En los últimos meses, la política migratoria de la administración Trump ha logrado una gran cobertura mediática. Sin embargo, las políticas de control migratorio no son para nada recientes, sino que se encajan en un proceso largo que Estados Unidos ha desarrollado desde desde hace más de 20 años (con la llegada de la Ley IIRAIRA en 1996) y cuyos matices se han ido modificando a lo largo de las diferentes administraciones.

Esto no implica que la coyuntura de la actual Administración tenga elementos particulares que se deban pasar por alto. La retórica pro muro, el reforzamiento de fronteras y la fuerte posición por frenar la inmigración en la frontera sur, se han establecido como la bandera guía de la Casa Blanca.

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La separación de familias solicitantes de asilo en frontera, la eliminación de programas como DACA, en 2017, que beneficiaba a jóvenes inmigrantes; la terminación del estatus de protección temporal (TPS) para varios países de la región, así como la implementación de la política de cero tolerancia, profundizaron el nivel de conflictividad.

Hasta el momento el panorama refleja las manifestaciones de uno de los actores del espacio, el poder ejecutivo personalizado en Trump. Sin embargo, no existe claridad de por qué no se ha alcanzado una verdadera reforma migratoria.

Ya desde 2017 se discutían en el Congreso planes sobre seguridad fronteriza presentados por la Administración, cuyo presupuesto estaba destinado en su mayoría a la construcción del muro; desde entonces existían fuertes tensiones sobre la viabilidad de estos. Igualmente, las discusiones presupuestarias de muchas órdenes ejecutivas sobre la migración, comenzaban a bloquear su implementación.

Viraje importante

Las dinámicas de poder en este ajedrez político, dieron un viraje importante con las elecciones de medio periodo del Congreso en noviembre de 2018. En la Cámara de Representantes se estableció una mayoría demócrata que permitiría un mayor control de la oposición ante el gobierno Republicano del presidente Trump. Por otro lado, el panorama en el Senado de mayoría republicana, que parecía más favorable para el ejecutivo; no ha respaldado en totalidad las iniciativas del Gobernante.

Actores como Nancy Pelosi (Demócrata) desde la presidencia de la Cámara de Representantes, se han posicionado como un contrapeso importante ante el Ejecutivo. Evidencia de esto fue el cierre técnico del gobierno a inicios de 2019. Desde el Comité de Seguridad de la Nación, el fuerte control político ejercido por el congresista Bennie Thompson con respecto a las decisiones de las Agencias Federales; o la altamente popular Alexandria Ocasio-Cortez, que ha puesto uno de sus focos de atención en la agenda migratoria propuesta por el Trump.

De igual manera, instituciones como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional, han sido centro de debate en una sociedad estadounidense que refleja profundos desacuerdos cuando de migración se trata. Las dificultades de ICE para ejecutar las órdenes migratorias en las llamadas Ciudades Santuario, cuyos gobiernos estatales han decidido aplicar sus propias reglas en cuanto al tratamiento de las personas migrantes bajo su jurisdicción, son un claro ejemplo.

Por su parte, las Cortes Federales en algunos estados, han asumido un rol de fuerzas compensatorias, en donde han logrado demorar o frenar la implementación de muchas de las órdenes ejecutivas expedidas por el Mandatario.

Todas estas piezas son parte de una realidad: la migración como tópico central siempre ha estado presente en la política estadounidense, en la estructura económica y en su fuerza de trabajo pero más aún como parte de construcción social. Lo que ha cambiado ha sido la forma del discurso y su tratamiento.

Más allá del muro

La agudización de las tensiones y desafíos que viven las autoridades estadounidenses puede ser resultado del evidente cambio que ha tenido el flujo migratorio que llega a la frontera. Han pasado de ser hombres, solteros, en edad productiva y principalmente mexicanos huyendo de oficiales de migración a menores no acompañados provenientes del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) y más recientemente familias completas, las que llegan a solicitar asilo a los mismos oficiales.

Pareciera entonces que la reformulación del sistema de inmigración no ha resultado tan sencillo para la actual Administración; tampoco el avance en la estrategia de construcción de un muro entre Estados Unidos y México.

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La Administración por su parte, ha tenido que recurrir a decretos ejecutivos, declaratorias de emergencia (por medio del veto presidencial) y acciones de las instituciones de inmigración para llevar a cabo su política de fortalecimiento de frontera y el incremento de la seguridad.

Pero ¿serán realmente la estructura punitivista en la práctica y las ambiciosas iniciativas de la Administración suficientes para frenar la migración irregular? En este panorama, pareciera evidente que la administración Trump no está teniendo un verdadero éxito en el establecimiento de una reforma migratoria por ley; sino que, por el contrario, se ha reducido significativamente a la práctica y la inmigración irregular si bien se ha transformado, no ha dejado de ser un factor constante en frontera.

La política migratoria estadounidense va más allá del muro fronterizo, las deportaciones masivas y las caravanas de migrantes que tanto peso han tenido en la cobertura mediática internacional. Lo menos evidente, es decir los juegos de poder, los contrapesos e intereses políticos, económicos y sociales que muchos actores han asumido, es lo que permite realmente identificar la verdadera respuesta que está dando la administración Trump a la configuración actual de la migración.