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Las instituciones públicas no aprovechan la opción de realizar concursos para recibir y escoger las mejores ofertas de telecomunicaciones en costos, calidad e innovación que les podrían brindar los 122 proveedores que hay en Costa Rica.
En su lugar, continúan con convenios (sin plazo) de antes de la apertura del mercado o siguen firmando acuerdos con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su subsidiria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) sin valorar otras ofertas.
Cuando requieren algún servicio nuevo, recurren a la contratación directa con esos mismos operados alegando que cumplen directrices de gobiernos anteriores, que la Ley de Contratación Administrativa (LCA) les permite contratar servicios directamente entre entes públicos o que los acuerdos son entre entidades “sin ánimos de lucro”.
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Al proceder así, incumplen directrices de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda, que responsabilizan al jerarca de cada entidad de omitir los concursos sin justificación y que advierten que los contratos deben tener plazo, entre varios requerimientos.
Incluso se estaría incumpliendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés) sobre la “no discriminación” de proveedores.
“La Contraloría ha sido clara en señalar que, en caso de acudir a la vía de la contratación directa, es necesario verificar la idoneidad del sujeto que se contrata”, afirmó Elías Soley Gutiérrez, socio del bufete Soley, Saborío & Asociados. “Ninguna de esas razones justifican adecuadamente la desaplicación de los procedimientos concursales”.
Las entidades insisten en que no se requieren concursos. “Solo se contrata con el ICE los servicios por ser parte de su actividad ordinaria y no requerir de un proceso licitatorio”, afirmó Magdalena Rojas, subgerente general de operaciones del Banco Popular.
Rojas agregó que como el ICE es un ente público igual que el Banco y que incluye los servicios de telecomunicaciones como uno de sus objetivos, “esa actividad está excluida” de los procedimientos de concurso.
No es un mercado pequeño. Según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) la telefonía fija e IP (residencial y corporativo) generó ¢57.089 millones en 2014 y el de líneas dedicadas alcanzó ¢40.588 millones.
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Práctica común
Como muchas entidades, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) utiliza servicios de telecomunicaciones requeridos para su funcionamiento diario y los obtiene mediante contratación directa con el ICE y Racsa.
“No se ha hecho ninguna licitación. La LCA contempla una excepción y se puede contratar en forma directa”, afirmó Fernando Brenes, jefe de servicios generales del IMAS.
Aquí uno de los servicios contratados es el de líneas dedicadas del tipo VPN (redes privadas virtuales), detalló Luis Adolfo González, encargado de tecnologías de información. ¿Y la calidad? “Ha sido aceptable”, respondió.
El Ministerio de Trabajo tiene dos contratos directos con el ICE para Internet que suman $5.149 mensuales (¢2,7 millones), un plan de datos y tres de telefonía móvil que suman ¢139.900 por mes. Tiene dos enlaces (uno redundante en edificio principal y otro para el anexo) de Racsa de 30 Mbps cada uno sobre los que no se especificó el monto del pago.
Según este ministerio, “se infiere que si el servicio es pagado mensualmente obedecería a una satisfacción de las condiciones definidas contractualmente”.
Tampoco ahí se realizaron licitaciones. Igual en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), donde Rodolfo Bonilla y Nautilio Guevara, funcionarios de proveeduría institucional y servicios generales, respectivamente, explicaron que en “gobiernos anteriores” hubo directrices “sobre la contratación y fortalecimiento de las entidades públicas estatales y autónomas”.
Agregaron que incluso Hacienda estableció una metodología de pago que se realiza por medio de una reserva de presupuesto, no por solicitud de pedido.
Según Soley, el presupuesto del 2015 contemplaba $71 millones para servicios de telecomunicaciones.
Los datos de la Contraloría muestran que entre 2013 y hasta la fecha se realizaron 308 compras públicas de bienes y servicios de telecomunicaciones (incluyendo equipos y sistemas para redes internas) en distintas instituciones por ¢7.112 millones. La mayoría fueron vía “procedimiento por principios de contratación administrativa” y contratos directos.
Cuando se trató solo de servicios de telecomunicaciones, en ese mismo periodo, el 99% fueron contratos directos otorgados al ICE y Racsa por un total de ¢944 millones.
El único servicio otorgado mediante concurso lo obtuvo Telefónica (¢11 millones) y fue para la Sutel, que requería una línea de Internet alterna.
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Fiscalización posterior
El Ministerio de Hacienda no respondió si verifican el cumplimiento de su directriz. La Contraloría dijo que el monitoreo es responsabilidad de cada jerarca y que solo hace una fiscalización posterior.
El problema iría más allá del incumplimiento de las directrices de estas dos entidades.
Juan Manuel Campos, director general de medios y telecomunicaciones del bufete Fayca-Ciber Regulación, insistió en que –al recurrir a contrataciones directas– se incumple el anexo III del Cafta que se refiere a la no discriminación y la libre elección de los proveedores.
En esencia lo que está en juego es la calidad y los costos de los servicios de telecomunicaciones que obtienen las instituciones. “El Estado debe garantizar que la adquisición de sus servicios se sometan a procedimientos de oferta y demanda para adquirir aquellos de menor precio y que satisfagan la necesidad de la Administración”, dijo Campos.
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Con él coinciden Norman Chaves, gerente de asuntos corporativos de Tigo; José Pablo Rivera, gerente de regulación de Telefónica; Víctor García, gerente regulatorio de Claro; y Fabio Masís, director ejecutivo de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología.
Ellos insisten en el cambio que se ha producido en el mercado, desde la apertura en el 2008, para que las entidades consideren las diferentes opciones existentes. Ningún vocero del ICE se refirió al tema.
Chaves, de Tigo, argumentó que las justificaciones de las instituciones pudieron ser razonables cuando se estaba bajo el monopolio, pese a que el valor agregado era reducido. “Hoy, con un mercado maduro que funciona en competencia, estas justificaciones no son válidas”, añadió.
Lo que contratan las instituciones y su explicación de recurrir a contratos directos:
| BCR | Banco Popular | IMAS | Micitt | MEIC | Ministerio Trabajo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios | Enlaces punto a punto, Internet y fibra óptica para edificios ubicados en San José. | Servicios de voz (líneas fijas y celulares) y datos. | Telefonía fija y móvil, datacard, líneas dedicadas y otros. | Telefonía fija y móvil e Internet. | Telefonía “total”, Internet ADSL, enlaces datos, televisión y otros. | Telefonía (fija y móvil), Internet y enlaces de datos. |
| Procedimiento | Convenio con ICE, contrato con Racsa y licitación otorgada a Telecable. | Contratos directos con el ICE. | Contratos directos con el ICE y Racsa. | Contratos directos con el ICE. | Contratos con ICE y Racsa. Licitación para televisión con Tigo. | Contratos directos con ICE y Racsa. |
| Justificación | Simplifica proceso, precios en rango y basados en Ley de Contratación Administrativa. | Por Ley de Contratación Administrativa (artículo 2). | Ley permite contratos directos de este tipo de servicios. | Se contrataron antes de la apertura del mercado. | Se contrataron antes de la apertura del mercado. | Por Ley de Contratación Administrativa (artículo 130). |
Orden en compras
La Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda coinciden en sus directrices para la contratación de servicios de telecomunicaciones en el Estado:
Concurso: Con la Ley General de Telecomunicaciones se puede optar por un concurso ordinario.
Responsabilidad: Cada jerarca asume la responsabilidad de prescindir de los procedimientos ordinarios.
Estudios: En tal caso, debe acreditar los estudios legales y técnicos.
Opción: No hay obligación legal de contratar a una entidad pública. Debe analizarse idoneidad para satisfacer la necesidad y la razonabilidad de sus precios.
Plazos: Los contratos deben tener plazos definidos.
Actualización: Se debe monitorear el mercado para verificar si los servicios son los más convenientes.
Fuente CGR y Ministerio de Hacienda.
