EscucharLa eventual venta parcial y minoritaria del Instituto Nacional de Seguros implicaría para Estado costarricense una tarea prácticamente nueva: sentarse en una junta directiva a compatir la dirección con socios privados y gestionar una empresa de capital abierto.
En su discurso de los 100 días, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dio un anuncio que acapararía la conversación de los días siguientes: la privatización del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la venta del 49% de las acciones del INS.
Estas ventas se harían con la intención de pagar parte de la deuda que ahoga las finanzas del país. El acumulado de deuda pública alcanzaba los ¢28,9 billones hasta finales de junio pasado.
El caso de la venta del INS es el más curioso, pues no sería una privatización completa, como sí sucedería con el BCR y el Bicsa, sino que sería parcial. La venta de la aseguradora le daría al Gobierno, según estimaciones del presidente Chaves, ¢593.000 millones adicionales para enfrentar sus pagos. ¿Eso es mucho o poco? A primera instancia parece más lo segundo: representa apenas un 2,05% de la deuda pública, aproximadamente.
En su discurso, Chaves también mencionó que estas acciones por venderse podrían representar una nueva inversión para las operadoras de pensiones, quienes, ante un mercado nacional poco profundo, han vuelto sus ojos hacia las colocaciones en el extranjero.
Poco más de eso se sabe a ciencia cierta sobre la propuesta del Ejecutivo ante la falta del proyecto de ley que haría posible la venta de acciones y que tendría que aprobar la Asamblea Legislativa primero.
Tan grande es la nebulosa que ni siquiera los jerarcas de las entidades a poner en venta tenían conocimientos de los planes del presidente antes del discurso dado el pasado 16 de agosto. Dejando eso claro, todo lo que se comente al respecto es una especie de antesala debido a la imposibilidad de ser categórico sin una propuesta concreta sobre la mesa.
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¿Por qué un 49%?
Lo primero que llama la atención de la propuesta para el INS es que su venta sería solo parcial y, todo parece indicar, sería el Estado quien se quede como accionista mayoritario.
Para Roberto Venegas, Presidente de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores, vender las acciones en un máximo del 49% es una forma de mantener un balance. “Yo creo que esto le permitiría al Estado mantener el control político como su principal accionista. Eso también le puede generar confianza a muchos inversionistas. El límite del 49% creo que sí es muy consistente con lo que incluso algunos asesores internacionales en el pasado han recomendado sobre apertura parcial de empresas públicas y lo vemos bien”, dice Venegas.
“El Estado, al tener la mayoría, en algún tema complicado tomaría la decisión final. Por eso creo que se hace así”, explica Douglas Montero, economista y especialista en mercados financieros internacionales.
¿Es esto bueno o malo? Depende de cómo se mire. Montero considera que si no se tienen métodos de gobernanza corporativos transparentes se podrían tomar decisiones en detrimento de los accionistas. “Si no termina el Gobierno usando la plata de las operadoras de pensiones para financiar su negocio, que es el de los seguros”, menciona el economista.
Venegas, por su parte, cree que en materia de gobernanza el Instituto podría verse enriquecido por la participación de terceros. “Yo creo que el comportamiento del INS, que ha sido una de las mejores compañías públicas del país, se puede ver beneficiado de la incorporación de privados en sus diferentes comités, grupos de trabajo, juntas directivas y menos influenciado desde el punto de vista político. Eso concentraría las acciones y las decisiones más desde un punto de vista empresarial que político y pienso que eso es un beneficio”, dice.
El reto de ser el primero
Aún bajo esta nebulosa que cubre la propuesta, lo cierto es que, de concretarse, el INS se convertiría en la primera empresa pública de capital abierto del país. Esto implicaría una serie de retos previsibles y otros que todavía no se asoman por el horizonte.
Uno de estos retos es cómo se manejarían las funciones sociales del Instituto bajo la influencia de actores privados que buscan buenos rendimientos por sus inversiones. De hecho ese fue uno de los puntos que más les preocupó a los exjerarcas del INS, Elian VIllegas y Gabriel Pérez, en una mesa de discusión armada durante el noticiario meridiano de Repretel el pasado 18 de agosto.
La aseguradora pública tiene una serie de compromisos que se relacionan con aportes o mantenimiento del Hospital del Trauma, la operación de los Seguros Obligatorios de Riesgo de Trabajo (RT) y Automotriz (SOA), el Museo de Jade y Bomberos de Costa Rica.
Ambos exfuncionarios mencionaron que la presión por dividendos podría encarecer los seguros solidarios del INS que además son obligatorios en el caso del RT y el SOA. Villegas llegó incluso a mencionar durante la entrevista que la venta del 49% de las acciones del INS “desde el punto de vista fiscal no tiene sentido y es un planteamiento básicamente ideológico en el que vamos a perder todos los costarricenses”.
Por su parte, Venegas considera que el mayor reto será cómo se maneja una independencia parcial del Ejecutivo y el desafío organizacional que eso conlleva. “Tiene retos a nivel de información porque si bien es una entidad pública que está acostumbrada a tener todos sus datos en la Contraloría General de la República y en su sitio (web), ya hay formatos que el mercado le va a estar exigiendo y dentro de eso crecer y desarrollarse a los ojos del mercado le generará una presión por eficiencia”, argumenta.
Para Montero, el reto está en definir un modelo de gobernanza transparente, pues sin un proyecto en mano todavía hay demasiados vacíos sobre el posible funcionamiento del nuevo INS. El economista menciona que es importante dejar claro cuáles van a ser las políticas que asumirá el Instituto en materia de nombramientos, votaciones y dividendos, entre otros. También considera que las acciones deberían estar abiertas a inversores más allá de las operadoras de pensiones y que tendrían que cotizarse en bolsa para permitir una formación de precios.
Alexis Alvarado, presidente de AF Corredora de Seguros, considera que no es una sorpresa la posible venta del INS, pues es algo de lo que se ha venido hablando entre los círculos especializados. Su primera impresión ante el anuncio es positiva, impulsado por el deseo de mejorar la finanzas del país —aunque estadísticamente solo aportaría el 2,05% de la deuda—, pero esta emoción de momento es contenida por las dudas de la propuesta.
“De momento la reacción no es tan profunda porque no se conoce el detalle de todo lo que conlleva, entonces más bien preocupa un poco. Es urgente que salgan aclarando quiénes son los posibles candidatos, qué va a pasar con algunas instituciones como el Hospital (del Trauma) y el (seguro obligatorio) de Riesgo de Trabajo (actualmente el INS es el único en ofrecerlo) y que son cosas que tienen tantísima importancia en la comunidad empresarial y en la costarricense, en general”, dice Alvarado
El rey de los seguros
En el mercado nacional el INS es por mucho el rey de los seguros. A junio de 2022, su patrimonio acapara el 88,41% del total de las aseguradoras que operan en el país. El restante 11,59% se lo reparten entre doce entidades más.
En los montos por primas la institución pública también domina con amplitud el mercado: un 67,71% de los fondos contabilizados por la Superintendencia General de Seguros (Sugese) cayeron bajo su manto. La segunda aseguradora con más montos por primas registró apenas un 8,12%.
De las empresas públicas, el INS es de las que sus rendimientos se miran con mejores ojos. De hecho, esta no es la primera vez que el gobierno trata de pellizcarle recursos al Instituto para financiar otras operaciones. Recientemente, en diciembre del 2021, la aseguradora costarricense le trasladó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ¢1.000 millones para impulsar la compra de 3,5 millones de vacunas contra el Covid-19.
Eso sí, como institución pública y pese a la apertura del mercado a finales de la década pasada, tiene ciertas ventajas sobre el resto de aseguradoras. De momento es la única de estas empresas que cuenta con los seguros obligatorios de Riesgo de Trabajo y de Vehículos Automotores.
Una opción para las operadoras de pensiones
Durante su discurso, el presidente también mencionó que esta transformación podría beneficiar a las operadoras de pensiones ya que les otorga una nueva opción para invertir dentro del país.
“Esta es una manera también de ampliar el mercado a estos fondos y que las operadoras de pensiones puedan invertir en lugares seguros que no comprometan la jubilación de sus afiliados”, puntualizó el jerarca.
Para Róger Porras, gerente de Popular Pensiones —la operadora complementaria más grande del país—, la propuesta es vista con buenos ojos en primera instancia.
“La iniciativa del presidente nos parece que puede brindar una opción más a las operadoras para generar inversión que se quede en el propio país y que con esas rentabilidades se pueda contribuir a pagar una pensión. Por supuesto que para dar un criterio más amplio del tema hay que esperar el proyecto de ley, el documento final, todos los pormenores, pero como iniciativa, al ser opciones de inversiones adicionales en el mercado y que efectivamente pueden contribuir a resolver problemas, lo vemos con buenos ojos”, mencionó Porras.
Actualmente el INS cuenta con una calificación en escala nacional de AAA(cri), la cual es considerada como “estable” por Fitch Ratings.
“La calificación afirmada se fundamenta en la fortaleza financiera intrínseca de la aseguradora. En ella, Fitch clasifica el perfil de negocios de INS como favorable en comparación con las demás compañías de seguros en Costa Rica debido a que se mantiene como la aseguradora de mayor tamaño en el país y en la región centroamericana, en términos de primas suscritas y patrimonio”, se lee en el reporte de la calificadora de riesgo.
“En primera instancia uno ve al INS como una empresa sólida e importante para este país, pero tiene que pasar como cualquier otra inversión que nosotros hagamos por todos los análisis de riesgo correspondientes para poder generar la inversión. Es muy prematuro decir cosas concluyentes con relación a eso aunque pareciera que fuera a pasar todos estos filtros”, añadió Porras.
Para que las operadoras puedan comprar sus acciones, la aseguradora debe estar registrada como emisor en la Superintendencia General de Valores (Sugeval) para que sus acciones sean de oferta pública como lo ordena la Ley de Protección al Trabajador. En una entrevista con La Nación, la superintendente de pensiones, Rocío Aguilar, mencionó que no se podrá obligar a las operadoras a invertir en las eventuales acciones del INS si no cumplen con las estipulaciones de dicha ley.
“Hoy por hoy hay una cantidad enorme de recursos que manejan las operadoras de pensiones que no tienen otra alternativa más que irse al mercado internacional. Que el país esté desaprovechando esos recursos económicos que son de los costarricenses y que no pueden destinarse a proyectos costarricenses me parece que no está bien y ganaríamos mucho con esa apertura de capital”, dice Venegas.
Desde el 2020 se ha acelerado una salida de las inversiones de los fondos de pensiones hacia fuera de nuestras fronteras, principalmente impulsada por un mercado poco profundo y unas tasas de interés bajas que pusieron en negativo el incentivo de invertir en colones.
Entre marzo de 2020 —mes en la que inició la pandemia en Costa Rica— y junio del 2022, el porcentaje de la cartera del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) que se invertía fuera del país creció un 252,74%.
