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En el último año, la empresa de fertilizantes Abonos del Pacífico (Abopac) reportó pérdidas de alrededor de $2 millones por atrasos en los servicios prestados por el concesionario administrador de Puerto Caldera, la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC).
Según Gregorio Escalante, subgerente de la compañía, la limitación en los tres puestos de atraque y la falta de mantenimiento de la profundidad del puerto provocaron congestiones de barcos que se tradujeron en altas facturas.
Lo anterior debido a las multas que las navieras que transportan sus productos cobran por el tiempo de espera adicional (hasta $10.000 por día de espera), luego de la hora de desembarque establecida.
La situación se agrava si se toma en cuenta que el 67% de las 300.000 toneladas métricas (TM) de fertilizantes que importa Abopac anualmente entran por este puerto, pues operativamente es su mejor opción (está a 10 kilómetros de su planta).
Una situación similar reportan empresas como Inolasa, Cargill, Pollo Rey y el sector de graneleros.
La SPC, por su parte, aseguró que las labores de dragado ya concluyeron y que no tienen injerencia en el tema de los tiempos de llegada de los buques.
En el caso de Inolasa (importador de frijol y soya), las pérdidas ascendieron a $450.000 durante el 2012. Su gerente general, Fabio Guerrero, señaló problemas para atracar sus barcos debido a los trabajos de mantenimiento que SPC ha ejecutado. Según Guerrero, la situación provocó que en agosto pasado las operaciones funcionaron solo a un 30% de su tiempo efectivo.
Antonio Flórez-Estrada, director general de la División Industrial Pecuaria de la Corporación Multiinversiones (Dipcmi-Pollo Rey), agregó que en esa misma época la compañía gastó $300.000 como consecuencia de los atrasos.
En Cargill, las pérdidas fueron de $650.000.
“En el mes de agosto (segunda semana) estuvimos a 12 horas de quedarnos sin maíz, lo cual hubiera sido terrible, no solo para la industria del pollo, sino para empresarios del sector porcícola”, explicó Jorge Calderón, director de relaciones corporativas de Cargill para Centroamérica.
De acuerdo con los empresarios, el aumento del tráfico en el puerto no es consecuente con el crecimiento y mejora de los servicios del concesionario.
Datos aportados por SPC indican que entre 2010 y 2012, la cantidad de TM movilizadas creció en un 17,5%.
A pesar de ese avance, Calderón, también presidente de la junta directiva de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, denunció la pérdida de al menos un 20% de la capacidad física del puerto provocada por la reducción del calado en el último año.
A eso hay que sumarle que las compañías no tienen un servicio de descarga alternativo, pues el muelle de Puntarenas está autorizado solo para recibir cruceros.
Trabajos de dragado realizados sin información previa, la inhabilitación del muelle número tres por trabajos de mantenimiento y un sistema de rompeolas que con fuertes marejadas inhabilita el muelle hasta por 72 horas destacan, entre otras, como las quejas de las empresas.
“Por ser un puerto sumamente congestionado, las tarifas de los fletes a puerto Caldera incrementan y se vuelve más complicado contratar barcos para descargar, ya que no quieren venir”, increpó Gregorio Escalante.
¿Qué dice SPC?
Ricardo Ospina, gerente general de SPC, compañía que tomó en concesión el Puerto Caldera hace seis años, dijo a EF que ya se terminaron los trabajos de dragado de mantenimiento a los que hacen referencia las compañías.
Las labores fueron ejecutadas con el objetivo de restaurar la profundidad de diseño de los muelles y tuvieron un costo de más de $7 millones.
Con respecto al muelle número tres, el proceso de protección de fondo al que fue sometido también está terminado.
Asimismo, el gerente desmintió la pérdida de longitud del muelle (hoy mide 490 m), ya que explicó que lo que se reduce es la profundidad, la cual es restablecida con el dragado.
Al ser cuestionado sobre los tiempos de espera, Ospina aseveró que estos dependen del tipo de buque que ingrese y de la cantidad de barcos que estén en puerto pendientes de atención.
Cuando la llegada de naves es simultánea, dichos periodos deben extenderse, pues es común que varios barcos requieran utilizar un mismo muelle.
“El puerto no tiene ninguna injerencia en el orden o fecha de llegada, simplemente recibe a los clientes y los atiende según su turno de atraque”, apuntó Ospina.
Por otro lado, el gerente confirmó que el rompeolas del puerto está averiado con una ruptura de 35 metros en su cabeza, lo cual, en caso de mareas altas, provoca cierres en las líneas de atraque entre 12 y 48 horas, en casos críticos.
SPC añadió que el Gobierno se comprometió a repararlo nueve meses después de que se ponga en servicio un cuarto muelle, próximamente en construcción.
Por su parte, Urías Ugalde, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), coincidió con la posición de SPC.
Ugalde considera que los atrasos se dieron por asuntos lógicos de mantenimiento del puerto y aseguró que en todo momento se coordinó con los sectores involucrados.
Además, informó que desde que SPC tomó la administración del puerto en el 2006, la productividad pasó de 300 TM por hora a 700 TM en el mismo tiempo.
Entretanto, José Alvarado, presidente de la Cámara Costarricense de Importadores de Graneles, aceptó que los atrasos le han costado sumas millonarias al sector, pero que desde noviembre la situación se normalizó.
Soluciones
Habilitar el muelle de Puntarenas para el desembarque de buques con contenedores y establecer parámetros de servicio que se ajusten a los requerimientos de los usuarios destacan entre las soluciones planteadas por los empresarios afectados.
No obstante, Urías Ugalde explicó que la primera opción solo es viable en casos de emergencia, pues el Plan Regulador de la Municipalidad de Puntarenas establece que ese muelle solo será utilizado para cruceros.
Hasta el momento, no hay ninguna iniciativa que promueva su uso para otros fines.
Otra de los puntos discutidos tiene que ver con la comunicación oportuna de las eventos que impacten la operación del puerto. Los empresarios exigen el informe con al menos tres semanas de anticipación.
Como apoyo a esa demanda, ya se creó una Comisión de Usuarios que pretende coordinar actividades como las programaciones de atraques.
Mientras tanto, la SPC anunció el inicio de la construcción de un cuarto muelle para el primer trimestre de este año.
Se espera que la obra, que costará cerca de $30 millones, esté operando a principios del 2015.
Este proyecto ya contabiliza siete años de atrasos causados por el proceso de adjudicación y refrendo, y por varias maniobras legales impulsadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
De no mejorarse la situación del Puerto Caldera a través de estas demandas y de la construcción de un nuevo puesto de atraque a la brevedad, las compañías temen perder competitividad comercial y trasladar los costos al usuario final.
