EscucharEn los últimos meses, importantes sectores de San José se han visto afectados por la falta de acceso a agua potable. Estudios realizados por la Universidad de Costa Rica confirmaron que esta estaba contaminada y no era apta para el consumo humano, a lo que se suma el racionamiento por falta de capacidad institucional. La situación pone en riesgo la salud de miles de personas y evidencia una alarmante desatención hacia la gestión de recursos esenciales.
Este hecho se suma a una serie de acciones recientes que reflejan una tendencia preocupante: el retroceso en las políticas ambientales del país.
Un ejemplo notable es la tala de árboles centenarios en una zona protegida del Caribe sur, que fue minimizada por las autoridades de Zapote. Se argumentó que los intereses de los urbanizadores eran más importantes que la protección de la fauna local, como “los monitos”. Esta posición no solo refleja una falta de sensibilidad hacia el medio ambiente, sino que también evidencia una visión a corto plazo, donde el desarrollo económico inmediato prevalece sobre la sostenibilidad. El sacrificio de especies y ecosistemas en favor de proyectos urbanísticos sin planes de conservación pone en peligro el equilibrio natural que ha sido clave en la imagen de Costa Rica como líder en conservación.
Además, en la zona de Crucitas, la explotación ilegal de oro continúa siendo una grave amenaza. Aunque fue uno de los problemas destacados por el actual gobierno al asumir el poder, hasta ahora las acciones para detener la devastación ambiental han sido limitadas.
La contaminación resultante de esta actividad, que afecta suelos y fuentes de agua, sigue sin controlarse adecuadamente. Más preocupante aún es la reciente revelación de una política de tolerancia hacia la explotación de oro en Corcovado, una de las áreas naturales más valiosas del país. Esta permisividad no solo viola los principios de conservación, sino que pone en riesgo la biodiversidad y el patrimonio natural de futuras generaciones.
Estos ejemplos de desprotección ambiental no son casos aislados, sino parte de un patrón de gestión que prioriza intereses económicos sobre la protección de los recursos naturales. En todos ellos se evidencia una falta de voluntad política para enfrentar los problemas de fondo y adoptar soluciones sostenibles. Desde mediados del siglo pasado, Costa Rica ha trabajado arduamente para posicionarse como un referente mundial en conservación y desarrollo sostenible. Sin embargo, las recientes decisiones del gobierno amenazan con revertir décadas de logros y poner en peligro el futuro del país como líder ambiental.
Hoy Costa Rica enfrenta una encrucijada histórica. Las políticas ambientales no pueden depender de un solo gobierno ni ser moldeadas por intereses a corto plazo.
La protección de los recursos naturales debe ser un compromiso a largo plazo, garantizando su conservación para las futuras generaciones, incluidos “los monitos”. No podemos permitirnos actuar con la irresponsabilidad que hemos visto en las últimas semanas. La historia juzgará a quienes priorizaron el desarrollo desmedido sobre la naturaleza y mostraron indiferencia ante la crisis ambiental. Las futuras generaciones recordarán a quienes sacrificaron el bienestar de la nación por intereses temporales.
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El autor es doctor en Derecho y máster en Sociología por la Universidad de Burdeos; exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores.
