acerca de la necesidad de crear una base de datos con toda la información respectiva. El gran eje de discusión es quién debe administrar la base y qué características tendría. Allí la confidencialidad y la inmediatez son los principales pesos en la balanza.
El abanico de opciones va desde un registro centralizado a manos de Hacienda, un registro centralizado a manos de las empresas, hasta aumentar las multas que se cobran a las sociedades que niegan acceso a la información (propuesta de Otto Guevara).
¿En qué estado se encuentra el debate?
El debate pasa ahora a la mesa de una comisión especial creada por el gobierno y el sector empresarial conformada desde este martes para elaborar una propuesta que deberá discutirse en la Asamblea Legislativa. El equipo de trabajo tiene representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, UCCAEP y del Instituto Costarricense sobre Drogas.
La comisión terminará redactando una propuesta de moción que podría definir la administración, recolección y las sanciones para el uso de un registro de accionistas que permita enfrentar el lavado de dinero, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo, entre otros temas ligados.
