EscucharCasi 3.000 menores de edad se encuentran presos en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, afirmó este martes Human Rights Watch (HRW), que denunció “malos tratos”, “detenciones indiscriminadas” y casos de tortura en el país centroamericano.
En un informe titulado "Su hijo no existe aquí", la organización documentó casos de violaciones de derechos humanos mientras rigen en El Salvador normas extraordinarias para combatir a las pandillas.
El documento da cuenta de numerosas redadas de la policía y el ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80.000 detenidos, incluidos casi 3.000 menores.
Asimismo, el texto contabiliza más de 1.000 niños que han sido condenados, con sentencias que van de dos a 12 años de prisión, en algunos casos “por cargos definidos de forma excesivamente amplia como el delito de [integrar] agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”, indica el texto.
"Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones a los derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno" del presidente Nayib Bukele, dijo la directora de las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
"El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades", añadió.
Bukele lanzó en marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Fue decretado por el Congreso tras una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas.
“Confesiones falsas”
Un caso documentado por HRW es el de un estudiante de 16 años que fue detenido en mayo de 2022 en Sensuntepeque, a 83 km al noreste de la capital, San Salvador.
“Un familiar dijo a Human Rights Watch que los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla pertenecía”, dice el informe.
HRW sostuvo que el joven fue acusado de integrar agrupaciones ilícitas "sobre la base de un único testimonio de un 'testigo criteriado' anónimo, y condenado a seis años de prisión". Todavía está preso.
“En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura”, dijo HRW.
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La oenegé salvadoreña Cristosal consignó la semana pasada que al menos 176 niños quedaron en orfandad por el deceso de alguno de sus progenitores presos, mientras que 261 adultos “han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024″.
Bukele rechaza acabar el régimen de excepción y desestima las críticas de grupos humanitarios, mientras su comisionado de derechos humanos, Andrés Guzmán, niega casos de tortura.
Con su cruzada los homicidios se redujeron drásticamente y Bukele se convirtió en el mandatario más popular de América Latina, según una encuesta regional. En febrero fue reelegido con el 85% de los votos.
Revisar casos
HRW recomendó "establecer un mecanismo" para revisar los casos de detenidos "sin evidencia creíble y disponer su liberación inmediata".
En esta línea, HRW propuso "dar prioridad" a la revisión de casos de menores presos, así como personas con discapacidad o graves problemas de salud y mujeres embarazadas.
Sobre los menores "identificados de forma creíble como miembros de pandillas, los jueces deberían tener en cuenta factores atenuantes como circunstancias del reclutamiento del niño, el contexto familiar y social y su relativa falta de madurez", dijo.
Según HRW, las sentencias “deben promover siempre la rehabilitación y la reintegración de los menores” tal y como exige la Convención sobre Derechos del Niño y otros instrumentos legales.
HRW pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicar “prontamente” un informe sobre “las violaciones” a los derechos humanos en el país y “solicitar permiso” al gobierno de Bukele para visitar las prisiones.
