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Un Gobierno altamente endeudado, pero que se enrumbaba hacia el saneamiento de las finanzas estatales. En resumen, esta era la realidad que caracterizaba a las finanzas estatales costarricenses aun previo al choque de la crisis actual.
El 2020 llegó para turbar a los hogares y a la economía mundial, pero aun más la de aquellos países con altos desbalances financieros y poco margen en sus cuentas fiscales como el caso de Costa Rica.
En medio de este nuevo reto, no solo debe atender el alto nivel de endeudamiento ya existente, sino adquirir nuevos compromisos para enfrentar la situación más urgente: la pandemia. Es decir, no queda más remedio que endeudarse más, pero algunas fuentes se secaron y una de ellas ha sido el más apetecido por el Gobierno.
Atrás quedó la intención de mejorar los indicadores en 2020, pero también el apetito por realizar una nueva emisión de deuda externa.
El ambiente internacional es convulso y mientras la incertidumbre reina en los mercados, pensar en nuevos eurobonos no es prudente, aunque podría serlo en los últimos meses del año. Aún así, el Gobierno destaca esta posibilidad.
El Ejecutivo decidió prescindir de unos nuevos eurobonos, incluso si el Congreso le da el visto bueno para hacerlo. La idea se retomaría hasta el 2021, según ha explicado Rodrigo Chaves, el ministro de Hacienda.
¿Por qué cerrar la posibilidad de una emisión en 2020? Para Luis Diego Herrera, analista económico del Grupo Financiero Acobo, este momento no es el más indicado para acudir al mercado financiero internacional por la volatilidad e incertidumbre existen, causadas por la coyuntura del COVID-19.
Un hasta luego a eurobonos
En 2019, el Gobierno recibió el visto bueno del Congreso para emitir $1.500 millones, de los $6.500 solicitados, los cuales se emitieron con éxito y aun queda un saldo restante.
A tres semanas del arranque del 2020, el Ministerio de Hacienda afirmó que trabajaba en un nuevo proyecto de ley para una nueva emisión por el monto que no logró obtener antes, es decir, los $4.500 millones en una sola autorización legislativa.
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El ambiente se empezó a nublar de a poco, cuando los resultados no mostraron lo esperado por el mercado y por los mismos organismos internacionales.
En 2019, el déficit fiscal llegó a 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda alcanzó el 62% del PIB, ambos indicadores mayores al año previo.
La noticia tomó por sorpresa a muchos frentes e inclusive se cuestionó por qué se daba un aumento de 1% del PIB, pero Hacienda se defendió al afirmar que se trataba de un aumento por inversiones y por gastos ineludibles.
Esto generó la reducción de calificaciones de riesgo y las dudas sobre si las medidas adoptadas eran suficientes para lograr avances en el saneamiento fiscal.
En medio de los cuestionamientos, existía la expectativa de que mejorarían.
Una de las vías para lograrlo era la plena aplicación de la regla fiscal y el mayor ingreso de tributos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y renta. También, el Gobierno enlistó una serie de préstamos de apoyo presupuestario y exaltaba la necesidad de buscar una nueva emisión de eurobonos, para atender la deuda ya existente.
Días después de dar a conocer los resultados del déficit del 2019, Hacienda presentó al mercado el plan de endeudamiento para el primer semestre del 2020, con la promesa de enviar al Congreso una nueva solicitud para emitir bonos soberanos de deuda externa por un monto de $1.500 millones.
Ese monto de emisión de eurobonos formaría parte de una propuesta para emitir otros $1.000 en los años 2021, 2022 y 2023, confirmó Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, el 26 de febrero, durante la presentación.
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Estos planes contemplaban ciertos riesgos, pero como ya se ha dicho, a inicio de año nadie veía venir un golpe de esta magnitud en la economía y en los mercados bursátiles.
El nuevo panorama es un mercado lleno de incertidumbre sobre la profundidad de la crisis, y es ahí donde la baja en la calificación pesa más.
La combinación de la incertidumbre en los mercados, la aversión al riesgo y la calificación de riesgo podría ser arriesgada y provocar que las tasas de colocación sean muy altas, explicó Freddy Quesada, gerente de INS Valores.
Quesada afirma que es suficiente con ver los rendimientos actuales de los bonos de deuda externa de Costa Rica para saber cómo se podría materializar ese riesgo. A tres años tienen rendimientos cercanos a 8% y a largo plazo superiores al 9%.
La incertidumbre lidera los mercados internacionales por ahora, pero a nivel mundial se prevé que la coyuntura mejore en el último trimestre del año. Esto daría una ventana al Gobierno en caso de que quiera usar esa lejana oportunidad.
Pero no quiere decir que todos los astros estén alineados para entonces. Aunque la pandemia esté más controlada para finales de año, también se ocuparía que las primas de riesgo para emisores como Costa Rica estén más ajustadas hacia abajo.
La recomendación se sostiene en continuar por la senda de los préstamos con multilaterales por ahora.
Así, el pasado jueves 30 de abril, Hacienda presentó su nuevo plan de financiamiento bajo la nueva realidad económica que enfrentan las arcas estatales, esta vez sin contemplar una emisión de eurobonos en 2020.
En la actualidad, la labor de Hacienda y del Gobierno se enfoca en “evitar que una recesión profunda, pero temporal, cause un daño permanente a nuestras empresas, a nuestras instituciones y a nuestro país en general”, apuntó Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda.
Las necesidades brutas de financiamiento para el 2020 corresponden al 12,45% del PIB
Hacienda enlistó los diversos préstamos de apoyo presupuestario y vías por las cuales busca recursos que le ayudarían a atender los compromisos de la deuda, y evitar una presión en el mercado doméstico.
El objetivo de los proyectos y los préstamos es compensar la reducción de los ingresos que recibe Hacienda, así como financiar los gastos de la crisis y mantener una posición fiscal que permita la estabilidad, anotó el ministro de Hacienda.
La proyección del Gobierno es que el déficit financiero (incluye intereses) alcance 8,6% del PIB en 2020, mientras el primario (los excluye) un 3,4% del PIB. Este es el escenario menos desalentador de los que presentó Hacienda, al contemplar la aprobación de todos los proyectos y planes de su agenda.
El dato está por encima de otras estimaciones. Moody’s estimó un 8,1% y Standard and Poor’s 8%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el desbalance fiscal de Costa Rica alcanzaría el 7,8% del PIB en 2020, para posteriormente bajar a 7,1% en 2021.
La deuda, como porción del PIB, pasaría de 62% en 2019 a 67% en 2020.
Cualquier panorama es mucho peor al previsto a inicio de año. En enero, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con datos del Ministerio de Hacienda, mostró una previsión de un déficit financiero (que incluye intereses) que alcanzaría el 5,9% del PIB en 2020 y un déficit primario de 1,3% del PIB (2,8% en 2019). La deuda por su lado, bajaría a 61%.
La crisis desatada por el nuevo coronavirus afecta los ingresos de muchas empresas a nivel nacional, también las entradas de dinero que percibe Hacienda por motivo de la recaudación de impuestos.
En medio de la emergencia, la apuesta del Gobierno es un financiamiento con organismos multilaterales, y un recorte de cerca de ¢140.000 millones, que es señalado como tímido por economistas y gremios del país.
Para el economista Juan Muñoz, el Gobierno aún debe dar señales más concretas en la reducción de los gastos corrientes, específicamente en el campo de salarios, dijo luego de la presentación de las cifras fiscales hace poco más de una semana. También, criticó que, de momento, el plan carece de menciones sobre la venta de activos del Estado, operaciones que le podrían dar recursos para financiar el faltante de este año.
La profundidad del golpe que da esta crisis es incierta y teje dudas en la economía global. Además, por el momento están en análisis las propuestas del Gobierno para la reactivación y su efectividad.
