Rodrigo Chaves llega a Zapote con el mantra de recortar costos

Las propuestas para reducir el costo de la vida y optimizar el gasto son una constante en el discurso de los nuevos mandatarios; sin embargo, la población no ha visto cambios significativos y Chaves logró posicionarse como un tecnócrata capaz de alcanzarlos.

La complejidad de las acciones para reducir costos es alta, porque usualmente implica llegar a acuerdos y enfrentar la institucionalidad del país. Pero Chaves, como una declaración de intenciones, dice que arrancará con cinco decretos.

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Los cinco decretos

El presidente electo insistió, durante toda su campaña, en que Costa Rica no es un país pobre sino “mal administrado”. En ese sentido, enmarcó como una de sus principales promesas la de reducir el costo de la vida a partir de cinco decretos desde el primer día de su gobierno. Su intención, asegura, es cambiar el paradigma de ciertos mercados y reforzar una mayor cultura de competencia.

Tres de esos decretos, afirmó, reformarían los mercados del arroz, los medicamentos y los agroquímicos; mientras que los otros dos se abocarían a replantear la canasta básica tributaria que tiene una tarifa reducida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a reordenar cuestiones administrativas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Las firmas de los primeros decretos en las nuevas administraciones suelen plantearse como una especie de declaración de intenciones por parte de los nuevos mandatarios. Por ejemplo, el expresidente Luis Guillermo Solís y el actual mandatario Carlos Alvarado los aplicaron en cuestiones relacionadas con el impulso de proyectos de infraestructura y la promoción de energías limpias. Ahora Chaves apunta a reducir precios.

“¿Usted sabe con quién hay que comerse la bronca para beneficiar a cinco millones de costarricenses? Con cuatro agroindustriales en el caso del arroz, con 20 importadores en el caso de las medicinas y con otros cuatro importadores en el de los agroquímicos”, dijo Chaves en el penúltimo debate presidencial, organizado por Televisora de Costa Rica, antes del balotaje definitivo que le dio la victoria.

En el caso del mercado arrocero, el presidente electo propuso levantar medidas proteccionistas que benefician a los industriales del país, representados en la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). Hoy existen restricciones para la importación de arroz y los elevados costos de producción nacional hacen difícil generar un rendimiento competitivo en el mercado, señaló el economista Dennis Meléndez a EF.

Como dichas restricciones han sido impuestas vía decreto podrían reformarse a través del mismo mecanismo, según Meléndez. Desde su punto de vista, “conforme se sumen nuevos importadores se produciría competencia y se vería un efecto sobre los precios”, aunque “el beneficio no sea inmediato”.

El economista Víctor Umaña, por otra parte, considera que existe algún nivel de riesgo si se privilegia solo la importación. Él llamó la atención sobre la necesidad de tener alguna garantía de abastecimiento en el país, aunque reconoció no saber los términos en los que Chaves plantearía el decreto. En materia de seguridad alimentaria se deberían contemplar balances, según el especialista.

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Con respecto a las medicinas, la prioridad de Chaves sería eliminar escollos que, según considera, dificultan la entrada de productos más variados al país. Por ejemplo, afirmó que el Ministerio de Salud podría homologar las listas de importación con autoridades reguladoras extranjeras como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA), de modo que se alivien los trámites para importación.

La tramitología actual para la inscripción de medicamentos implica esperas de año y medio, en promedio, lo cual desalienta la competencia, según Chaves.

El presidente electo también afirmó que pretende eliminar la canasta básica tributaria y convertirla en una canasta básica de “consumo y nutrición”. Con ese movimiento la tarifa reducida del 1% del IVA de la que hoy gozan esos bienes se cobre sobre productos que, efectivamente, consuman la mayoría de las familias.

German Morales, socio director de Grant Thornton, apuntó que un alivio efectivo a los precios con esa medida dependería de los nuevos bienes y servicios que se incorporen finalmente en la canasta, los cuales por ahora se desconocen.

Para bajar el costo de la energía, Chaves también indicó que ordenaría al ICE cumplir tres mandatos: aplicar las normas internacionales de información financiera (NIIF), revisar sus compras de electricidad a generadores privados y registrar en la contabilidad los reportes de las pérdidas cambiarias futuras. Según el nuevo mandatario, si estas medidas ayudan a sanear las finanzas de la institución, entonces podría bajar el costo en las tarifas que cobra a sus clientes.

Asimismo, el presidente electo planteó un decreto adicional para dinamizar la inscripción de nuevos agroquímicos. Según ha mencionado en reiteradas ocasiones, esto no solo buscaría ayudar al sector agrícola, sino también tener un impacto indirecto sobre el precio de sus productos que consume la población del mercado local.

La actual administración ha trabajado en esa materia y recientemente firmó un decreto con algunas enmiendas. Sin embargo, la Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agro Insumos de Costa Rica (Asoagro) afirmó que no se redujo sustancialmente los plazos para la inscripción de nuevos agroquímicos, como se esperaba. El sector reclama que el proceso de registro promedio en la actualidad tarda más de 13,8 años por producto, lo cual implica para los productores trabajar con insumos obsoletos.

El costo de contratar

Más allá de sus decretos, Chaves afirmó que buscaría reducir los costos de contratación en el país. El nuevo mandatario dijo durante toda su campaña que buscará acuerdos con la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para reducir el impacto de las cargas sociales y para que las personas coticen por el tiempo laborado y sus ingresos efectivamente recibidos.

Chaves ha reconocido explícitamente, sin embargo, que para ello habría que “persuadir” a los directivos de la Caja. Ese verbo también lo utiliza textualmente su plan de gobierno.

Esa persuasión no es sencilla. Para la toma de sus decisiones, la CCSS debe basarse en estudios que respalden las medidas que se tomen y la construcción de ese sustento, o la falta del mismo, ha truncado decenas de intenciones en el pasado.

Un ejemplo de la complejidad de la medida es el discusión que ha dado la junta directiva de la Caja en años recientes sobre eventuales medidas para promover la formalización laboral. Las discusiones han sido la tónica de los últimos años, pero no han llegado a mayores acuerdos por el momento.

Las reformas en el modelo de financiamiento de la Caja implican un impacto directo en la sostenibilidad de sus seguros.

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En Costa Rica, la carga patronal de la empleabilidad es de un 26,5% por salario. De ellas, un 9,3% corresponde al seguro de enfermedad y maternidad, un 5,3% al régimen de invalidez vejez y muerte, un 5% al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y un 2% al régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP). Otros entidades reciben aportes menores.

El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, entre otras personalidades, ha subrayado la necesidad de reducir esos importes y afirmó al periódico La Nación, en agosto del 2021, que el país debería estudiar la posibilidad de una tasa de cotización más atractiva. El jerarca afirmó que una parte del impacto en los ingresos por la cotización se podría compensar con mayores niveles de formalidad laboral, con más crecimiento económico y con algún impuesto general, de ser necesario; pero reconoció que se trata de una discusión que requeriría de “un gran diálogo” como sociedad.

La junta directiva de la Caja está compuesta por tres representantes designados por el Gobierno, tres del sector empresarial y tres de los sectores sindicales. Según Chaves, su deseo es incidir para alcanzar mayorías en los momentos oportunos.

Aparato estatal y pensiones

También durante su campaña Chaves criticó la administración del aparato estatal hecha por los gobiernos recientes y subrayó que puede ser más eficiente en su gasto. El exministro de Hacienda dijo, como candidato, que “no le tiene miedo a reordenar y reestructurar los gastos de las instituciones, incluyendo las planillas”; aunque también afirmó que no planteará despidos masivos o ideas similares, “para no generar disrupción y dislocación” en el servicio público.

Según el nuevo mandatario, cada decisión que tome sobre la fusión o eliminación de cualquier entidad dependerá de estudios técnicos; y en el caso de las planillas se podrían aplicar modelos como congelamiento de plazas, retiros voluntarios y traslados interinstitucionales, cuando se requieran.

Como antecedente, Chaves impulsó la idea de vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), cuando fue ministro de Hacienda; pero no ha dicho su retomará esa tarea.

En cuanto a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el exministro ha mencionado que no considera oportuna la privatización de la empresa o de sus funciones, aunque sí “quitarle sus rentas monopólicas”. Según el jerarca, se debe trabajar para reducir los márgenes de operación de la compañía pública.

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En lo que sí ha sido un tanto más claro, es en relación con su deseo de recortar aún más las “pensiones de lujo”. Chaves prometió dar guerra a las resoluciones de la Sala Constitucional que, hasta hoy, impiden realizar deducciones mayores al 50% del monto bruto de las jubilaciones más altas.

Entre sus planes en ese campo, dijo que podría realizar una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la validez de que los magistrados constitucionales opinen sobre ese tema, que les afecta directamente. También dijo que podría impulsar un referéndum al respecto –un planteamiento que sería impracticable por el artículo 105 constitucional, según diversos abogados.

Chaves también señaló en diversos espacios como una “inconstitucionalidad” la existencia de múltiples regímenes de pensiones, más allá del que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sin embargo, moderó su discurso sobre ese tema hacia el cierre de su campaña y afirmó no tener problemas, siempre que los regímenes adicionales sean sostenibles por su cuenta.

Un acuerdo “hacia arriba”

El nuevo mandatario también ha planteado la posibilidad de recortar gasto público si logra renegociar la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): una intención expresa de su parte.

Chaves señaló en conferencia de prensa, apenas un día después de vencer en el balotaje, que le gustaría replantear las condiciones del pacto “hacia arriba”. “Yo quisiera ir donde el Fondo a decirles ‘saben qué, ustedes me estaban pidiendo que caminara dos kilómetros, pero nosotros queremos correr cinco’”, afirmó.

Chaves no ha profundizado en las medidas concretas que quisiera llevar adelante como parte del acuerdo con el organismo internacional en esa renegociación; sin embargo, en una reciente entrevista con EF, mencionó algunos de los pilares que pondría sobre la mesa.

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Muchos de ellos incluyen una reducción de gasto público pero también de gasto tributario; es decir, el que el Gobierno Central deja de percibir por brindar beneficios fiscales o no cobrar adecuadamente sus impuestos.

“Yo voy a seguir con un programa que quite exenciones fiscales; que quite destinos específicos; que quite las parafiscales, que son un regalito que le da el Estado costarricense al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) todos los años; que reduzca la evasión de una manera agresiva; y que revise una serie de precios en las concesiones públicas y en la estructura del gasto en Costa Rica, no solo en volumen sino en composición”, dijo para esa publicación, del 13 de enero pasado.

El FMI observó en su última revisión sobre el programa con Costa Rica que los objetivos fiscales del acuerdo “parecen estar cómodamente al alcance”, incluso si las autoridades actuales no consiguen la aprobación de medidas de nuevos impuestos. No obstante, Chaves se dice ambicioso.

Antes de renegociar al alza, sin embargo, el nuevo mandatario deberá responder al Fondo con la aplicación rigurosa de la regla fiscal que restringirá el gasto tanto como puede durante los próximos cuatro años; así como con la reglamentación oportuna de la recién aprobada Ley Marco de Empleo Público, cuya entrada en funcionamiento se espera para marzo de 2023.

Barrera legislativa

A pesar de sus altas ambiciones, Chaves enfrentará contrapesos políticos. Ya se mencionó en este recuento al de la CCSS, en el caso del costo de contratación, y al plano judicial, en el caso de la pensiones; pero también deberá negociar sus ideas que requieran enmiendas legales con la Asamblea Legislativa.

El partido que le llevó al poder, el Progreso Social Democrático (PPSD), entrará por primera vez al Congreso con una fracción de apenas 10 curules de 57 posibles; lo cual implicará la obligación de llegar a acuerdos que podrán o no ser posibles en algunas de sus ideas.

Entre las exoneraciones de impuestos que Chaves reprueba, por ejemplo, están de las que gozan las grandes cooperativas; sin embargo, para quitarlas necesitaría del apoyo mayoritario del Congreso, en donde siempre han estado representados los intereses de esas entidades en sectores partidarios afines, como algún grupo del Partido Liberación Nacional (PLN) y otras bancadas.

A todo esto, la analista legislativa Kattia Benavides suma el reto adicional de la falta de experiencia del PPSD y otros legisladores entrantes para entablar negociaciones. Según señaló, habrá que esperar para ver qué van a proponer y cómo van a avanzar en la corriente legislativa.

Según afirmó la jefa de fracción de la nueva bancada oficialista, Pilar Cisneros, uno de los principales nuevos proyectos que está “listo o casi listo” para su presentación es una propuesta para promover la denuncia en casos de corrupción. En su plan de gobierno, el partido de Chaves indicó que promovería mecanismos que insten y que faciliten la denuncia de irregularidades como el que ya existe en Estados Unidos, bajo la figura del whistleblower, o informante. Este incluye la posibilidad de otorgar recompensas.

Eugenia Aguirre, investigadora del Observatorio de la Política Nacional (OPNA), afirmó que para la negociación legislativa será clave el nombramiento que se realice en el Ministerio de la Presidencia.

Constantino Urcuyo, politólogo y analista, consideró que la fracción del PPSD debe entender que es minoritaria y que carece de experiencia.