En reiteradas ocasiones los consumidores, industriales, y la agencia nacional de atracción de inversiones (Cinde) han manifestado que los precios actuales de la electricidad restan competitividad y deben mejorarse como parte de la reactivación económica del país.

Pero discutir sobre este tema con el afán de buscar culpables tornaría el debate improductivo y estéril. Debemos enfocarnos más bien en el futuro, con el consumidor final y la competitividad país como eje central.

Asimismo, sería improductivo confrontar posiciones desde una perspectiva ideológica; es decir, si es el sector público o el privado el que debe brindar los servicios públicos en materia de electricidad.

Si la prioridad es el consumidor final, lo importante es que este reciba el mejor servicio al menor costo, independientemente de quién lo brinde.

Por lo tanto, debemos debatir sobre el reto que afronta el sector eléctrico desde una perspectiva pragmática, y siendo conscientes de la coyuntura financiera y fiscal que atraviesa Costa Rica.

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El país tiene un alto nivel de electrificación (99%) y los índices de servicio y calidad son satisfactorios. Por ello es claro que no se está debatiendo ni el acceso al servicio ni su calidad.

Pero también es claro que durante los últimos 10 años, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobreestimó las proyecciones de crecimiento de la demanda, en buena medida como resultado de lo imprevisible que resultó anticipar a nivel global el acelerado ritmo de los cambios tecnológicos disruptivos y de los patrones de consumo.

En preparación para ese crecimiento proyectado, se hicieron las gestiones para contar con suficiente capacidad instalada, mediante la construcción del proyecto hidroeléctrico Reventazón, la contratación de nuevas plantas de generación privada, y el desarrollo de nuevas plantas de generación de las distribuidoras.

Ya estando en operación esas plantas nuevas, desarrolladas para satisfacer la demanda que se había proyectado y que no se materializó, el ICE ha manifestado que en algunas épocas del año podría haber excedentes de energía, de los cuales una parte se puede exportar.

¿Y los consumidores?

Esta circunstancia ha motivado a que se mencione en medios de comunicación que el ICE está valorando modificar las condiciones contractuales para la renovación de contratos de compra de energía a productores privados cuando estos venzan. Lejos de contribuir con buscar soluciones competitivas para los consumidores, esas manifestaciones, de manera unilateral por parte del único comprador de energía a los generadores privados, producen inseguridad jurídica que no va a resultar en tarifas más bajas por las razones que se esbozan a continuación.

1. El problema de excedentes, que si se dan serían marginales y ocasionales, es coyuntural y por corto tiempo, sobre todo contemplando el enfoque de descarbonización que ha pautado el Gobierno para el sector transporte.

2. Si existe un mayor margen de seguridad en la capacidad instalada, es por un servicio de respaldo que solo pueden brindar las pocas grandes plantas del ICE, y por el cual siempre ha cobrado la totalidad de sus costos.

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3. En el corto plazo, mientras la demanda crece, el país debe exportar todo lo que pueda, y reducir costos operativos para bajar tarifas, que a su vez atraigan nueva demanda eléctrica.

4. Debe reconocerse que los generadores privados únicamente desarrollan las plantas que el ICE les ha solicitado, y con la configuración limitada que les permite la ley y que el ICE aprueba previo a su construcción.

5. De las 37 plantas privadas, una eventual modificación contractual podría llegar a afectar únicamente a 15 hidroeléctricos y 3 proyectos eólicos, que representan un 3,7% de la capacidad del sistema eléctrico nacional, lo cual hace que cualquier cambio sea insignificante por la escala en cuestión.

6. Adicionalmente, la tarifa de venta es fijada por la Aresep bajo el principio del servicio al costo. Cualquier modificación contractual debe verse reflejada en la tarifa, por lo que el impacto neto en las tarifas de los consumidores finales sería casi nulo.

7. Todos esos proyectos fueron desarrollados durante los años 90 y estaban en operación desde mucho antes de que los planificadores decidieran construir el proyecto hidroeléctrico Reventazón y contratar nueva capacidad de generación privada y de las distribuidoras.

8. Las plantas existentes suministran electricidad a precios más bajos que cualquiera de las plantas nuevas.

9. En la actual coyuntura fiscal del país se debe buscar que la nueva infraestructura por desarrollar no afecte el endeudamiento nacional, y se haga por medio de actores que generen ingresos al fisco vía el pago de impuestos.

10. En la actualidad los generadores privados están limitados a vender su energía al ICE, pero antes de que el Instituto considere que no necesita toda esa energía, deberían darse las posibilidades de que esta sea vendida a otras distribuidoras al mismo precio que le venden al ICE, y que es fijado por Aresep.

Con ese esquema esas distribuidoras serían beneficiadas y podrían brindarle mejores tarifas a sus usuarios.

En conclusión, Costa Rica necesita un debate abierto, desapasionado y objetivo sobre el sector eléctrico, cuyo futuro debe ser innovador y competitivo. Esta discusión debe ser pragmática, partiendo de la base del sistema que hoy existe, y reconociendo las limitaciones fiscales y económicas que atraviesa el país.

Plantear modificar unilateralmente los contratos de unos pocos generadores privados, que no incide en las tarifas de los consumidores finales, no es la ruta para llegar a ese destino. El cambio tecnológico acelerado y disruptivo requiere de ideas frescas para hacer las cosas de forma distinta. Hay que promover, a la brevedad posible, ese diálogo por el bien de los consumidores y del país.