EscucharUna de las responsabilidades y necesidades más importantes de todo país es generar las condiciones mínimas y las oportunidades para que su población joven pueda desarrollarse, progresar, prosperar con estabilidad y contribuir positivamente a la sociedad.
Para ello son indispensables al menos las siguientes condiciones: acceso a educación de calidad desde preescolar hasta el ciclo superior, formación técnica y alfabetización digital, acceso a servicios diferenciados de salud integral, acceso a fuentes de trabajo así como la promoción del emprendimiento y la innovación; vivienda asequible que les permita independizarse y tener estabilidad en la vida adulta; seguridad física y protección de los derechos humanos; vida política y social participativa e inclusiva; igualdad de género; acceso a tecnología e información; ambiente favorable para la cultura, el desarrollo creativo y el deporte; infraestructura y servicios de transporte público que garanticen la libertad de movimiento; y una política ambiental responsable y sostenible.
LEA MÁS: Ni empleo, ni seguridad, ni educación, ni vivienda: Costa Rica es un mal país para ser joven
Si bien esas y otras condiciones son igualmente necesarias para el bienestar de toda la población en general, la carencia de ellas tiene efectos más perjudiciales y determinantes en la vida de las personas jóvenes.
Desafortunadamente, la tomografía del estado actual revela que Costa Rica se ha convertido en un mal país para ser joven. Veamos algunos aspectos: es vox populi que la situación del sistema de educación pública se acerca a la catástrofe. La infraestructura educativa está deteriorada especialmente en las regiones de menor desarrollo humano. Los resultados de las pruebas nacionales de diagnóstico aplicadas a inicios de 2023 son desesperanzadores: solo un 18,75% de los estudiantes de último año de colegio logró un desempeño “avanzado”; 31,04% apenas alcanzó nivel “intermedio” y 50,21% tiene un manejo”básico”. Por otra parte, más de la mitad de la población entre 18 y 24 años no concluyó los estudios de secundaria, solo cuatro de cada 10 acceden a la universidad (entre la juventud en pobreza, solo uno de cada 10 llega a la universidad). Finalmente, 18% de jóvenes entre 18 y 24 años no están estudiando ni trabajando.
En cuanto a acceso a salud integral, especialistas han manifestado que la Política Institucional de Adolescencia de la CCSS es débil y poco efectiva; la cobertura de la atención integral en salud para la población adolescente y joven apenas llega a 33%. Los efectos son palpables: Costa Rica es el país centroamericano con el mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 19 años ( 31,7 %). La mayor cantidad de intentos de suicidio han sido ejecutados por jóvenes entre 10 y 35 años, 60% de ellos mujeres (lo cual podría estar asociado con que las mujeres jóvenes componen la mayoría de la población femenina víctima de violencia sexual). Ha crecido el consumo de drogas y en especial las intoxicaciones por abuso entre los 13 y los 29 años; y recientemente se ha reportado un aumento del negocio de narcomenudeo dentro de los mismos centros educativos.
En cuanto a oportunidades de trabajo, la tasa de desempleo juvenil triplica la de desempleo general: 27.4%. El 26% de jóvenes entre 15 y 34 años no cotizan para el seguro de invalidez, vejez y muerte (IVM). El ecosistema emprendedor costarricense no ofrece facilidades para quien quiera auto emplearse de manera formal y sostenible. La inversión nacional en investigación y desarrollo ha ido cayendo y hoy es la más baja de los países de la OCDE (0.275% del PIB).
Adicionalmente, para los jóvenes adultos no es fácil tener casa propia: la creciente urbanización ha encarecido el valor de la tierra y las opciones de crédito para vivienda son costosas; las cuotas mensuales a 30 años pueden consumir hasta 75% del ingreso promedio nacional.
El aumento en la inseguridad se ha ensañado con la juventud: cuatro de cada 10 víctimas de homicidios relacionadas con el crimen organizado son jóvenes de entre 18 y 29 años, a pesar de que ese grupo no representa ni la cuarta parte de la población total del país. Los proyectos de ley presentados quizás contribuyan a contener la ola de violencia, pero deben acompañarse de una política social que invierta específicamente en la población joven y en riesgo social.
La lista de barreras, que además están correlacionadas entre sí, continúa; no podemos abordarla en su totalidad por razones de espacio. Lo obvio es que al menos durante el último decenio se ha producido una espiral de deterioro de las condiciones de vida presente y de oportunidades futuras para la juventud costarricense. Es como si las personas jóvenes se movieran en arenas movedizas y nadie lanzara una soga para rescatarlas.
Es impostergable desarrollar una política específica, intersectorial e integral que aborde las necesidades, desafíos y aspiraciones de este grupo demográfico. En su diseño y ejecución se debe involucrar a los propios jóvenes y a organizaciones de la sociedad civil, además de diversas entidades del Estado. Además, se deben prever indicadores, sistemas de seguimiento y de evaluación para medir el impacto de las políticas y hacer los ajustes necesarios.
Hacerlo es no únicamente un imperativo ético y constitucional, sino una medida estratégica para el crecimiento económico, la competitividad, el desarrollo humano y la preciada paz costarricense.
