EscucharEl cartel para que operadores privados de telecomunicaciones ofrezcan servicios inalámbricos de quinta generación (5G) sigue pendiente de publicación.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), a cargo del diseño y realización de la licitación de las frecuencias aún no lo publica. La meta de la entidad era elegir a las compañías adjudicatarias en este mes, tras el análisis de las ofertas, para enviar la recomendación al Poder Ejecutivo.
El borrador del cartel recibió diferentes tipos de observaciones de parte de operadores y otros entes interesados en julio pasado.
Un estudio de mercado (de este año) y una propuesta de incentivos para estandarizar las normas de despliegue de infraestructura (noviembre de 2023) apuntan a un desafío mucho mayor: los trámites municipales.
“Con los reglamentos municipales no se logran principios simétricos”, afirma Edwin Estrada, abogado consultor en telecomunicaciones.
Eso debería resolverse con la Ley para Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica (N° 10.216), aprobada en 2022. El problema es que el reglamento de esta ley aún no ve la luz.
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Tampoco otros reglamentos complementarios a cargo de los ministerios de Obras Públicas y Hacienda que permitirían incluir ductos para redes de telecomunicaciones en los proyectos de obras públicas y para permisos en bienes e inmuebles del Estado.
¿Qué hacer mientras salen los reglamentos (si es que salen algún día)?
Sutel considera necesario contar con un esquema de incentivos que promuevan la adopción de la normativa existente, reglamentos estandarizados e indicadores comparativos.
Hará falta más. “Una vez aprobado el reglamento de la Ley 10.216 hace falta definir una política pública y trabajar con las municipalidades porque muchas desconocen esa ley”, advirtió Estrada.
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La heterogeneidad de reglamentos municipales no ha impedido que el caos en el despliegue de las redes de telecomunicaciones actualmente y se convierte en una barrera para el caso de 5G. (Rafael Pacheco Granados)
En junio anterior, la organización 5G Américas informó que las conexiones de 5G alcanzan 1.200 millones en el mundo y que llegarían a 1.900 millones al término de 2023 y a 6.800 millones en el 2027.
A nivel global se contabilizaban 267 redes 5G comerciales, de las cuales 14 están en América del Norte y 28 en América Latina y el Caribe.
5G Américas también recalcó que para mejorar las condiciones de cobertura de servicios 5G es importante que las autoridades desplieguen políticas que estimulen la compartición voluntaria de infraestructura.
Diagnóstico del caos costarricense
Los estudios recalcan varias situaciones que enfrenta el despliegue de redes de telecomunicaciones y que afectaría a las de 5G de operadores privados.
1. Alta concentración de radiobases en pocos cantones
El 51% de los sitios de radiobases para telefonía móvil se concentra en 17 cantones: San José, Alajuela, San Carlos, Pérez Zeledón, Puntarenas, Pococí, Cartago, Santa Cruz, Heredia, Desamparados, Escazú, Limón, Nicoya, Sarapiquí, Turrubares, Santa Ana y Liberia.
2. Alta heterogeneidad en despliegue de fibra óptica
La fibra óptica es fundamental para la conexión de los equipos de emisión de señal de 5G.
El estudio encuentra que hay una alta heterogeneidad en la disposición de la fibra óptica y que apenas ocho cantones superan los 1.000 kilómetros de fibra óptica por cada 100.000 habitantes.
En un cantón (Cartago) se tenían más de 3.600 kilómetros de fibra óptica. El segundo lugar (San José) apenas supera los 2.100 km y el tercero (Alajuela) los 1.100 km.
En otros cinco cantones (Desamparados, Escazú, Santa Cruz, Santa Ana y El Guarco) apenas se superan los 600 km. El resto de cantones están por debajo de este nivel.
3. Municipalidades “pellizcadas”
Los cantones que suelen atraer más inversión en infraestructura de telecomunicaciones tienden a establecer más reglas o requisitos locales para la instalación de radiobases y el despliegue de redes de fibra óptica.
En el polo opuesto estarían algunos cantones con menor instalación o inversión en infraestructura de telecomunicaciones, probablemente con el deseo de llevar más inversión en radiobases y fibra óptica.
4. Cargas innecesarias y demoras
Los principales problemas que se presentan a nivel municipal, respecto a los trámites para instalar infraestructura de telecomunicaciones, son:
—Carga innecesaria de requerimientos sobre información a la que la municipalidad ya tiene acceso.
—Demoras en tiempos de respuesta sin causa justificada.
—Discrecionalidad y falta de transparencia de los procesos, donde la decisión de otorgar el permiso no se sujeta a criterios técnicos.
—Los reglamentos tienen vacíos o dan espacio a interpretaciones subjetivas de los funcionarios, quienes suelen pedir documentos o trámites adicionales a los establecidos en la regulación.
—Para obtener obtener la documentación exigida (usos de suelo, energía y agua, planos de catastro y otros que pida el funcionario municipal) se debe recurrir a diferentes instancias. No hay una ventanilla única (menos digital).
—Falta de coordinación interna en las municipalidades.
—Desconocimiento de los funcionarios municipales de las diferencias entre permisos para la construcción de una torre de telecomunicaciones y permisos para construcción de postes para despliegue de fibra óptica.
—Rechazo de algunos municipios de la instalación de postes o de la instalación de infraestructura.
—Reglas preferenciales al operador incumbente (el Instituto Costarricense de Electricidad), basándose aún en la Ley N° 3226 de 1963 que otorgó a esa entidad los servicios de telecomunicaciones y desconociendo las leyes aprobadas en 2018 para la apertura del mercado. El Instituto toma ventaja: ya anunció la comercialización de sus servicios 5G para el 2024.
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—El mecanismo de apelación a las resoluciones municipales en el trámite de permisos de infraestructura es inútil, ya que los recursos se presentan ante la misma municipalidad.
—Demoras: hay municipios que resuelven en menos de dos meses (Santa Cruz, Siquirres, Pérez Zeledón y Santa Ana) y otros en más de cuatro meses (Alajuela, Cartago, Limón, Orotina, Pococí, San Ramón, San José y Santa Ana).
5. Normativa nacional
Existe normativa a nivel nacional en este campo, como lo es la Ley N° 10.216, cuyo propósito es ordenar y armonizar las normas de infraestructura de telecomunicaciones. También pretente que las entidades públicas que intervienen en los trámites y requisitos trabajen de manera coordinada.
Además, que el rector del sector (el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones) paute los criterios técnicos y las disposiciones relacionadas con el despliegue de infraestructura.
Existe, además, un amplio conjunto de leyes, reglamentos y resoluciones (de la Sala Constitucional, de la Procuraduría General de la República y del Tribunal Contencioso Administrativo) relacionadas con la problemática y que establecen tres principios fundamentales:
—Que la infraestructura de telecomunicaciones tiene relevancia que excede la esfera cantonal.
—Que la regulación del sector es una competencia nacional (no cantonal).
—Que las “normas locales no pueden exceder lo que es de alcance nacional”.
6. Desorden normativo
Aún así, el estudio de mercado de Sutel identificó:
—Hay 33 reglamentos utilizados por las municipalidades. “Una empresa que desea llevar a cabo despliegues en diferentes zonas del país debe conocer y adaptar las disposiciones de hasta 33 reglamentos”, dice el documento.
De esos 33 reglamentos:
—Cuatro reglamentos (generales para licencias municipales en telecomunicaciones y el reglamento de construcción del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) son utilizados por 52 municipalidades y concejos municipales de distritos.
—Hay 29 reglamentos autónomos que son aplicados únicamente por la municipalidad que los elaboró y aprobó.
Aparte de los problemas señalados anteriormente para los trámites municipales de infraestructura de telecomunicaciones, a la existencia de este rompecabezas legal se suma:
—La falta de claridad y transparencia para facilitar la compartición de infraestructura entre operadores.
—Ausencia de normas técnicas y falta de consenso sobre la conveniencia de las redes.
—Falta de una política pública que proteja del vandalismo y robo a las redes de telecomunicaciones.
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