La deuda del Gobierno con la Caja

De acuerdo con la Caja, la deuda en ambos seguros superó ¢3,8 billones a marzo de 2024, de lo cual, cerca del 84% corresponde al seguro de salud y el restante al seguro de pensiones. De esta cifra, alrededor de ¢1 billón se ha acumulado en los dos primeros años de la presente administración gubernamental. Por su parte, estudios externos de Deloitte contabilizan la deuda del Estado con la CCSS en ¢1,7 billones por cuotas estatales, ¢563.259 millones por el traslado de funcionarios del Ministerio de Salud a la CCSS y ¢350.161 millones en cuentas por cobrar relacionadas de IVM.

Por su lado, el Ministerio de Hacienda indica que estos montos no han sido validados ni reconocidos por ellos y no pueden asegurar si son correctos, ya que la CCSS no ha logrado justificar de manera fehaciente el origen de la deuda por gastos en salud, pues ni siquiera posee una contabilidad que permita identificar los costos de los procedimientos médicos a nivel hospitalario. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda se niega a pagar el incremento en la cuota estatal para las pensiones, pues indica que los incrementos de la cuota se hicieron sin valorar la capacidad fiscal para hacerle frente a los mayores gastos generados por el sistema.

Aunque es difícil darle toda la razón a alguna de las partes, resulta altamente inconveniente que los miembros de la Junta Directiva de la CCSS sean los que, mediante un acuerdo, determinen las cuotas para los seguros de enfermedad y pensiones. En primer lugar, ello genera un problema de riesgo moral, en el cual las falencias en el manejo de los seguros de la CCSS y sus ineficiencias son trasladadas al Estado, quien tiene una participación minoritaria dentro de la Junta Directiva de la institución.

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En segundo lugar, hay un conflicto de intereses, pues los cuerpos gerenciales de la CCSS no se sienten motivados a adoptar reformas que mejoren la sostenibilidad de los seguros que administran, pues el costo de esa tardanza también es trasladado al Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, en el caso de pensiones, hace casi 20 años que la Superintendencia de Pensiones alertó sobre la insostenibilidad del régimen y la CCSS tardó más de 10 años en realizar reformas que para el tamaño del problema actuarial han resultado ser muy tímidas y en algunos casos hasta en dirección opuesta al fortalecimiento del sistema. De hecho, la CCSS no se ha preocupado por aumentar la cobertura del sistema de pensiones y más bien en los últimos lustros hemos tenido un retroceso importante tanto en la proporción de la población activa cotizante como en el acceso de la población mayor de 65 años a una pensión contributiva.

Para evitar estas situaciones, en otros países con seguros similares a los de la Caja, la institución de seguridad social cuenta con autonomía constitucional, pero esa autonomía no se extiende a la aprobación de las cuotas a la seguridad social, sino que son fijadas por el Congreso al igual que sucede con la aprobación de los impuestos. Esto ocurre porque las cuotas tienen repercusión sobre los gastos del gobierno y, también, sobre los niveles de informalidad del país. Además, ello obliga al seguro social a administrar los seguros de una forma más eficiente y consciente con las posibilidades fiscales del país.

La realidad es que no es el Estado el deudor, sino los habitantes que tendrán que pagar los faltantes mediante impuestos. Independientemente del monto adeudado, dada su magnitud, es claro que ninguna administración gubernamental estará en capacidad de hacerle frente, como de forma simplista ha sido planteado por algunos. Por tanto, si queremos avanzar, parece que la solución no es pagar o no pagar, como tampoco lo será destinar un porcentaje de los empréstitos públicos internacionales a la CCSS. La solución está en decidir qué queremos hacer de aquí en adelante y cómo vamos a reformar los seguros de salud y pensiones para que los habitantes no terminen pagando su desfinanciamiento en términos de menor cobertura de pensiones y la desmejora que ya sufrimos en los servicios de salud.