Aunque han estado concentradas en las adecuaciones de las concesiones de frecuencias para la televisión digital, las autoridades mantienen las acciones de recuperación de espectro incluyendo las extinciones de títulos habilitantes de hasta 18 casos declarados como lesivos al interés público.

Los 18 casos, que no pueden ser revelados, se encuentran en proceso en la Procuraduría General de la República y a ellos pronto se les podrían sumar dos más, dijo Cynthia Morales, directora de concesiones y normas de telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

La recuperación de frecuencias tiene como objetivo disponer de frecuencias para las nuevas tecnologías, incluyendo redes de quinta generación (5G), ordenar el uso del espectro radioeléctrico y cumplir con la legislación actual.

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La extinción de la concesión puede ocurrir porque el concesionario no utiliza las frecuencias para el fin solicitado, incumplimiento de las condiciones establecidas, el no pago de tasas, cánones y de la contribución al Fondo Nacional de Telecomunicaciones o por reincidencia de alguna de las 18 infracciones estipuladas en la ley.

Entre ellas: operar redes sin autorización, usar frecuencias sin concesión o en violación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, cesión sin la aprobación correspondiente o incumplimiento de las instrucciones de Sutel, entre otras.

Las frecuencias recuperadas pueden ser reasignadas para fines comerciales mediante concurso público, previo estudio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para comprobar su necesidad y factibilidad.

En tal caso el Poder Ejecutivo envía a Sutel la instrucción de realizar el concurso y hacerle la recomendación de a quién otorgar la concesión, como ha ocurrido en el caso de la telefonía móvil.

De todo

Los procesos implementados por las autoridades incluyen acuerdos mutuos con los concesionarios de adecuaciones o extinciones de títulos habilitantes.

El mayor número de casos de adecuaciones de concesiones corresponde a televisoras nacionales y regionales para uso de frecuencias de televisión digital.

La tarea habría concentrado buena parte de las labores jurídicas y técnicas de los encargados de la gestión del espectro radioeléctrico.

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Aún así se implementaron otras acciones de extinción o de declaración de lesividad de los títulos habilitantes de una amplia diversidad de concesionarios.

En el 2018 se tenían 69 procesos, de los cuales 24 casos eran de extinción de concesiones inicialmente otorgadas a empresas municipales, cableras y canales de televisión regionales, empresas de radiomensajes (beeper), cooperativas y cadenas de radiodifusión.

También estaban bandas de frecuencias que poseían desde décadas atrás Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Durante el presente año, y hasta el pasado 15 de octubre, se sumaron otros 17 casos de extinciones de concesiones para canales, radiodifusoras y cableras con cobertura nacional y regional.

Adicionalmente, hay ocho procesos de extinción por mutuo acuerdo con los concesionarios, los cuales están en trámite.

En los 30 casos de recuperación de las frecuencias, mediante la extinción de las concesiones, se encuentran empresas privadas dedicadas a diferentes actividades: ganadería, azúcar, vigilancia, construcciones, aviación, fotografía, taxis y transportes.

Las empresas normalmente utilizan las frecuencias para servicios de comunicaciones propias, entre plantaciones o fincas, vehículos y personal.

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Sin embargo, por diferentes razones las empresas con concesiones no estaban utilizando las frecuencias o su uso no se ajustaba al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.

Algunas de esas razones son de mercado (se utilizan otros servicios de telecomunicaciones de menor costo, a los que antes de la apertura del mercado no se tenía acceso) o porque la actividad decae tanto en oferta como en demanda (por ejemplo, los beeper).

Sobre los casos declarados como lesivos por el Ejecutivo, la mayoría (14) se encuentran en la Procuraduría desde el 2018.

Los 18 casos se encuentran en diferentes estados procesales y según Morales son muy complejos. En algunos se tuvo que actualizar las resoluciones del Micitt remitidas a la Procuraduría desde el año anterior.

Pronto se podrían sumar otros dos casos más que están en análisis para determinar si son lesivos. En todas las concesiones declaradas como lesivas se sigue después un proceso judicial contencioso.