Electricidad: llegó el momento de reformar en serio
Editorial | La llamada de alerta que provocó el anuncio de los racionamientos de electricidad propicia, entonces, acelerar la discusión sobre los cambios profundos que requiere el modelo de generación actual.
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Hasta hace unas décadas, el acceso a la electricidad era motivo de orgullo nacional y una de las ventajas competitivas en la atracción de inversión extranjera. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) jugó un papel incuestionable en esos logros y eso le valió el respeto del país. Sin embargo, desde hace ya varios años, el modelo imperante empezó a dar visos de agotamiento: costos cada vez más altos, proyectos de inversión fracasados, ineficiencia administrativa, pérdida de liderazgo e incapacidad institucional para satisfacer las necesidades de la población. Problemas todos que culminaron en el reciente anuncio de que el país iba a sufrir escasez y cortes de electricidad, en parte ocasionados por previsibles fenómenos naturales, pero sobre todo por una deficiente planificación, que no anticipó la creciente demanda que se generaría luego de la desaceleración temporal ocasionada por la pandemia de covid-19, además de otros errores de bulto.
La matriz eléctrica nacional, por obvias razones, depende pesadamente de la energía hidroeléctrica (70%), haciendo uso de un recurso abundante, energía que se ve complementada con la energía geotérmica (12.5%) y la eólica (12%). La energía solar y la proveniente de la biomasa es apenas marginal (0,1% y 0,5%, respectivamente), mientras que la energía térmica, proveniente de combustibles fósiles, solo es utilizada, junto con eventuales importaciones desde Centroamérica, cuando la generación local de aquellas otras fuentes es insuficiente. Así las cosas, resulta revelador que un proyecto hidroeléctrico tan importante como Diquís, entre otros, se haya visto frustrado por sus atrasos, altos costos, escasa rentabilidad potencial y la oposición de grupos ambientalistas y sociales, al tiempo que no se abre el espacio para que el sector privado desarrolle y explote embalses más modestos.
Como consecuencia de la entrada en vigor del tratado de libre comercio con los EE. UU. (CAFTA), el sector de telecomunicaciones del ICE sí hubo de someterse a una profunda reforma que dio lugar a una mayor apertura a la inversión privada en un régimen de competencia. Por el contrario, en el sector de energía ha habido una enorme resistencia al cambio. Si bien ha habido tímidas reformas legales que permitieron la participación privada en la generación eléctrica, lo cierto es que esa participación es muy limitada y la prevalencia y control del ICE en toda la cadena ha seguido siendo lo preponderante, sin que se haya creado un mercado eléctrico en el que compitan con fuerza diferentes actores ofertando sus mejores precios, al punto de que la administración pasada incluso decidió —por un prurito netamente ideológico— no renovar varios contratos con generadores privados, cuyos frutos podrían estar paliando el problema que ahora enfrentamos. Hoy en día, la participación del ICE y otras entidades no empresariales es de más de un 80%, mientras que la de los generadores privados escasamente alcanza el 18% de la producción nacional, producto que además solo pueden venderle al ICE. La verdad entonces es que la reforma del sector eléctrico es una tarea pendiente desde hace muchos años y la falta de acción nos está pasando la factura.
La llamada de alerta que provocó el anuncio de los racionamientos propicia, entonces, acelerar la discusión sobre los cambios profundos que requiere el modelo actual: el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos y su financiamiento, la explotación de más fuentes geotérmicas considerando su ubicación en zonas protegidas, la decidida promoción de más proyectos solares y eólicos tomando en cuenta su más rápido inicio, la creación de un mercado abierto y el papel que jugarán en él el ICE y en especial los operadores privados, y la constitución de una rectoría y planificación fuerte y totalmente independiente del ICE.
Hasta ahora el debate legislativo del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo ha sido limitado y los opositores han amenazado con boicotearlo. Pero esta reforma no puede esperar más. Los peligros están a la vista; es imperativo que nos aseguremos que el país será capaz de hacer uso de todas las fuentes de energía disponibles de la forma más eficiente posible y satisfacer la demanda nacional de hoy y los próximos cincuenta años. La ideología, el dogma, la imprevisión o la defensa de intereses sectoriales no son buenos consejeros en ese propósito.
Editorial El Financiero | Electricidad: llegó el momento de reformar en serio
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