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El proceso contra el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohammed, y otros cuatro acusados se reanudó este martes 7 de septiembre, pero su conclusión parece lejana, en vísperas del vigésimo aniversario de los ataques.
Mohammed, con una densa barba roja encanada, y los otros hombres comparecieron ante la corte en la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en la reanudación del proceso tras una pausa de 18 meses por la pandemia de COVID-19.
El tribunal militar estaba repleto de fiscales, intérpretes y cinco equipos de defensores para Mohammed y los presuntos cómplices Ammar al Baluchi, Walid bin Attash, Ramzi bin al Shibh y Mustafa al Hawsawi.
En el público, tras una gruesa barrera de vidrio, estaban familiares de las 2.976 personas que murieron por los ataques hace dos décadas, así como un nutrido grupo de reporteros para marcar la confluencia con el sombrío aniversario del sábado.
Los cinco acusados, que están encarcelados en esa prisión militar estadounidense desde hace casi 15 años, enfrentan la pena de muerte por cargos de asesinato y terrorismo ante el tribunal de crímenes de guerra.
Pero, con el proceso aun en su fase previa al juicio luego de nueve años de iniciado, y empantanado por el asunto central del momento, que las pruebas del gobierno están contaminadas por la tortura que los acusados sufrieron bajo la custodia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), no se vislumbra un fin inmediato.
El proceso es presidido por un nuevo juez militar, el coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall, el octavo del caso.
El oficial decidió que la audiencia del martes sería consagrada a sus propias calificaciones. El resto de la semana habrá principalmente reuniones con los fiscales militares y los equipos de defensa.
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Y la fase previa al juicio podría durar fácilmente un año más, postergando el esperado veredicto.
Cuando se le preguntó si el caso podría finalmente llegar a ese punto, un abogado defensor, James Connell, respondió: "No lo sé".
Los abogados dicen que los cinco hombres están físicamente debilitados por los efectos duraderos de las horribles torturas que sufrieron en los llamados “sitios negros” (centros clandestinos de detención) de la CIA entre 2002 y 2006.
A eso se suma, señalan, el impacto acumulativo de 15 años pasados en condiciones duras y de aislamiento.
Están representados por abogados asignados por el ejército, así como por abogados pro bono del sector privado y organizaciones no gubernamentales.
Desde que comenzó el caso, los fiscales lo han considerado cerrado, incluso sin la información contaminada obtenida de los brutales interrogatorios de la CIA.
Sostienen que se han proporcionado pruebas sólidas de conspiración contra los acusados de los ataques del 11 de septiembre durante los llamados interrogatorios de “equipo limpio” realizados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en 2007, después de que los cinco llegaron a Guantánamo.
Pero los abogados defensores argumentan que los interrogatorios de 2007 difícilmente fueron “limpios” porque el FBI también fue parte de las torturas instrumentadas por la CIA.
Los acusados hablaron ante los interrogadores del FBI porque tenían miedo de que volvieran a martirizarlos, afirmaron.
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"No se equivoquen, encubrir la tortura es la razón por la que estos hombres fueron llevados a Guantánamo", en lugar de presentarlos ante un juez federal en el territorio estadounidense, dijo Connell, defensor de Baluchi.
Para probar su caso, la defensa exige enormes cantidades de material clasificado que el gobierno se resiste a entregar, desde el programa de tortura original hasta las condiciones imperantes en Guantánamo y evaluaciones del estado de salud de los detenidos.
Pretenden igualmente entrevistar a decenas de testigos más, después de que 12 ya comparecieron ante el tribunal, incluidos dos hombres que supervisaron el programa de la CIA.
Las demandas han retrasado el juicio, pero la defensa culpa al gobierno de ocultar activamente materiales relevantes para el caso.
Alka Pradhan, otro abogado defensor, señaló que el gobierno tardó seis años en admitir que el FBI participó en el programa de tortura de la CIA.
“Este caso es agotador”, dijo. “Están reteniendo cosas que son procedimientos normales en los tribunales”.
