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Más allá de las medidas que el Gobierno ha adoptado para contraer el gasto de su amplia planilla, los incentivos y las contribuciones todavía se adueñan de la mayor parte del dinero que se paga a los empleados públicos por sus labores.
El crecimiento en la erogación de dinero por beneficios ligados al salario se mantiene, pero se han dado ciertos pasos en la dirección de las contenciones.
¿Qué ayudó? Algunos de los cambios que surtieron efecto fueron la definición de pluses nominales y de monto fijo de las anualidades, la anulación de pagos extra por títulos y la fijación de un aumento fijo en dedicación exclusiva y prohibición.
Lo anterior permitió que varios de los privilegios que más se adueñaban del gasto por remuneraciones redujeran su crecimiento en 2019; esto significó un ahorro importante, al menos hasta noviembre. En general, los incentivos y contribuciones alcanzaron un monto de ¢1.249.668 millones al penúltimo mes de ese año. Esto representa el 60,8% del gasto por remuneraciones.
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A pesar de que todavía no hay ahorro, el gasto en los pluses salariales aumenta menos que en el pasado. Tan solo hace dos años esta cifra crecía al ritmo del 6,57%, pero pasó al 3,94% en 2019.
Estos resultados provienen de un análisis que hizo EF del pago por concepto de remuneraciones en las instituciones públicas del primer nivel de la República, a noviembre del 2019. Este grupo incluye a los ministerios, la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“La Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas (9635) permitió reducir el crecimiento de sueldos y salarios”, afirmó el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. El repunte pasó de 5,22% en 2018 a 3,09% en 2019.
“Se limitó el aumento salarios por semestre y también se evitó el aumento acelerado en los incentivos salariales”, añadió Chaves.
Al detallar el comportamiento de los pluses salariales, por partida, los resultados son variados, pero hay cifras llamativas en los más grandes.
El rubro que más crece se denomina “Otros incentivos”, una partida que podría pasarse por alto si se considera que incluye pequeños beneficios. Sin embargo, por sí solo suma poco más de ¢334.000 millones.
¿Hacia dónde se dirige este gasto? La mayor porción de este dinero (el 69,3%) se destina al Ministerio de Educación Pública (MEP).
Esta institución mantiene activa una serie amplia de incentivos, mencionó Ana Miriam Araya, directora ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
Algunos ejemplos son los pagos adicionales a los educadores por trabajar en zonas de menos desarrollo socioeconómico o en áreas calificadas de mayor riesgo, “incómodas o insalubres”, así como un monto adicional por recargo de funciones para solventar las necesidades de atención a estudiantes, limpieza y otros de las instituciones educativas.
Se consultó al MEP, pero EF no obtuvo respuesta al cierre de edición.
En un segundo lugar, según el criterio de la magnitud del gasto, se encuentra la retribución por los años servidos (el término más conocido para esta partida es anualidades).
El dinero destinado a este rubro no solo es uno de los más representativos en el gasto, sino que el Gobierno ha sido incapaz de detener su crecimiento. Lo que sí se anotó a su favor fue un menor ritmo, que al final también se tradujo en ahorro.
A noviembre del 2018, el monto en este rubro fue de ¢12.511 millones o, en términos relativos, un alza de 5,39%. Un año después, el crecimiento fue de ¢4.770 millones (1,95% más) para un monto total de ¢249.412 millones en anualidades.
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Una vez más, el MEP es el que se adueña de la mayor porción de este gasto (59,6%) y es una de las instituciones analizadas que más aumentó las anualidades al 2019.
A pesar de que el crecimiento disminuyó, aún representa una erogación importante de recursos.
El Gobierno destinó ¢5.297 millones más que en 2018 a la retribución de los años servidos del personal de este ministerio. Este crecimiento fue compensado por el recorte en otras entidades, lo que permitió una cifra global incluso menor.
A noviembre del 2019, todas las instituciones analizadas, con excepción del Ministerio de la Presidencia y la Presidencia de la República, registraron un menor crecimiento (respecto a igual mes del 2018) o una contracción del gasto por anualidades.
Se consultó a Presidencia, pero EF no obtuvo respuesta al cierre de edición.
El tercer lugar en tamaño de gasto está la contribución que se realiza al seguro social de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Este aporte se come un 12% de los recursos destinados a incentivos, pero impactó de alguna forma los resultados del 2019.
En 2018 se logró una contracción del 2%, pero en 2019 volvió a crecer hasta alcanzar una cifra incluso mayor que la registrada en 2017. Aun así, el repunte es más bajo (3%) que los dos dígitos vistos años atrás.
También se presentó un crecimiento en algunas otras partidas que significan una erogación menor de dinero para el Gobierno, pero que no dejan de representar varios miles de millones en gasto.
Entre ellas está el pago por tiempo extraordinario, que se redujo un 14,7%; y la restricción del ejercicio libre profesional (dedicación exclusiva y prohibición), que se contrajo 1,1% y significó un ahorro de ¢1.340 millones.
El pago por servicios especiales, aquellas contrataciones por cierto tiempo para proyectos temporales, se contrajo 4,2%, mientras el pago por recargo de funciones cayó un 43%.
Este último rubro se destina a personal ya contratado de forma fija que debe asumir responsabilidades adicionales cuando un jefe o compañero de trabajo debe ausentarse para asumir funciones laborales; por ejemplo, cuando un ministro debe hacer un viaje a una cumbre y un viceministro debe asumir el cargo de forma interina.
En la otra acera, las suplencias (contratación temporal para cubrir vacaciones o incapacidades de puestos que no se puedan quedar sin personal, como el caso de profesores) incrementaron el ritmo en 2019, luego de haberse estancado en 2018.
En general, las contribuciones y aportes que realiza el Gobierno a instituciones públicas representan varios cientos de millones que son más complejos de recortar o contener en crecimiento.
Entre ellos están el aporte al Seguro Social, al Banco Popular, a las pensiones de la Caja, a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) e incluso un aporte a las asociaciones solidaristas.
Estos también forman parte de los lastres que no solo todavía impiden al Gobierno mermar el alza de los egresos, sino también recortarlos. Solo así podrán reducir la magnitud de la deuda.
