La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) llamó la atención para que los efectos económicos de la crisis causada por el COVID-19 sean atendidos con reducción de gasto público y no con la adquisición de más deuda.

“A pesar de que el Gobierno, en especial el Ministerio de Salud, ha realizado un extraordinario manejo de la situación, para mantener esa curva de infectados, hay temas que nos siguen debiendo a los costarricenses, para aliviar esa carga personal, profesional y psicológica que llevamos todos”, declaró Álvaro Sáenz, presidente de la Uccaep.

Mientras tanto, el Gobierno disminuye sus ingresos de forma sustancial por la moratoria en los impuestos, pero de momento no han presentado ninguna medida para reducir el gasto estatal en servicios no esenciales, salarios o pensiones de lujo.

Tocar al sector público

El empleo público no esencial debe de hacer una contribución solidaria en medio de la crisis, de acuerdo con Sáenz.

“Propusimos la suspensión temporal y parcial del contrato de trabajo para el sector público en actividades no esenciales, o el impuesto solidario a los salarios más altos del sector público y a las pensiones de lujo”, detalló

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Sumado a esto, la Unión propuso voltear la vista al salario escolar que reciben los funcionarios de Gobierno de forma anual. De acuerdo con Sáenz, tal y como el Estado capitalizó las ganancias del Instituto Nacional de Seguros (INS), en dos años hacia futuro, debería canalizarse el “ahorro grande de derogar el decreto de salario escolar”.

“No se trata de castigar a nadie, sino de ser solidarios, para que estos ahorros se canalicen en dar alimentos a miles de personas”, explicó Sáenz.

Otro de los principales problemas que denuncia la Unión son los atrasos en los trámites para suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornadas laborales, que realiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esto podría entorpecer la entrega de dinero prometida por el Gobierno para las personas afectadas económicamente por la crisis sanitaria.

La recién aprobada Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional (9832) establece que la solicitud de revisión ante el MTSS de las empresas, es posterior a que estas se acojan a la reducción de jornada. El patrono tiene tres días hábiles, posteriores al inicio de reducción de jornada, para solicitar vía correo electrónico, la aprobación de la suspensión.

Esto quiere decir que mientras los trámites no sean expeditos, no hay certeza de cuántas personas están afectadas por un recorte de sus salarios.

Al 6 de abril el MTSS había reportado que 1.561 empresas habían solicitado la suspensión temporal de los contratos de trabajo, medida que afectó a 21.364 trabajadores. Mientras que 1.096 negocios habían optado por la reducción de la jornada laboral, lo que afectó a 29.055 personas.

El Gobierno estimó que en una primera etapa daría subsidios de ¢200.000 a 350.000 personas afectadas por este tipo de medidas.

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Si la entrega de este dinero depende exclusivamente de que el país adquiera más deuda y no con recorte al gasto “el déficit fiscal va a causar una debacle más grande que la enfermedad”, declaró Sáenz.

La calificadora de riesgo Moody’s proyectó que el déficit del país para el 2020 será de 8,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda pública alcanzará el 66% del mismo. En contraparte, previo a la emergencia por COVID-19, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectó un déficit de 5,3% del PIB.

Otras medidas

La UCCAEP dio a conocer una serie de medidas en las que trabajaron en conjunto con el Gobierno a través del Comité de Enlace entre el sector productivo y el Estado.

• El cierre restringido sanitario durante la Semana Santa. De acuerdo con Sáenz, se “iban a proponer medidas más estrictas afectando la producción y la compra de bienes y servicios”
• Coordinación de los cierres sociales pero no productivos: para que fábricas, agricultores y sector exportador, así como servicios esenciales privados, pudieran seguir funcionando.
• Continuación de labores de servicios de transporte públicos y privados.
• Continuación de actividades comerciales esenciales como ventas de alimentos, farmacias, insumos agrícolas, combustibles o servicios bancarios

Al 6 de abril en Costa Rica se contabilizaron 467 personas contagiadas del virus, 26 hospitalizadas, de las cuales, 14 están en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El país ha descartado 4896 personas y 18 ya se recuperaron.