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El régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) perdió 100.718 cotizantes entre febrero y junio de este año debido al impacto económico provocado por la crisis del coronavirus.
Esta caída se puede explicar por la pérdida de trabajos en el sector privado donde se dieron despidos, suspensiones de temporales de contratos y reducciones de jornadas ante el embate de la pandemia en la economía nacional.
Ubaldo Carrillo, director de pensiones de la CCSS, explicó los datos, la mañana de este miércoles, ante la comisión especial que analiza la situación financiera de la institución en la Asamblea Legislativa con el fin de emitir un informe para recomendar acciones que den sostenibilidad a largo plazo.
El jerarca aseguró que a la cifra de trabajadores del sector privado (100.592) se deben sumar otros 2.000 del sector público. La entidad desconoce las razones por las cuales estos empleados del Estado dejaron de aportar a la CCSS.
“Hay que dejar claro que la pérdida de cotizantes en el sector privado nos duele, pero nos duelen más los del público porque si vemos el salario del sector público es casi el doble, eso quiere decir que el aporte de cada trabajador es como el doble del privado”, aseveró Carrillo.
En febrero la CCSS reportaba 1.590.000 cotizantes, cifra que se redujo a 1.285.302 para junio de este año.
Los efectos negativos de la crisis del coronavirus sobre las finanzas de la CCSS se demuestran en la caída de los aportantes, la reducción de la base mínima contributiva y la contracción de los salarios de empleados privados como parte de los ajustes en las jornadas laborales.
Estos factores provocaron una reducción en las cuotas que, según Carrillo, obligó a la entidad a cubrir el faltante de recursos con dinero proveniente de los intereses del régimen de pensiones.
Los trabajadores del sector privado que cotizaban para la institución pasaron de 982.180 en febrero a 886.333 en junio, una reducción del 9,7% (95.847 personas en términos absolutos).
Otro escenario similar se reportó en quienes trabajan por cuenta propia, en este segmento la cantidad de aportantes se redujo de 200.197 en febrero a 197.452 en junio, una contracción de 1,3% (2.745 personas).
Gastos del régimen
El director de pensiones de la entidad alertó que los cambios demográficos que experimenta la población nacional plantean un reto para la sostenibilidad de largo plazo del régimen.
De acuerdo con el jerarca, es necesario buscar una reforma integral donde se fusionen el Régimen No Contributivo y el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para fortalecer y prolongar su existencia en el futuro.
Como parte de las explicaciones que ofreció Carrillo ante los diputados, destacan algunos factores que disparan el gasto.
Los determinantes son tres:
1- Transición demográfica: lo conforman el incremento en la esperanza de vida de los afiliados, las bajas tasas de mortalidad y las bajas tasas de fecundidad.
2- Cobertura del sistema: son todos los que ingresan al sistema y ayudan al financiamiento, pero existe un grupo que ingresa de forma tardía o del todo no lo hace por la naturaleza del trabajo informal que desempeñan.
“Un reto país es el sector informal”, añadió el jerarca.
3- La carga o dependencia demográfica: es el número de personas que demandan servicios de la seguridad social frente al número de personas que podrían financiarlos.
“Cuando hablamos de dependencia demográfica no hablamos solo de adultos mayores, también hablamos de menores de 15 años que demandan servicios de salud y que son financiados por quienes están en el intermedio, es decir, los trabajadores que cotizan”, concluyó Carrillo.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Hacienda compensarán a la CCSS por la pérdida de recursos que provocó la reducción de la base mínima contributiva.
La aprobación del segundo presupuesto extraordinario de la República, la tarde de este miércoles, permitirá que el Gobierno tome ¢33.000 millones para transferirlos a la CCSS con el fin de reponer el dinero que dejó de percibir por el impacto de la pandemia.
Esos recursos provienen de un préstamo por $380 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
