EscucharEl Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) no puede hacer frente a sus obligaciones y por tanto, el interventor de la entidad, Marco Hernández, solicitó que se activara la garantía del Estado.
Esta información fue confirmada por Hernández ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que fue designada para investigar créditos cuestionados por entidades bancarias estatales.
La solicitud para que el Estado pagara las deudas del banco llegó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) el martes 13 de febrero y fue aprobada de forma verbal.
Esta petición fue presentada al lado del primer informe que presentó el interventor de Bancrédito a Conassif.
La garantía no se ha ejecutado.
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La falta de liquidez del Banco le imposibilita la opción de cancelar por sí mismo las obligaciones financieras que tiene, afirmó Hernández antes los diputados.
El Estado además de tener que hacer frente a las deudas de este banco estatal, se vería perjudicado por ser el principal acreedor.
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La deuda consiste en certificados de depósito que el Ministerio de Hacienda le compró a Bancrédito, entre marzo y abril de 2017, por un monto de ¢131.035 millones y que el banco debe cancelar.
Se trata del grueso de los pendientes del banco, ya que el monto total adeudado a Hacienda y a otras entidades es de ¢131.125 millones, según confirmó Hernández a EF.
¿En qué consistiría hacer efectiva la garantía del Estado? Esto implicaría una "operación seca" para el Gobierno, denominada así porque no existe una erogación real de recursos.
Lo que se generaría es una compensación del pasivo que tiene Bancrédito con Hacienda, de modo que el estado asumiría esa deuda y pasaría a ser el principal acreedor del banco, afirmó Hernández a EF.
En otras palabras, el Estado asumiría el pasivo que Bancrédito le debe a Hacienda.
Asimismo, Hernández explicó ante los diputados que el banco liquida entre 20 y 30 empleados cada mes.
Cada uno de estos despidos también drena la liquidez de la entidad.
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Desde mayo de 2017 Bancrédito la decisión del Gobierno sobre la salida del banco del negocio de intermediación alertó al mercado sobre la inestabilidad de la entidad financiera.
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El 22 de diciembre de ese año, este banco estatal fue intervenido, por orden de Conassif, debido a sus bajos resultados financieros y precisamente, ante la ausencia de liquidez para afrontar sus obligaciones.
En ese momento, se dio a conocer que la intervención tardaría seis meses y sería ejecutada por Hernández, quien es el interventor titular, y Johanni Portilla Campos, como interventor adjunto.
La medida se justificó porque Bancrédito entró en irregularidad financiera de grado tres, a noviembre de 2017, por el riesgo en áreas de liquidez, rentabilidad y activos.
Además, la situación patrimonial del banco registraba un deterioro desde mayo de ese año, con pérdidas netas acumuladas que representaban un 37% del patrimonio a noviembre.
*Esta noticia fue ampliada posterior a su publicación.
