EscucharLa Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) realizó una inspección en las finanzas y la administración de Desyfin. Durante el estudio se encontraron una serie de aparentes debilidades e irregularidades que derivaron en la intervención de la financiera el pasado 13 de agosto.
Le explicamos cuáles fueron los cinco pecados que, en consideración de la Sugef, evidencian cómo Desyfin “ha administrado sus negocios de una forma que pone en peligro su seguridad y solvencia”.
La información que se presentará a continuación tiene como fuente el acuerdo de intervención ordenado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) publicado en La Gaceta el 16 de agosto.
Los pecados
1. Debilidades en gestión de crédito: el informe de la Sugef menciona que la administración no reveló oportunamente el riesgo de la cartera por el “recurrente” refinanciamiento de deudores con una capacidad de pago deteriorada. Además, tenía registrados en categorías 1 o 2 (las dos de mejor calidad) a deudores con baja capacidad de pago, ocultaron el nivel real de mora y poseían información financiera desactualizada, incompleta o imprecisas de sus clientes.
2. Debilidades en la auditoría interna: Sugef señaló que los estudios sobre la cartera crediticia realizados por dicho departamento entre 2021 y 2024 tuvieron un alcance limitado, ya que no llevaron a cabo revisiones para valorar cómo la financiera calificaba la capacidad de pago de los deudores y la categoría de riesgo asignada. Tampoco realizó estudios sobre la gestión del riesgo ni la calidad de la información contable.
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3. Políticas indebidas y contrarias a las disposiciones legales: se encontraron inconsistencias en los registros contables. Por ejemplo, no registró gastos en el mes que correspondían, sino en los meses o años siguientes por medio de la subcuenta “gastos diferidos”. También se determinó la computación de ingresos que “no procedían contablemente al no contar con el debido sustento”.
4. Obstaculización de las labores de supervisión: durante una supervisión presencial se presentaron limitaciones para la entrega inmediata de la información a los supervisores. La Sugef comunicó que, por medio de una orden del entonces gerente general, Silvio Lacayo, la información debía ser enviada por parte de los empleados primero a él para su revisión antes de ser entregada a la Superintendencia. Los reguladores también señalaron que Lacayo atrasó el envío de datos y, cuando los envió, no incluían toda la información requerida por la Sugef, “pese a qué la información estaba lista para su entrega desde que fue preparada por la funcionaria de la financiera (tres días antes)”.
5. Renuencia a cumplir con órdenes y disposiciones emitidas por el Conassif: no atendió los requerimientos del supervisor en el plazo otorgado para solventar las consultas o solicitudes de información.
Por medio de un comunicado de prensa del 14 de agosto, Lacayo, quien también es el representante legal de la financiera, declaró lo siguiente: “Quiero aclarar que no ha existido ocultamiento de información por parte de Financiera Desyfin. Desde el primer momento, hemos actuado con total seriedad, responsabilidad y transparencia y hemos entregado toda la documentación requerida por Sugef.”
También mencionó que están comprometidos en colaborar con los reguladores durante el proceso de intervención y que están trabajando en un plan de capitalización.
Consecuencias
Las debilidades expuestas anteriormente derivaron en que la Sugef tuviera que ajustar la contabilidad de la empresa a tal punto que se provocó la insuficiencia patrimonial de la financiera
El estudio sacó una muestra de 25 deudores (un 20% de la cartera) y encontró que 21 de ellos debían ser reclasificados a una categoría de mayor riesgo, lo que implicaba que Desyfin tendría que aumentar sus estimaciones por deterioro de la cartera en ¢6.465 millones.
La Sugef también descubrió que 41 operaciones, correspondientes a 17 deudores (un 4,37% de la cartera total), habían sido reportadas con menos días de mora de los reales. Por lo tanto, las provisiones debían incrementarse en ¢3.138 millones.
Además, la empresa tenía registrados mitigadores que no cumplían con los requisitos para ser considerados como tales, así que había que subir ¢472 millones más en estimaciones. En el caso de otros dos deudores también se tuvo que aumentar las estimaciones en ¢286 millones debido a inconsistencias en el monto de mitigadores reportados por Desyfin.
Estos cambios suman para que las estimaciones de Desyfin aumentaran en ¢10.361 millones con respecto a lo que presentó la financiera en junio.
La subida en estimaciones hace que la entidad perdiera un 88,55% de su patrimonio. Consecuente, su índice de suficiencia patrimonial (ISP) bajó de 10,20% a -0,06% y la pone en la categoría de “irregularidad 3″, lo cual ameritó la intervención.
Ahora la interventoría de Desyfin tiene hasta el 13 de septiembre (prolongable por un mes más) para decidir el futuro de la financiera. Hay tres opciones:
- La entidad es viable y se elabora un plan para rescatarla.
- La entidad es inviable y se acude a un proceso de resolución (como con Coopeservidores).
- La entidad es inviable y se va a un proceso concursal (solicitud de quiebra).
