Esta entidad recibió ¢39.614 millones para operar este año, que representan el 8,5% del total del presupuesto del Poder Judicial. Su tarea es defender a quienes no pueden pagar un abogado para enfrentar procesos penales o sociales.
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Para cumplir con el artículo 454 del Código de Trabajo, también era necesario recurrir a la fuerza laboral. Por eso la Defensa Pública debió contratar a 72 abogados para ubicarlos en 23 oficinas en todo el país.