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Un total de 258 denuncias ha recibido la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) desde el año 2014 hasta noviembre de 2017, por diversas situaciones en el manejo de la información de los ciudadanos de parte de instituciones y empresas en Costa Rica.
Esta entidad es la encargada de resolver las denuncias de exposición o uso no autorizado de los datos de las personas en el país, de acuerdo con la Ley 8968 de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
Del total se ha logrado resolver un 24% de los procedimientos, estos fueron resueltos a favor de los denunciantes.
El primer año se presentaron 11 procedimientos y ya entre enero y noviembre del 2017 se acumulaban 105 casos, de los que 18 se resolvieron a favor de los denunciantes y 42 estaban en trámite.
Entre las denuncias resueltas se encuentran las del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), en los que el público podía tener acceso a la información de seguros y de infracciones de otras personas.
"En otros casos hay que ser más reiterativo y ahí es donde vienen las sanciones", dijo Wendy Rivera, directora de Prodhab.
A Cosevi, por ejemplo, la Agencia tuvo que solicitarle dos veces la modificación de la forma en que se venían realizando las consultas.
Según Prodhab actualmente hay 47 procedimientos en trámite.
Rivera insistió que las personas, las instituciones y las empresas deben ser más conscientes sobre el debido uso de los datos personales.
"Es un cambio cultural", dijo Rivera. "Ha sido lento. Estamos trabajando en la parte de educación porque hay mucho desconocimiento".
Entre las situaciones que se han presentado, de uso no autorizado de datos, se encuentran entidades o empresas de cobro a morosos en créditos que llaman a familiares e incluso a los lugares de trabajo de los deudores y dan información sin autorización.
Otra situación que se ha dado es que una entidad incluye información adicional, la cual no es pertinente al objeto o área de su actuación.
También se dan casos de entidades financieras que mantienen información sobre calificación de un usuario como deudor más allá del periodo establecido por la ley, olvidando "el derecho al olvido".
