¿Qué pasó con Coopeservidores? Esto encontró la interventoría para declararla inviable y ordenar su cierre

El principal detonante de la inviabilidad fue el grave deterioro de la cartera de crédito, el activo más importante de la entidad. Según explicó Marco Hernández, exinterventor de CS y actual administrador del proceso de resolución, alrededor de un 17% de la cartera era la que estaba “significativamente” desgastada, a tal punto de que los activos de la cooperativa iban a ser insuficientes para cubrir todas sus obligaciones. Coopeservidores, básicamente, entró en déficit.

Con datos a mayo, un 17% de la cartera de CS equivaldría a unos ¢86.837,95 millones, según la balanza de comprobación disponible en el sitio web de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

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El cómo se deterioró, según mencionó Hernández, responde a la combinación de unos deudores con menor capacidad de pago por la pandemia junto a una administración que, en lugar de clasificar esas operaciones como morosas, aplicó una serie de prórrogas masivas no reportadas.

“En lugar de que la entidad pudiera determinar una gestión efectiva con esta cartera crediticia, lo que hizo fue acumular todas estas prórrogas en las cuotas de los créditos. Muchas personas que estaban pagando una cuota de ¢5.000 se les volvió una de ¢30.000, entonces ya no podían ejercer el pago correspondiente. Al final, para que la entidad no enseñara esa morosidad, iban nuevamente haciendo prórrogas y prórrogas hasta que se volvió una bola de nieve que se convirtió en una avalancha”, explicó Hernández.

Cuando un crédito cae en morosidad, o cuando debe hacerse una readecuación, la normativa del Conassif exige que la operación sea reclasificada hacia una categoría de menor calidad. Esto obliga a la entidad a generar mayores estimaciones.

Las estimaciones son provisiones que los intermediarios financieros establecen para cubrir posibles pérdidas futuras debido a un hipotético impago de los préstamos otorgados. Cuanto peor calificada está su cartera, más altas deben ser las provisiones. Este rubro se le descuenta a los activos de la entidad.

Durante la pandemia se aplicó una flexibilización normativa que permitía a los intermediarios aplicar prórrogas o readecuaciones sin que eso afectara las estimaciones, sin embargo, aparentemente CS continuó aplicándolas aún después de que se acabaran esas excepciones, a partir del 2022.

“Una vez que la normativa volvió a su normalidad, si usted hacía una segunda o tercera prórroga tenía que calificarla como una operación especial y la estimación que esa calificación implicaba para que se reflejara el verdadero riesgo crediticio, no se realizó”, explicó Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef.

Una inspección de la Sugef, del pasado mes de enero, halló que CS debía reclasificar su cartera en tal profundidad que las estimaciones brincaron de ¢16.607 millones a ¢47.512 millones entre noviembre y diciembre de 2023.

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“Lo que nos encontramos es que en la información que nos había transmitido (CS) se estaba ocultando la mora, se estaban realizando una cantidad importante de reestructuraciones y readecuaciones sin que se anotaran como una operación especial (exigida por normativa) que hubiese requerido de mayores estimaciones”, mencionó Aguilar

¿Quiénes eran los responsables?

Aguilar y Hernández señalaron a la cúpula de Coopservidores como los responsables de permitir que esto sucediera.

“Aquí estamos frente a una situación donde tanto el consejo de administración (el equivalente a la junta directiva de una cooperativa) como la alta gerencia, que son los responsables de administrar la entidad, no lo hicieron adecuadamente, pero no solo no lo hicieron adecuadamente, sino que ocultaron información”, dijo la superintendenta.

“La alta gerencia es la que tiene que darse cuenta”, mencionó Hernández. “La auditoría interna también tenía que hacer el control correspondiente, pero el problema, y que esto no suene a defensa, es que quien está produciendo la información, quien la está analizando en primera instancia y quien debe de efectuar las evaluaciones de esa información es la alta gerencia, porque es la que tiene que rendir cuentas sobre su propia gestión. Quien maneja el dinero sabe exactamente qué es lo que tiene y cómo lo tiene que administrar con respecto a sus obligaciones. Si usted no sabe lo que tiene, entonces estamos mal”, agregó el exinterventor de la cooperativa.

El reglamento de gobierno corporativo de Conassif describe a la alta gerencia como los empleados que, por su función, cargo o posición, intervienen o tienen la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones importantes dentro de la entidad.

“La alta gerencia es el gerente y el staff de gerencia que tenía la entidad en ese momento: gerente financiero y gerente de operaciones”, mencionó Hernández.

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Óscar Hidalgo, gerente general de CS entre el 2006 y mayo del 2024, le mencionó a Repretel el pasado 11 de junio que no estaba al tanto de las irregularidades que estaban sucediendo en la entidad que encabezó por 18 años. “Quiero dejar claro que de parte de la gerencia nunca hubo ningún planeamiento para ocultar información”, le dijo Hidalgo a dicho medio.

Hidalgo fue despedido el pasado 15 de mayo sin responsabilidad patronal por la interventoría de Coopeservidores, tan solo dos días después de que iniciara la intervención. Semanas antes de que empezara dicho proceso, la administración de CS había despedido a 66 trabajadores y a la línea gerencial, según confirmó Hernández en mayo.

La misma cooperativa ya había presentado una denuncia contra ignorado (no a una persona en específico) ante la Fiscalía. A dicha denuncia también se le sumó una adicional interpuesta por la Sugef contra la alta gerencia y el consejo administrativo de Coopservidores, según confirmó Hernández, quien también agregó que se elevaría una tercera denuncia por parte de la interventoría con nuevos hallazgos.

Además de los controles dentro de la misma cooperativa, las auditorías externas y las inspecciones de la Sugef también buscan ser filtros que corroboren que la información presentada por los intermediarios financieros sea fidedigna.

“Cuando la información que se le transmite, ya sea al mercado o al propio superintendente, es información que ha sido falseada, difícilmente en ese momento se pueden percibir esos riesgos (...), en este caso en particular, la recomendación de la superintendencia se dio antes de que la entidad cayera en el nivel de irregularidad tres, se hizo de tres a cuatro meses antes de que ese evento ocurriera”, dijo Aguilar.

Cartera buena no fue suficiente

Pese a los altos niveles de morosidad oculta, Coopservidores pudo seguir operando en el pasado reciente debido a los ingresos que todavía le generaba cartera crediticia “buena”, dijo el exinterventor. Sin embargo esta posibilidad se apagó una vez se vio obligada a clasificar correctamente las estimaciones.

“Cuando comenzó a hacer estimaciones reales sobre su cartera crediticia, ya esos ingresos no eran suficientes para cubrir esas estimaciones, entonces ahí se va produciendo un hueco que se va haciendo cada día más grande”, mencionó Hernández.

Ahora la entidad entrará en un proceso de resolución en la que un segmento de activos y pasivos de buena calidad se trasladarán a una entidad financiera solvente que esté dispuesta a tomarlos, mientras que los de menor calidad se tratarán de vender por medio de un fideicomiso para pagar las obligaciones restantes.

Quienes tienen depósitos menores a los ¢6 millones (el 97% de los clientes) recibirán el 100% de su dinero de vuelta, mientras que a los demás se les pagará conforme avance la venta de activos con un recorte de, por ahora, un 20%, sin embargo, el recorte puede crecer con el tiempo.

Se estima que son 5.500 depositantes a quienes CS le debe más de ¢6 millones.

En este enlace puede leer más sobre qué va a pasar con los ahorrantes y deudores de Coopservidores.