La administración Solís Rivera recién ha superado la mitad de su gestión y ya algunos han hablado, prematuramente, de que está se encuentra en su final.
El propio presidente de la República, si bien aún no ha tirado la toalla, afortunadamente –aunque quizás de una manera tardía–, describió, el 2 de mayo, una agenda clara de prioridades que intentará –no sabemos si logrará– impulsar en esta tercera legislatura, la cual es clave para cualquier gobierno, antes que los aires electorales soplen todavía con mucho más fuerza.
Tal parece que al Gobierno se le han hecho cortos los cuatro años de su gestión; el tiempo demorado en la famosa curva de aprendizaje claramente le pasa factura.
En razón de lo anterior, el mandatario –quién parece estar consciente de esta situación– se ha atrevido a manifestarse publicamente, con valentía, a favor de uno de los temas más impopulares pero necesarios en este país: la reelección inmediata presidencial y de diputados.
El tema sin duda se las trae, pero conviene analizar el calendario político electoral de este país para percatarse de que, en gran medida, somos presa de nuestro propio sistema.
Costa Rica tiene un periodo presidencial de cuatro años, que en términos legislativos se divide por año en legislaturas, las cuales, a su vez, se dividen en dos periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias, pero que son interrumpidos por una infinidad de asuntos particulares acontecidos tanto dentro como fuera de la Asamblea Legislativa, como las elecciones presidenciales, municipales e internas en cada agrupación; la jornada del 1 de mayo; la discusión del presupuesto de la República, entre otros.
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Esta serie de sucesos, muchos de los cuales se repiten (a mi criterio) innecesariamente año con año, agregan una enorme complejidad a la Asamblea Legislativa, pero sobre todo a su relación con el Poder Ejecutivo, relación que ya, de por sí, nunca ha sido sencilla por diversas razones, como divisiones internas de las fracciones así como por el tema de egos y envidias entre diputados.
Menos días
¿Cuál es el tiempo efectivo de gobierno? Restemos los primeros 100 días de acomodo de un gobierno, la parálisis de mínimo un mes (noviembre) por la tramitación del presupuesto ordinario de la República –en algunos casos se extiende también a los extraodinarios–; los recesos legislativos de fin de año (15 días en promedio y al final de cuatrenio se extiende a unos 45 días); las negociaciones del 1 de mayo que consumen prácticamente todo el mes de abril; luego la entrada del receso de Semana Santa, así como los primeros 15 días de mayo para definir la agenda e integración de las comisiones. Es un ciclo que se repite en su mayoría cada año.
A este complicadísimo calendario político-electoral debemos restarle también las elecciones municipales (ahora a medio periodo), que tientan a los diputados a tomar un receso de diciembre hasta febrero. Igualmente, está la inscripción de precandidaturas a lo interno de los partidos políticos, programada para finales de este año, que convierte la última legislatura en una de las más ineficientes, en la que solo se aprueban proyectos de bajo costo político y que culmina a mediados de diciembre para salir a receso de campaña, regresando a la paz en febrero, en caso que no exista segunda ronda.
Vale aclarar que dentro de este calvario trazado, no hemos contemplado las repercusiones a nivel de tiempo desaprovechado que tienen las frecuentes prácticas filibusteristas dentro de la Asamblea Legislativa, ni mucho menos la discusión de votos de censura a ministros, los cuales en ocasiones consumen meses, así como otros factores externos, como huelgas o manifestaciones, que paralizan al país por días y a nivel de discusión por semanas.
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Es momento de pensar en grandes reformas constitucionales y legales que le devuelvan un poco de oxígeno y vida útil a los diferentes gobiernos, tanto para planificar como para ejecutar acciones.
Las circunstancias deberían invitarnos a reflexionar sobre la posibilidad de acoger periodos políticos más largos como los sexenios o bien, la reelección inmmediata, así como la adopción de presupuestos bianuales o cuatrienales y, finalmente, acabar con las elecciones de directorio legislativo cada año.
*Politólogo / Asesor legislativo