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De acuerdo a un estudio del Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (Cegesti) las pequeñas y medianas Empresas (Pymes) consideran que la única ventaja real al participar en compras públicas se observa en los casos de desempate.
Esto es, cuando una pyme y una empresa grande compiten por una licitación y cumplen las condiciones por igual, la institución pública debe discriminar positivamente a favor de la Pyme.
No obstante, en los últimos diez años, tiempo de vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, el sector ha notado cambios positivos principalmente en la simplificación de trámites gracias a los sistemas de compras en línea Compra Red y Merlink.
Barreras
Competencia por precio. El reclamo principal de las 53 Pymes encuestadas para el estudio es que el precio es el criterio determinante de compra. Asimismo, destacaron que para venderle al Estado se han encontrado barreras como la burocracia, falta de información y formas de pago inadecuadas.
Garantía. Una limitante es que las empresas deben utilizar su propio efectivo para cumplir con el requisito de garantía de cumplimiento. Aunque el Fondo para el Fortalecimiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme) contempla en sus usos brindar apoyo en esta materia, las Pymes lo desconocen.
El Fondo, por su parte, no lo contempla en su promoción, afirmó Cegesti en los hallazgos del estudio. En el 2010 y 2011, no otorgó garantías.
“Aunque se conociera no creemos que sería diferente”, afirmó Aguilar. Recalcó que al ganar una licitación la empresa dispone de días para dar la garantía y Fodemipyme no funciona tan rápido.
La legislación también establece que la Administración tiene la facultad de devolver parcialmente la garantía de cumplimiento; sin embargo, el estudio indica que en la práctica no se lleva a cabo, lo que afecta el flujo de caja de las Pymes.
Procesos complicados. Aunque la mayoría de las pymes indicó haber participado en alguna capacitación técnica, la dificultad de los procesos licitatorios se señaló como otro obstáculo.
Las dificultades en el proceso se relacionan aspectos como múltiples registros de proveedores, falta de estandarización de carteles y la falta de un catálogo único de productos.
La visión del sector público
La principal demanda de los compradores, es que las Pymes sean más competitivas y puedan ofrecen mejores precios. Esta perspectiva se refleja en el estudio de Cegesti, en el que participó una muestra de 11 proveedurías de entidades públicas.
Asimismo, instituciones que se encuentran fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) alegan tener dificultad para acceder a las Pymes, pues la mayoría de las que venden al Estado se concentran en esa región (83% en el 2011).
En ese sentido, Cegesti propone que las pymes se asocien para aumentar su competitividad, ya sea como subcontrato, consorcio u oferta en conjunto; figuras que están presentes en la normativa.
Reforma reciente introduce mejoras, pero no es suficiente
La coordinadora de Cegesti reconoce que la reforma al reglamento de la Ley de Contrataciones Administrativas introduce incentivos adicionales, pero considera que los problemas de fondo permanecen, al no darle una ventaja real a las Pymes para competir, sino tras ganar la licitación.
Entre las mejoras, se redujo el tiempo de pago de 45 a 30 días. De acuerdo a Aguilar, las Pymes reclaman que el plazo no siempre se respeta. No obstante, Luis Álvarez, viceministro de Economía, explicó que antes el plazo estaba sujeto a directrices, mientras que ahora queda establecido como obligatorio desde el reglamento de la Ley. De no cumplirse, agregó, la pyme puede hacer el reclamo respectivo ante la administración y cobrar intereses.
Además con la reforma se exime la garantía de participación y se da acceso a instrumentos financieros distintos al crédito, como el descuento de facturas, a través del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Álvarez comentó que desde el Meic han visto un impacto positivo en el poco tiempo que tiene vigente la reforma.
Destacó que como reacción, ha surgido la iniciativa de buscar un alineamiento entre las bases de datos de Merlink con el Sistema de información Empresarial Costarricense (Siec), para garantizar que quienes están en Merlink efectivamente tengan su condición Pyme.
Sin embargo, explicó que la reforma está todavía en proceso de implementación y se observaría un mayor impacto a partir de la segundo quincena de enero cuando se activan los procesos de compras en la amdinistración pública.
El Viceministro reconoció que todavía quedan cosas pendientes. Dentro de le revisión integral del proceso, han contemplado reservar para pymes porcentajes mínimos de las adquisiciones del Estado, lo que han hecho otros países. No obstante, están valorando experiencias como la de México donde se establecieron procentajes solo para algunos sectores que buscan promover.
El otro tema es el poder dar puntos adicionales a pymes verdes o aquellas que hayan mejorado la calidad del producto, por ejemplo, con innovación, pero siempre y cuando estén certificadas. Para ello, trabajan primero en un sistema de certificaciones y acompañamiento para las pymes.
La importancia de superar las barreras
Las pymes que han logrado venderle al Estado, 30 de la muestra de 53, afirman que esta estrategia les brinda estabilidad, pues se trata de un pago certero, proyectos grandes y con seguridad por contrato.
“A pesar de que no existen datos sobre el monto de compras públicas que se adjudica a Pymes, este hallazgo confirma la noción de que el Sector Público, en el caso de Costa Rica, es un cliente importante tanto por el volumen de compras como por el apoyo al crecimiento de las empresas, una vez superadas las barreras”, comentó Aguilar.
