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Este martes 9 de junio la agencia S&P Global redujo la calificación soberana de Costa Rica a B con perspectiva negativa por la incertidumbre con respecto a las políticas fiscales del país, la salida de Rodrigo Chaves del Ministerio de Hacienda y el deterioro de las finanzas públicas a causa del COVID-19.
Con esta modificación la calificación soberana pasó de B+ a B con perspectiva negativa, que indica un riesgo de rebaja en los próximos 12 meses si la administración Alvarado Quesada o el Congreso dan pasos en falso en el perfil financiero del país.
“La perspectiva negativa indica la posibilidad de una rebaja en los próximos 12 meses si el liderazgo político de Costa Rica no puede demostrar una forma más concertada, coherente y oportuna, de tener acciones fiscales correctivas que frenen el aumento potencial de las presiones de liquidez y las crecientes necesidades de financiamiento del soberano”, indicó la agencia mediante un comunicado.
S&P Global apunta que la mala formulación de políticas podrían debilitar la sostenibilidad del crecimiento y debilitar las finanzas públicas.
Además recalca que las grandes necesidades de financiamiento que tiene el país y las potenciales malas decisiones de gestión de la deuda (que podría incluir financiamiento con el Banco Central de Costa Rica y otras de tipo no convencional) también podrían conducir a una rebaja.
Año de rebajas constantes
Con el anuncio que dio la agencia S&P, el país suma un anuncio más de rebajas en la calificación soberana.
El pasado martes 2 de junio Moody´s modificó la perspectiva de calificación. Esta se encontraba en B2 estable y con el anuncio pasó a tener una perspectiva negativa, lo que significa que las emisiones de Costa Rica se consideran de alto riesgo crediticio.
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En febrero Moody’s también había rebajado la calificación que pasó de B1 y se rebajó hasta B2 en ese entonces.
Por su parte, la calificadora Fitch bajó la calificación a B y la acompañó de una perspectiva negativa el pasado 8 de mayo, argumentando que tendrá el país no podrá ajustar el desbalance fiscal tras el golpe económico que causó la pandemia y sus dificultades para fondearse en el mercado externo.
A inicios del 2020 tanto Fitch Ratings y Standar & Poor’s afirmaron que la escalonada del déficit fiscal al 7% como porción del PIB era una mala señal sobre el comportamiento de las finanzas públicas del país.
Costa Rica todavía tiene margen para cumplir con sus compromisos financieros pero cada vez está más vulnerable y suma más riesgos para materializar un incumplimiento de pago.
El panorama viene deteriorándose desde el 2017, año en el que se registran bajas en las calificaciones de riesgo por parte de Fitch Ratings, Moody´s y Standar & Poor´s.
Señales negativas y bajo crecimiento
La serie de anuncios que han realizado las agencias calificadoras llegan en una coyuntura complicada para el país.
Para este año se prevé que la economía sufra una contracción del 3,6% en el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real por el impacto del nuevo coronavirus. Este dato se desprende de las proyecciones macroeconómicas 2020-2021 dadas a conocer el Banco Central de Costa Rica (BCCR) el pasado 24 de abril.
Esta sería la segunda contracción más fuerte de la historia pues en 1982 durante la crisis económica interna se reportó una caída de la economía del 7,2%.
Para el 2021 el Central proyecta una tímida recuperación del 2,3% en el PIB.
Por otro lado, las señales que ha enviado Costa Rica durante las últimas semanas no han sido nada positivas para los actores externos. Primero la llegada de la pandemia al país dio al traste con el cumplimiento de la regla fiscal en su primer año de aplicación.
Este es un instrumento contemplado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) que frena el crecimiento del gasto público con especial énfasis en el gasto corriente (remuneraciones, transferencias e intereses).
Sin embargo, el pasado 19 de mayo la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto 21.922 que exime a las municipalidades de cumplir con la regla fiscal. Posteriormente el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, solicitó al presidente de la República vetar parcialmente la ley.
No obstante, el mandatario no atendió la recomendación y procedió a firmar la ley. Esto desencadenó la renuncia de Chaves el pasado 28 de mayo luego de estar en la cartera por seis meses.
Ante la salida de Chaves, Elián Villegas (expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros) asumió la cartera con el compromiso de mantener la disciplina fiscal.
Hasta el momento el Poder Ejecutivo se resiste a realizar ajustes sustantivos en el sector público, y para el 2020 pagará la alza salarial de dichos funcionarios. En un inicio el Poder Ejecutivo había decidido congelar este pago para tratar de contener el gasto durante la emergencia del nuevo coronavirus.
El incremento salarial para el 2020 es de ¢7.500 para la mayoría de empleados públicos y de ¢9.000 para los que tienen salarios inferiores a los ¢300.000.
