Coopeservidores: administrador confirma que encontraron contratos onerosos y explica el deterioro del 17% de la cartera de crédito

La división de activos por bloque —denominada ”banco bueno” y “banco malo”— que debe hacer Coopeservidores responde al proceso de resolución que empezó el pasado 21 de junio, porque la entidad fue declarada inviable.

La etapa actual en la que se encuentra la cooperativa permitiría el cese ordenado de sus operaciones.

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El grupo de activos y pasivos de calidad que se transferiría a una entidad financiera solvente también se conoce como “banco bueno”. La institución que lo adquiera deberá asumir todos los depósitos y préstamos garantizados, lo que serviría para hacer pagos a los acreedores. Se espera que todo esto tenga algún grado de definición en un lapso que, se estima, no exceda los dos meses.

“(El banco bueno) se construye básicamente con la premisa de que la entidad solvente se va llevar todos los pasivos de la cooperativa, pero para respaldar esos pasivos, se le ofrece a la entidad solvente una serie de activos valiosos que todavía tiene la entidad, para efectos de que con esos activos la entidad solvente pueda pagar esos pasivos”, mencionó Marco Hernández Ávila, exinterventor titular de Coopeservidores y actual administrador de la resolución, en una entrevista que realizó El Financiero la mañana del pasado 25 de junio.

Recordemos que los activos para una entidad financiera son los préstamos que tenga vigentes y propiedades a su nombre, mientras que los pasivos son los depósitos que tenga el público en la empresa.

Según el funcionario, el “banco bueno” se compone de:

-- Préstamos bancarios dentro de los cuales hay empréstitos que están garantizados por cartera que entregó la cooperativa y por algunos títulos valores; y también hay préstamos que no están garantizados, es decir, que solamente están respaldados como pagaré por parte de Coopeservidores.

-- Los depósitos garantizados (ahorros a la vista o a plazo por hasta ¢6 millones) y los no garantizados (los que exceden los ¢6 millones). Se estima que unas 167.500 personas tienen ahorros en Coopeservidores. De ellas, unas 5.500 personas tienen más de ¢6 millones.

-- Otros pasivos como cuentas por pagar de diversa índole como las cuentas a proveedores y “otro tipo” de depósitos que tiene Coopeservidores con clientes.

-- Activos como las disponibilidades por el orden de ¢32.000 millones e inversiones transitorias por ¢152.000 millones. “Esos son prácticamente lo que uno denomina activos líquidos y que no tendrían mayor problema en que una entidad solvente se lo lleve”, dijo Hernández Ávila.

-- Activos como créditos, instalaciones, mobiliario y equipo, entre otros.

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De acuerdo con estimaciones reveladas el pasado 21 de junio, la negociación de la cartera de calidad con una entidad solvente interesada en adquirirla tardaría aproximadamente una semana. Posterior a ese plazo, se duraría entre tres y cuatro semanas más para realizar el proceso de transferencia total.

Por su parte, el conjunto de activos que por su calidad u otras consideraciones no se incluiría en el “banco bueno”, se administraría en un fideicomiso con el fin de venderlo totalmente en un plazo máximo de un año.

En este bloque denominado “banco malo” se encontraría la cartera de crédito deteriorada y los activos que la entidad solvente no desee dentro del “banco bueno”.

El fideicomiso podría ser administrado por el mismo intermediario financiero que se deje, eventualmente, el “banco bueno”.

Para profundizar sobre la situación actual de Coopeservidores, los hallazgos de la interventoría y lo que llevó a la cooperativa a ser declarada inviable, El Financiero entrevistó al exinterventor titular de la entidad y actual administrador de la resolución, Marco Hernández.

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Oferentes para el “banco bueno”

P: ¿Ya han recibido ofertas por parte de alguna entidad para adquirir este “banco bueno”?

R: — Hemos tenido interesados, pero todavía al día de hoy no hay una oferta en firme. Ya incluso una entidad (el Banco Popular) salió públicamente que está interesada, pero todavía no hay una oferta.

Nosotros ya invitamos a todas aquellas entidades que podrían participar como entidades solventes para llevarse esta transacción o para efectuar esta transacción principalmente con el “banco bueno”. También hay que considerar que tenemos que seleccionar a un fiduciario para que sea el que administre el fideicomiso del “banco malo”.

Pero el punto fundamental aquí es con el “banco bueno” ya nosotros hicimos esta invitación, tienen tres días de plazo para confirmarnos y ya a partir de ahí, la entidad que esté interesada y nos confirme tendrá que presentar una oferta del “banco bueno”, y después esa oferta la tenemos que negociar para establecer los precios finales y que sea lo más beneficioso para los ahorrantes e inversionistas.

¿Esos tres días cuándo vencen?

— Vencen el jueves (27 de junio), quiere decir que entraríamos a conocer la oferta, si es que existe en ese momento, entre el jueves y viernes, y seguramente ya la otra semana el banco podría presentar la oferta en firme porque primero tiene que ser negociada con nosotros para que luego sea aprobada por las instancias superiores en la entidad solvente. Luego de que ya eso se apruebe, entraríamos a implementar la resolución.

Por eso usted habló de un plazo tan breve de semanas cuando se hizo el anuncio de la resolución.

— Sí. Esto supone que ya tenemos una entidad interesada, que ha estado interesada desde hace varias semanas, y que ha hecho un trabajo importante y que posiblemente esté en condiciones de presentar una oferta.

No supone el hecho de que haya un nuevo oferente y que tenga que comenzar a hacer este trabajo, que le demos una oportunidad y una ventana de tiempo de por lo menos unas dos semanas para que pueda aceptar.

Aquí hay una carrera de caballos: hay un caballo que ya está casi llegando a la meta y el otro que posiblemente tiene que iniciar la carrera. Pero bueno, habría que darle la oportunidad de que compita también, si es que aparece un nuevo oferente. Eso también podría atrasar un poco el proceso.

¿Cuánto podría atrasarse?

— Unas dos semanas.

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Depositantes de Coopeservidores

¿Cómo aplicaría la garantía del ahorro para una persona que tiene, por ejemplo, ¢1 millón a la vista y ¢7 millones en un certificado de depósito a plazo (CDP)?

— Los depósitos que tenga una persona se suman y se compara con la cobertura (que es hasta por ¢6 millones). La cobertura es por acreedor, no es por depósito ni por instrumento. Entonces, si la persona tiene un ahorro de ¢1 millón a la vista y depósitos por ¢7 millones pues entonces sus acreencias son de ¢8 millones, pero solamente se le garantizarán ¢6 millones.

¿En ese caso, esos ¢6 millones se garantizan de una vez (la entidad solvente) o primero se le paga el millón y la garantía restante se pagaría hasta que venza el CDP?

— Se van a respetar las cláusulas contractuales del depósito o del ahorro que esté a la vista. Si el ahorro está a la vista se paga el millón y el depósito a plazo se pagará hasta por ¢5 millones porque ya se le reconoció el millón a la vista.

En el momento en que venza el depósito a plazo se le reconocerán ¢5 millones y el resto (los ¢2 millones, según el ejemplo) va a depender mucho ya del recorte (acción conocida como haircut) que finalmente resulte del “banco bueno”.

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¿Y los intereses?

— Los intereses son pasivos no garantizados, porque el seguro de depósito solamente tiene cobertura por el principal, no por los intereses. Todos los intereses se considerarán como pasivos no garantizados y entonces su monto dependerá del resultado que dé el proceso finalmente para establecer el recorte que sufrirían.

Entonces no se pagarían esos intereses.

— Los intereses sí se van a computar, pero dependiendo del monto de los intereses y del resultado que dé el proceso así es como se le va a computar. Sí van a sufrir un recorte porque es un pasivo no garantizado.

Puede ser que usted haya generado intereses por ¢3 millones, entonces ahí tendremos que decir ‘bueno, si el recorte es de un 50%, por así decirlo y hacerlo más fácil, entonces un millón y medio lo va a pagar la entidad solvente y el otro millón y medio quedará en el fideicomiso’ para efectos de que con la recuperación de los activos se pueda pagar lo que finalmente corresponda.

¿Cuál es el orden de pago de ese fideicomiso?

— Es el mismo orden de la prelación de pagos que establece el artículo 172 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. En este caso los depósitos no garantizados serían los primeros que recibirían los pagos (para que puedan recuperar dinero tras el recorte que se les ejecutaría sobre el excedente de los ¢6 millones), de segundo estarían todos los otros pasivos que queden; de tercero, los intereses; y de cuarto (si quedara dinero), los aportantes de capital social.

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Aunque tal vez se exceda del monto garantizado, eso se va a seguir “peleando” en este proceso.

— Efectivamente. Siempre va a haber la expectativa de que la gestión del fideicomiso ojalá sea lo más exitosa posible para efectos de que se puedan potenciar las mayores recuperaciones.

Irregularidades que se detectaron en Coopeservidores

¿Hubo gastos que la interventoría consideraría o calificaría de inapropiados o hasta ilegales por parte de la administración y que no concuerden con una sana operación por parte de la cooperativa?

— Hemos encontrado algunos contratos que nos han llamado mucho la atención, esos contratos ya los hemos finiquitado para beneficio de la entidad porque nos han parecido que son demasiado onerosos y no solamente por el estado actual de la entidad, sino cuando estaba en marcha normal.

Algunos sí nos han llamado poderosamente la atención porque consideramos que son contratos irregulares y por lo tanto ahorita estamos haciendo una relación de hechos para presentar una ampliación de la denuncia que hizo anteriormente la Superintendencia (General de Entidades Financieras).

¿Contratos de servicios, productos?

— Contratos de servicios, básicamente.

¿De cuántos contratos estaríamos hablando?

— Estamos en esa investigación, no podría decirles cuántos van a ser. Eso ya lo estamos haciendo con un detalle en la ampliación de la denuncia que estamos efectuando. También estamos esperando el resultado de una auditoría forense que había contratado la entidad anteriormente y de la cual nosotros dimos el visto bueno para que se siguiera con este proceso, porque consideramos que esta auditoría forense también va a fortalecer los hallazgos que nosotros efectuamos.

¿Estos contratos que podríamos llamarles sospechosos o poco regulares son con proveedores totalmente externos?

— Sí.

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17% de la cartera de crédito está deteriorada, una razón para la inviabilidad.

¿Dónde estuvo el problema realmente?

— En la pandemia la regulación se desconectó, precisamente, para que las entidades financieras pudieran efectuar una serie de prórrogas y arreglos de pago con los clientes que estaban siendo afectados en aquel momento por los efectos de la pandemia, como aquellos que habían sufrido pérdidas de su empleo.

Coopeservidores no fue ajena a eso y tuvo una serie de clientes que fueron afectados. A esos clientes que fueron afectados se les hicieron prórrogas o readecuaciones para que no entraran en mora. Sin embargo, una vez que nuevamente la regulación entró en vigor, pareciese que la entidad siguió con la desconexión de la regulación porque siguió con prórrogas con sus deudores. Deudores que siguieron con algunos problemas pero en donde la entidad tampoco hizo una buena gestión de su cartera crediticia para efectos de que estos deudores pudieran por lo menos ir pagando gradualmente sus obligaciones.

Prácticamente lo que hizo la cooperativa fue acumular todos esos intereses que se incurrieron durante el período de las prórrogas en una sola cuota. Entonces, al final lo que hizo fue que un deudor que tenía que pagar una cuota, por ejemplo, de ¢100.000, con esas acumulaciones de intereses al no distribuirse en las cuotas siguientes, lo acumularon en una sola cuota y entonces ya tenía que pagar no ¢100.000, sino medio millón de colones. Eso repercutió en mucho para que esos deudores no pudieran seguir con los pagos correspondientes.

Eso no se estila en el sistema financiero, eso no está permitido.

— No, no. Básicamente, lo que hicieron las demás entidades fue distribuir esa cuota que se prorrogó en las demás cuotas posteriores para que los deudores pudieran salir adelante.

Aquí pareciese que lo que se hizo fue acumularlo en una cuota y entonces, por supuesto, los deudores no podían pagar. Como que la entidad no encontró otra solución que seguir prorrogando estas situaciones hasta que se pudiera generar alguna posibilidad de pago para el deudor.

Aunado a esto, entró la ley de usura y se estableció ya claramente que había un salario intocable que no podía del cual deducirse más allá de ese salario. Había muchos deudores que tenían en Coopeservidores un salario que estaba siendo deducido más allá del salario intocable. Eso también afectó e hizo que la entidad aplicara la misma medicina con estos deudores.

¿Eran créditos en su mayoría de consumo o había otro tipo de créditos?

— La mayor parte de estos créditos son de consumo y son créditos también que son a largo plazo, a más de 10 años, hasta 20 años incluso. El 52% de la cartera está a más de 10 años y el 70% de la cartera es de consumo.

Con este perfil y con esta situación que sucedió a partir de la pandemia en donde comenzaron tal vez con una bolita de nieve, pero esa bola de nieve se fue haciendo más y más y más grande y esa bolita de nieve la estaban escondiendo porque con estos métodos de prórrogas automáticas lo que hacían era ocultar verdaderamente la mora o la situación verdadera que tenía esta cartera crediticia. Entonces presentaban esta cartera crediticia como si estuviera buena, sin ningún problema y al día, cuando en realidad había sufrido una, dos, o más de tres, cuatro, cinco modificaciones, prórrogas con lo cual había incluso créditos que no se habían pagado desde hacía dos años.

¿Hacer esto es un presunto delito porque se incumple la normativa?

— El problema es que usted ya está enseñando información que no es correcta, porque con esta situación lo que usted está ocultando es la verdadera situación de una cartera crediticia que no ha recibido ningún pago desde hace varios meses e incluso años. Una cartera crediticia que no ha recibido ningún pago desde hace meses o años es porque tiene un deterioro importante y sin embargo se presentaba como una cartera crediticia que estaba al día y sin problema, con una categoría de riesgo que nosotros llamamos uno o dos, que son categorías de riesgo que tienen una calidad bastante aceptable porque están al día o con muy poco atraso.

Pero una cartera crediticia que se clasifica en cinco, seis y siete es porque es de alta probabilidad de incumplimiento. ¿Cómo fue que ya se determinó que esta cartera crediticia tenía que ser reclasificada? A partir del estudio que hizo la Superintendencia.

¿Por qué hacen este estudio? ¿Lo hicieron en todas las cooperativas o solo fue en Coopeservidores?

— Este es un caso muy particular y fue porque ya había indicios de que la información podía estar con problemas.

¿Esos indicios desde cuándo los tuvieron?

— A partir del 2023 e incluso en el año 2022 la Superintendencia ya le había solicitado y requerido estimaciones por el orden de los ¢12.000 millones. También, la Superintendencia había advertido de una serie de situaciones de gobierno corporativo que no estaban bien.

¿Estos indicios cómo llegan a ustedes?

— La Superintendencia siempre está haciendo un seguimiento y un análisis de la información que está generando la entidad y nosotros tenemos algunas baterías de pruebas para ver si la información es correcta o no, y ya nos estaban saltando varias alertas de que esta información no era consistente. Con base en ello fue que se planificó un estudio ya más profundo de la cartera crediticia en Coopeservidores, que eso se hizo en el segundo semestre de 2023, y a raíz de ese estudio que se terminó a finales de diciembre y se comunicó en enero, se determinó el ajuste de los ¢30.000 millones que dio como resultado que la entidad que estaba mostrando excedentes por los ¢3.000 millones en ese momento, con estos ¢30.000 millones pues cerraron con una pérdida de ¢26.000 millones.

A partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Ya no era solamente ese ajuste sino que ya se le obligó a la entidad en aquel momento a decirle: ‘¿Sabe qué? Todos estos créditos que están aquí usted tiene que reclasificarlos porque todos estos créditos no son uno ni dos, son créditos que deberían de estar en una categoría de riesgo muy superior’.

Cuando la entidad hace ese trabajo y determina el monto de esa cartera crediticia es donde ellos mismos se dan cuenta hasta en ese momento del monto real que tenían de esa cartera crediticia, porque ni ellos mismos lo sabían, porque ellos mismos se estaban engañando y si ellos mismos se estaban engañando ni tan siquiera estaban tomando las decisiones correctas para gestionar una cartera. Hasta ese momento la misma entidad se dio cuenta de que tenía una cartera crediticia del orden de los más de ¢100.000 millones que ya tenía serios problemas.

¿Quiénes y cuáles son los puestos que eran responsables de detectar precisamente esos problemas que presentó Coopeservidores?

— Quienes manejan información y quienes gestionan son los primeros que tienen que establecer y tomar las medidas correspondientes en la gestión que se está efectuando y estos son la alta administración y el Consejo de Administración de la organización.

¿Con la alta administración usted se refiere a los gerentes?

— Exactamente.

¿Todos los gerentes de la entidad o son solo algunos?

— El cabeza es el gerente general y todos aquellos que tengan que ver con las principales decisiones de la entidad son los primeros que deberían haberse dado por enterados de esta situación.

El gerente general fue despedido tan solo dos días después de que se ordena la intervención, ¿cuáles fueron los motivos del cese de la relación laboral que fue sin responsabilidad patronal?

— No puedo decir exactamente porque es una información sensible y que no puedo revelar; además de que es parte de lo que nosotros estamos investigando para efectos del Ministerio Público. Lo único que sí puedo decir es que se actuó de esa manera porque la interventoría así lo consideró pertinente.

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